Cubadebate

La Jornada

Nueva York, 5 de octubre. El gobierno de George W. Bush por primera vez concedió este jueves que Luis Posada Carriles participó en el atentado contra un avión comercial cubano en 1976 hace exactamente 30 años, pero rehusó calificarlo oficialmente como "terrorista".

Este jueves el gobierno estadunidense se opuso a la liberación de Posada Carriles ante un tribunal en El Paso, Texas, en respuesta a la recomendación de un juez para liberarlo en ausencia de cargos formales en su contra por parte del gobierno. Aunque en su respuesta el Departamento de Justicia calificó a Posada Carriles de "criminal no arrepentido" y "autor intelectual de complots terroristas y ataques en sitios turísticos", evitó declararlo legalmente como "terrorista".

Al parecer, el gobierno de Bush ha decidido continuar manejando el caso como un asunto migratorio. Así, la oficina de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna informó a Posada Carriles que continuará detenido por violaciones migratorias y hasta mayor consideración de su caso, reportaron las agencias Reuters y Afp desde El Paso.

Con ello, el gobierno estadunidense continúa negándose a responder a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de Venezuela hace más de un año, y no ha girado una orden de detención preventiva para dar curso a esta petición legal. Bajo la ley nacional y también por una convención internacional (el Convenio de Montreal sobre Aviación Civil), cuando un país solicita la extradición de un acusado por un delito como el atentado del vuelo 455 de Cubana de Aviación en el cual perecieron 73 civiles, Estados Unidos está obligado a responder y ordenar la detención del acusado para su extradición o enjuiciarlo por el crimen en su territorio.

Al ser detenido en mayo de 2005 por, supuestamente, haber ingresado ilegalmente a este país por la frontera con México, el gobierno de Bush ha intentado evitar reconocer formalmente como "terrorista" a este ex empleado de la CIA, y ha manejado su caso como un asunto exclusivamente migratorio. Hace unos meses un juez de migración ordenó la deportación de Posada Carriles, pero no a Venezuela o Cuba, ya que aceptó la versión de "expertos" aliados del acusado de que sería sujeto a la tortura en esos dos países. Por lo tanto, se realizaron gestiones con varios países, incluidos México y Canadá, para que recibieran al deportado, y hasta la fecha, todos han rehusado extender una bienvenida.

El gobierno estadunidense argumentó hoy -explicaron a La Jornada abogados e investigadores cercanos al caso- que no se ha agotado el recurso para encontrar un tercer país adonde deportar a Posada Carriles, y por lo tanto debería permanecer en detención. A la vez, solicitó que si el juez determina no aceptar este argumento, debiera permitir al gobierno estadunidense la oportunidad para argumentar que Posada Carriles pudiera representar un "peligro a la comunidad" y/o cuya liberación podría dañar las relaciones internacionales de Estados Unidos.

José Pertierra, abogado del gobierno de Venezuela en el caso de la extradición de Posada Carriles, consideró hoy que "el gobierno debe darle recurso a la detención preventiva con base en la solicitud de extradición de Venezuela. La deportación a un tercer país es una decisión política; no es una decisión legal. La ley es muy clara: tienen que extraditarlo o tienen que enjuiciarlo aquí" por el crimen del avión.

Pertierra declaró en entrevista con La Jornada: "estamos muy contentos de que Estados Unidos reconozca por primera vez que Posada Carriles fue parte de la voladura del avión. Pero nos preguntamos, ¿por qué no hacen justicia?"

Más pruebas

Las pruebas son abrumadoras en el caso, y hoy se revelaron aún más. El centro independiente de investigaciones National Security Archive dio a conocer hoy más documentos recientemente desclasificados de agencias de inteligencia y diplomáticas estadunidenses que nutren el ya amplio archivo sobre los actos ilícitos y violentos de Posada Carriles, y que lo implican aún más en el atentado contra el vuelo de Cubana el 6 de octubre de 1976; hace justo 30 años.

Entre los documentos recién revelados hoy están las declaraciones legales a las autoridades de Trinidad y Tobago por los dos venezolanos arrestados por poner la bomba en el vuelo 455, en los cuales se indica que la primera llamada telefónica de ellos después del atentado fue a las oficinas de la empresa de Posada Carriles (ICI). Además, hay nuevos informes de inteligencia de la FBI ahora desclasificados que fueron enviados al entonces secretario de Estado Henry Kissinger poco después del atentado contra el avión, sugiriendo que Posada Carriles había participado en reuniones para armar el complot, y otros vinculando a Posada y Orlando Bosch con la conspiración.

El Archive también reveló una lista anotada de cuatro volúmenes de documentos aún secretos que detallan las actividades de Posada Carriles, desde su carrera con la CIA hasta sus actos violentos (los nuevos documentos revelados hoy y otros en esta extensa colección se pueden revisar enwww.gwu.edu/~nsarchiv/).

De hecho, la organización reiteró hoy su demanda de que el gobierno presente al público todos los documentos en su poder. "Ahora es el momento para que el gobierno se muestre transparente sobre el pasado encubierto de Posada y su participación en el terrorismo internacional. Sus víctimas, el público y los tribunales tienen el derecho de conocer todo esto", declaró hoy Peter Kornbluh, uno de los directores de proyectos del National Security Archive.

Konrbluh indicó a La Jornada que la maniobra legal del gobierno en este caso hoy ante el tribunal en Texas "hace burla a la llamada guerra contra el terrorismo".

Por ahora, un juez tendrá que determinar si da curso a no a los argumentos legales del gobierno de Bush en el caso. Tal vez podrá revelar la peculiar lógica del argumento del gobierno sobre cuando un "terrorista" no es un "terrorista", sino todo lo contrario (¿o sólo otro migrante indocumentado?).