Cubadebate

Miami.- No hay lugar a dudas. El sádico asesinato del dirigente independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos, por agentes del FBI  en Puerto Rico, el pasado 23 de septiembre, fue un hecho premeditado y realizado con alevosía, sin consideración alguna a las leyes, ni a los derechos de la víctima. Con malévola intención se consumó en el día del 137 Aniversario de la conmemoración del Grito de Lares, grito de la independencia puertorriqueña.

Alrededor de 300 agentes del FBI, entre ellos cerca de 20 francotiradores, cercaron los terrenos adyacentes antes de allanar la casa donde se encontraban Ojeda y su esposa. Según declaraciones de su viuda, Elena Beatriz Rosado, los agentes del FBI nunca contemplaron negociar su entrega, propuesta por Ojeda, durante el asalto. Aunque el FBI mantiene que Ojeda fue el primero en disparar, su viuda mantiene que fueron los agentes del FBI quienes comenzaron el ataque con una mortífera descarga contra la fachada de la casa. 

El médico, Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, designado por el gobierno de Puerto Rico para observar la autopsia, declaró a la prensa que el cadáver del dirigente revolucionario boricua presentaba "un impacto de alto calibre debajo de la clavícula derecha y salida por la espalda media la cual le perforó un lóbulo superior del pulmón, no teniendo ningún otro trauma en el cuerpo", y en opinión suya y de los patólogos murió desangrado.  Y murió así al impedir los agentes del FBI responsables del asalto que le fuera suministrado al herido ninguna asistencia médica.

 El asesinato de Ojeda, quien era el principal dirigente del clandestino Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros), ha levantado una ola de indignación y protesta nacional en Puerto Rico, a la que se han sumado, entre muchas, las voces del gobernador insular, Aníbal Acevedo Vilá, el Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves y Thomas Rivera Schatz, secretario general del anexionista Partido Nuevo Progresista.  Este último declaró a la prensa que "ningún agente federal tiene licencia para matar.  No pueden imponer la pena de muerte aduciendo que alguien resistió un arresto".

Ojeda tenía una orden de arresto en su contra emitida por un tribunal federal en Connecticut donde se le condenó en ausencia a 55 años de prisión por su presunta participación en un robo en ese estado, en 1983, de más de siete millones de dólares a un camión de la Wells Fargo.  En libertad bajo fianza, el 23 de septiembre de 1990, la misma fecha de su asesinato, 15 años antes, Ojeda pudo despojarse del dispositivo electrónico que tenía en una de sus piernas y desde entonces se mantuvo en la clandestinidad.

En una declaración al respecto de la Comisión por la Verdad y la Justicia, organización independentista boricua cuya tarea es el esclarecimiento de los asesinatos políticos cometidos en esa isla contra figuras del independentismo, mantiene "A lo largo de nuestra historia, el FBI ha sido un instrumento de represión político-policiaca contra el movimiento independentista puertorriqueño".
Es así como obra el organismo principal responsabilizado por hacer cumplir las leyes y salvaguardar los derechos fundamentales del ciudadano.

Mientras que en El Paso, Tejas, el lunes pasado, la farsa del gobierno federal en el caso del pérfido terrorista, Luis Posada Carriles, tuvo un giro burlesco propio de ese espectáculo, al rehusar la fiscalía presentar prueba o argumento alguno rebatiendo los argumentos de la defensa que su cliente podría ser sometido a torturas si fuese deportado a Venezuela.  Aunque ésta si dejó saber que el gobierno de Estados Unidos no tiene confianza en el sistema judicial venezolano… Los abogados representando a Posada habían retirado en agosto su original petición de asilo al no tener éste derecho al mismo por su notorio historial terrorista.  En vez, la defensa presentó amparo para Posada bajo su interpretación de la Convención Contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es signatario, argumentando que si ese terrorista fuera extraditado a Venezuela podría ser sometido a torturas.

El juez administrativo presidiendo esas vistas, William Abbott, quien el lunes pasado, anteayer, dijo que tomaría dos semanas en entregar su fallo, "sorpresivamente" --en otra payasada típica de esta farsa--, rindió su informe de siete páginas, ayer, menos de 24 horas después. Abbot decidió que Posada no puede ser deportado a Venezuela porque podría ser torturado. Dice la decisión, "El procesado ha podido establecer que muy probablemente sería sometido a tortura si es enviado a Venezuela (…) El más odiado terrorista o genocida calificaría para una postergación de deportación si es capaz de mostrar pruebas suficientes acerca de la probabilidad de tortura en el futuro".

Ahora el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security), a través de la fiscal,  tendrá 30 días para apelar esa decisión. La decisión no descarta la posibilidad que durante esos próximos 30 días, u otros 90 días subsiguientes que Posada permanecería detenido en el Centro de Detención de El Paso bajo control de ese departamento, el terrorista podría ser enviado a otro país que decidiera aceptarlo. Como también cabría la posibilidad que logrado el objetivo del gobierno, al menos a través de este proceso migratorio, de impedir la deportación de su terrorista a Venezuela, el gobierno decida mantenerlo detenido en El Paso hasta poderle conceder libertad condicional.  Eso dependerá cómo la Administración Bush evalúe el costo político de permitirle o no a ese criminal la libertad condicional en Estados Unidos.

A su vez la embajada de Venezuela en Washington, en un comunicado, mantuvo que está  claro, ya que es cuestión bien conocida de derecho, que en Estados Unidos los procesos de extradición tienen precedente sobre cuestiones de índole migratoria. Lee el comunicado, "Los llamados jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia los cuales no tienen autoridad para decidir casos de extradición o sobre la culpabilidad o inocencia de criminales internacionales.  Sólo los jueces federales tienen esa autoridad".

El comunicado también llama la atención al insólito proceder del Departamento de Seguridad Interna ya que en el caso de Posada ese departamento contradice su posición tomada en el reciente caso de dos oficiales del ejército venezolano que participaron en el Golpe de Estado en Venezuela en abril del 2002 y otros hechos de violencia posteriores, cuando rechazó el pedido de amparo bajo la Convención Contra la Tortura de esos dos individuos, en su caso de  extradición a Venezuela -como Posada ha hecho- argumentando que serían torturados en Venezuela.  En esa ocasión el Departamento de Seguridad Interna mantuvo que no existe evidencia que indique que Venezuela tortura a sus prisioneros.  Y ese caso tuvo lugar en Miami hace menos de dos semanas…

Como si esto fuera poco, tres tratados, de los que Estados Unidos es signatario, obligan a este país a extraditar a Posada a Venezuela: 1. El Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Venezuela, vigente, y firmado en 1922; 2. La Convención sobre Aeronáutica Civil, firmado en Montreal, en 1971; 3. La Convención Internacional sobre la Supresión de Actos Terroristas, firmada en 1997.

Todo en este caso parece indicar que el presidente Bush, hijo, protegerá al terrorista Posada Carriles, como su padre, el primer presidente Bush, protegió al terrorista Orlando Bosch.  Y según sus cálculos ambos terroristas -engendros suyos--, entonces, gozarán de libertad en el feudo federal terrorista de Miami.

Y es así, como estos dos siniestros hechos demuestran, como el gobierno federal nutre al terrorismo como política de Estado.

*Andrés Gómez es director de Areítodigital.