Cubadebate

MADRID.- Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial detuvieron anoche en su chalé de Villanueva de la Cañada, en la periferia de Madrid, a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, Isabelita, cumpliendo la orden dictada por el juez federal argentino Raúl Héctor Acosta. El magistrado la acusa de la desaparición de un joven en la provincia de Mendoza un día antes del derrocamiento de su Gobierno el 24 de marzo de 1976, y de ordenar, a través de tres decretos gubernamentales de 1975, a las Fuerzas Armadas el «exterminio» de los subversivos.
Juan del Olmo, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ante quien fue trasladada, decretó ayer su libertad provisional con comparecencias cada 15 días a petición del fiscal, tras ser reconocida por un forense. Se inicia a partir de ahora un plazo de 40 días en los que el juez Acosta debe fundamentar su pedido de extradición.

El magistrado Raúl Héctor Acosta, de la provincia de Mendoza, mantiene desde hace años una causa abierta por la desaparición, en esa región del oeste de Argentina lindera con Chile, de 19 personas durante el Gobierno de la viuda del general y presidente Juan Domingo Perón. En concreto, ella está acusada de secuestro agravado de uno de ellos, del estudiante Héctor Faggetti Gallego, que tuvo lugar el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe de Estado militar encabezado por el general Videla que derrocó a Isabelita.

Igualmente el juez Acosta acusa a la ex presidenta por su responsabilidad directa en los decretos 2.7770/75, 2.771/75 y 2.772/75 emitidos por su Gobierno, a través de los cuales el llamado Consejo de Seguridad Interna facultó a las Fuerzas Armadas a «ejecutar operaciones militares para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país».

El exterminio

El juez destaca en su auto el hecho de que ya en ese momento, en 1975, estaba vigente la ley antisubversiva 20.840 para hacer frente a los grupos armados, por lo que no se explica la necesidad de tales decretos. Estos supusieron que la ley del gatillo fácil y el imperio de la Triple A -la estructura paramilitar ultraderechista del Gobierno que asesinaba impunemente a todo opositor, utilizando todos los recursos del propio Estado-, se vieran reforzados por la entrada en escena de forma abierta de las propias Fuerzas Armadas. Junto a María Estela Martínez de Perón el juez imputa también a varios de sus ex ministros, Antonio Cafiero, de Economía; Carlos Ruckauf, de Trabajo; Manuel Araux Castex, de Relaciones Exteriores; Tomás Vottero, de Defensa y Carlos Emery, de Bienestar Social, e Italo Lúder, presidente del Senado. En el caso de Cafiero, uno de los barones de la derecha peronista, está acusado, al igual que Isabelita, por el secuestro del estudiante Héctor Faggetti, y consiguió eximirse de la prisión tras pagar una fianza de 155.000 euros. Ruckauf, otro barón, solicitó la misma exención, pero el juez la rechazó dado que es diputado y goza de inmunidad parlamentaria.

En la causa seguida por el juez Acosta, el abogado de la ex presidenta, Atilio Neira, dijo en su defensa que ella no puede ser considerada responsable de esos decretos porque no los firmó personalmente, dado que en ese momento estaba de «excedencia», por estrés, y había delegado sus funciones en el presidente del Senado.

El magistrado ha rechazado de plano esos argumentos, en la medida en que Isabelita en ningún momento delegó sus funciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A pesar de los numerosos crímenes cometidos antes de la dictadura militar que se instauró a partir del 24 de marzo de 1976, éstos quedaron prescritos y sus principales protagonistas, civiles, policías y militares, consiguieron que sus crímenes quedaran impunes.

Tras la caída de la dictadura en 1983 y los posteriores juicios que se realizaron durante la época de Raúl Alfonsín, las asonadas de los militares carapintadas hicieron que su Gobierno cediera ante ellos y dictara las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida condenando sólo a las tres cúpulas militares. La llegada luego de Carlos Menem al poder terminó de tender el manto de impunidad, al indultar a esos nueve altos oficiales. El hecho de que el secuestro de hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio no estuviera cubierto por esas leyes, abrió una grieta, que luego se completaría al ser abolidas las dos normativas, aunque aún siguen vigentes los indultos dictados por Carlos Menem.

Los crímenes de la Triple A, como otros cometidos durante el último Gobierno peronista entre 1973 y 1976, han sido calificados crímenes de lesa humanidad por Norberto Oyarbide, otro juez federal argentino que investiga ese periodo de forma paralela a su colega Rafael Acosta. Esta interpretación jurídica, la única lógica que por otro lado parece pudieran tener los crímenes de activistas sociales, barriales, sindicalistas, periodistas, abogados, políticos y de un sinfín de personas en manos de la paramilitar estructura de Isabelita, permite que esos delitos dejen de estar prescritos.

El juez Juan del Olmo tiene como primera misión preguntar a la ex presidenta argentina si está de acuerdo con la petición de extradición reclamada y, en caso negativo, se iniciaría el trámite previsto por el Convenio de Extradición Simplificada que tienen suscrito España con Argentina. Previsiblemente la acusada presentaría recursos dentro del plazo máximo de 40 días que marca la ley para que se adopte una decisión definitiva.

De soñadora bailarina a mujer autoritaria
 
R.M

María Estela Martínez de Perón tuvo el mérito de ser la primera mujer que ocupó la Presidencia de un país en América Latina. Pero ahí acabaron sus méritos. En ese continente hubo posteriormente otras presidentas, pero en Argentina todavía no. Sin embargo, las mujeres argentinas siguen sintiendo el mismo vacío que antes. No cubrió ninguna de las expectativas que pudieron tener en su momento al menos las féminas de su propio partido, el Justicialista (peronista). Muy lejos estuvo su patético intento de emular a otra esposa de Perón, a Evita, alguien a quien incluso sus adversarios reconocían como una indiscutible líder de masas, la líder de los descamisados. Es raro que alguna mujer en Argentina, de cualquier signo ideológico, reivindique algo del efímero mandato de Isabelita.
De joven, María Estela Martínez, nacida el 4 de febrero de 1931 en la provincia de La Rioja (noroeste de Argentina), como Menem, en un hogar de clase media, soñaba y soñaba con ser bailarina y esos sueños la llevaron a estudiar en el conservatorio de Artes del Teatro Cervantes de Buenos Aires. Fue en 1955, en viaje a Panamá, formando parte de una compañía de teatro, cuando ya utilizaba el seudónimo artístico de Isabel, que conoció al general Juan Domingo Perón. Este acababa de ser derrocado por un violento golpe militar que contó con el apoyo de la Iglesia católica y las fuerzas conservadoras.

El exilio

La relación con Perón, le llevó a Isabelita junto a él a Venezuela y República Dominicana y luego a Madrid, donde se casaron en 1961, convirtiéndose así en su tercera esposa. Durante el exilio dorado de Perón en su finca Puerta de Hierro de Madrid, ella se transformó en la gran promotora de la lucha por su vuelta, participando en las batallas entre las distintas familias internas del peronismo que cada vez se enfrentaban más violentamente, y formó parte de la comitiva que en junio de 1973 volvió con él a Argentina. Meses más tarde ya sería su vicepresidenta. La batalla entre los grupos rivales del peronismo ya era a tiros. Los grupos que tras la muerte de Perón pasarían a firmar sus crímenes como Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A), ya empezaban a actuar en 1973 tanto en atentados entre facciones rivales para hacerse con el control del aparato del Partido Justicialista y el mando de tal sindicato, como matando zurdos, activistas de izquierda del más variado tipo.

El 1 de julio de 1974 María Estela Martínez de Perón anunciaba conmocionaba por radio y televisión la muerte de su esposo.

A partir de ese momento, su ministro de Bienestar Social, el enigmático José López Rega, el Brujo, hombre de la logia P-2 (Como Giulio Andreotti), ejerció una influencia decisiva sobre ella, que pasó a asumir la Presidencia. La ultraderecha peronista se vio fortalecida internamente, la violencia se generalizó aún más. Argentina fue el único país democrático en formar parte de la Operación Cóndor junto con las dictaduras del Cono Sur. La debacle económica de los últimos meses de Perón se profundizó, la convulsión social, la inestabilidad del país y el caos reinante dio excusas a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo su golpe de Estado en 1976. Isabelita fue detenida por los militares en una residencia en Neuquén, en el sur de Argentina y luego en San Vicente, en la periferia de Buenos Aires. Tras ser liberada en 1981, se radicó de nuevo en la finca de Puerta de Hierro, cesando prácticamente toda actividad política y manteniendo una limitada vida social. Se la vio en más de una ocasión en los Rastrillos de Madrid, de beneficencia, junto a personajes como Octavio Aceves, o el infante Leandro de Borbón, o en ambientes de Marbella. Posiblemente en estos 25 años nunca creyó en la posibilidad de que alguna vez tuviera que comparecer ante la Justicia.