Cubadebate

La base militar que el Pentágono ocupa hace más de un siglo en la porción oriental de Cuba no sólo viola el derecho soberano que asiste a los cubanos sobre su territorio, sino también es utilizada para evadir las propias leyes de Estados Unidos.

Allí Washington mantiene un campo de concentración donde están recluidos más de 600 detenidos de la guerra de Afganistán, a quienes la administración del presidente George W. Bush niega la condición de prisioneros de guerra, para evadir incluso convenciones internacionales.

Alrededor de 40 nacionalidades están representadas entre quienes cumplen más de dos años recluidos en jaulas, considerados por Washington como "combatientes enemigos" sin derechos a acceso consular, legal o familiar.

Tales prerrogativas están contempladas en las leyes estadounidenses, pero no se aplican pese a reclamos de organizaciones defensoras de los derechos humanos de terceros países e incluso norteamericanas, que han llevado el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Un abogado del gobierno declaró el 20 de abril pasado ante el máximo tribunal que Estados Unidos no tiene soberanía sobre el territorio que ocupa la base en la bahía de Guantánamo, y por tanto las leyes norteamericanas no tienen jurisdicción allí.

"En última instancia, dijo, la soberanía es de Cuba". Tamaña mentira por cuanto Cuba nunca ha podido ejercerla sobre los 72 kilómetros cuadrados que ocupa la instalación militar, donde ondea la bandera de las barras y las estrellas contra la voluntad del pueblo y gobierno de la isla.

La historia republicana de la mayor de las Antillas está marcada por la intervención militar estadounidense en la guerra de independencia que los cubanos libraban contra España.

Aquella injerencia culminó con la ocupación y control de Washington de las colonias españolas de Guam y Las Filipinas, en el Pacífico, y Puerto Rico y Cuba en el Atlántico.

De tal forma, las tropas norteamericanas frustraron la real independencia de Cuba, mientras en el plano político Estados Unidos impuso a la Constitución cubana la denominada Enmienda Platt, que cercenó la soberanía y autodeterminación del nuevo gobierno.

Ese apéndice a la carta magna oficializa las relaciones neocoloniales entre Washington y La Habana, otorga a la potencia norteña el derecho de intervención e impone las condiciones para la presencia militar en Guantánamo.

En 1903 fue firmado el acuerdo de arriendo de la base, uno de cuyos acápites afirma que se mantendría vigente hasta que ambos países acordaran su fin.

Tal imposición indica claramente la dependencia y subordinación de las autoridades cubanas. En la práctica Estados Unidos se anexó el territorio, por el que comenzó pagando dos mil dólares oro anuales, devenido después un cheque por apenas cuatro mil 085 dólares, que hace 45 años Cuba se niega a aceptar.

El 5 de marzo de 1959, poco después de llegar al poder, el gobierno revolucionario cubano reclamó a su vecino el fin de la ocupación, pero tal exigencia soberana ha sido desoída por la poderosa potencia norteña.

Según el contrato de arrendamiento, la base está contemplada "para el uso exclusivo como estación carbonera o naval", aunque Washington lo interpreta según convenga a sus intereses.

Desde allí se lanzaron agresiones armadas contra Cuba, en las que murieron militares cubanos. En el interior de la base fueron asesinados además trabajadores civiles de la isla, crímenes que han quedado impunes.

Como parte de numerosos planes para derrocar a la revolución cubana, la Agencia Central de Inteligencia incluso propuso montar una supuesta agresión contra la base de Guantánamo, que serviría de pretexto para una invasión a la isla.

Otras denuncias registraron el atraque allí de barcos de la Armada con armas atómicas, lo cual hace aumentar los peligros que para Cuba reviste la ocupación militar estadounidense de una porción de su territorio.

Si Estados Unidos no ejerce la soberanía allí, entonces cómo se explica que el Departamento de Defensa instalara allí un campo de concentración donde los prisioneros de Afganistán están enjaulados físicamente, pero su futuro yace en un limbo jurídico.

La base tampoco escapa a las acusaciones de maltratos y torturas similares a los cometidos por militares del Pentágono en Iraq, y todo parece indicar que esas prácticas tienen su origen precisamente en el perímetro bajo control de Estados Unidos en Guantánamo.

Fue el alto mando allí el que reclamó a Washington luz verde para cambiar los métodos de interrogatorios a los prisioneros de la guerra en Afganistán, pues los "métodos convencionales" no estaban dando resultado.

A raíz de ello, y ante preocupaciones legales en la Casa Blanca, un informe preparado por el Pentágono indicó que el presidente Bush no estaba sujeto a las leyes que prohiben la tortura, según informó el diario The Wall Street Journal.

Esa asombrosa conclusión está contenida en un reporte confidencial sobre tácticas de interrogatorios preparado para el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por abogados civiles y militares y la participación de otras agencias del gobierno.

El Journal, que tuvo acceso a esa documentación, afirma que el texto reconoce al presidente de Estados Unidos la autoridad de aprobar cualquier acción física o psicológica durante los interrogatorios, incluso la tortura.

El informe fue aprobado un mes antes de iniciarse la agresión contra Iraq, por lo que desde entonces ya Estados Unidos estaba pensando en aplicar torturas y vejámenes a los prisioneros de la nueva guerra, que siguió a la de Afganistán.

La base de Guantánamo fue entonces el laboratorio donde se probaron los métodos de torturas aplicados luego en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.

Esto se suma a las preocupaciones expuestas por Cuba a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de los más de 600 prisioneros que Estados Unidos mantiene como rehenes en esa porción de tierra cubana.

El autor es Jefe de la Redacción de Norteamérica de Prensa Latina.