Cubadebate

El informe sobre la efectividad de las medidas adoptadas para el control de los precios fue presentado en sesión plenaria a los diputados cubanos en el primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura.

Al presentar el documento, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, dijo que el escenario inflacionario en que se desarrolla la economía cubana en los últimos años no es exclusivo para nuestro país y está determinado por factores objetivos.

Entre estos, destaca el alza de los precios en el mercado mundial como consecuencia de la crisis económica global derivada de la covid-19, que si bien ha sido superada en el ámbito sanitario, aún están latentes sus secuelas combinadas con las afectaciones en el comercio exterior derivadas de los conflictos bélicos internacionales.

Para Cuba –afirmó–, la situación es más compleja por los efectos negativos, cada vez más intencionados, del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

Señaló que “pesan en nuestra economía los elevados déficits fiscales, que en los últimos ejercicios económicos han estado determinados precisamente por la necesidad de respaldar, en un escenario de crisis económica, las demandas crecientes de gastos vinculados a las políticas y programas sociales, incluida la atención médica y la vacunación de toda nuestra población en el combate contra la pandemia”.

Como consecuencia, se ha emitido a la economía un importante nivel de recursos financieros sin el correspondiente aseguramiento de bienes y servicios, lo que repercute directamente en la dinámica inflacionaria.

De acuerdo con el informe, el índice de precios al consumidor al cierre de 2022 registró un crecimiento de 39%.

En el transcurso del primer semestre de 2023 se ha mantenido la tendencia al alza en este indicador, que al cierre de junio mostraba un crecimiento acumulado de 18%, y de 45% en comparación con igual período del año anterior, lo que expresa una dinámica de crecimiento superior que se concentra fundamentalmente en productos alimenticios y servicios de transporte.

Las soluciones sobre el manejo del déficit y, consecuentemente, de la inflación, se encauzan a través del Programa de Estabilización Macroeconómica, que entre otros objetivos esenciales concibe la reducción gradual de estas distorsiones, en correspondencia con la evolución de la economía, explicó.

Añadió que ello demanda de un esfuerzo adicional de todos los sectores económicos y sociales, en función de generar mayores recursos presupuestarios, y de ajustes en los programas de gastos sin comprometer los servicios básicos a la población, lo que hace más retadora la tarea.

“Conscientes de que el incremento y diversificación de las producciones y ofertas nacionales son la variable más efectiva para reducir los niveles de precios, se reconoce que en el contexto actual cobra mayor relevancia la responsabilidad del Estado y el Gobierno en la implementación de medidas de regulación y control de precios, con una proyección integradora para todos los sectores de la economía, estatal y no estatal, soportadas en los análisis de costos reales y gastos incurridos y el reconocimiento de márgenes de utilidad razonables, en correspondencia con las características de los bienes y servicios y la prioridad en la satisfacción de necesidades de la población”, sostuvo.

Regueiro Ale señaló que este es precisamente uno de los encargos estatales del Ministerio de Finanzas y Precios y, en función de ello, y como parte de las directivas generales aprobadas por el Gobierno para enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, fueron emitidas orientaciones específicas para la regulación y control de los precios, a los ministerios, a los Gobiernos provinciales y municipales y a los grupos empresariales, con el objetivo de articular un sistema de trabajo integrado en torno al gobierno de cada territorio, que contiene las siguientes acciones:

1. Regulación de precios por los Gobiernos locales para una determinada nomenclatura de productos de impacto en la población.

2. Concertación de precios de acopio y a la población con los diferentes actores económicos.

3. Vinculación directa de las entidades presupuestadas que prestan servicios básicos (salud, educación, deporte y cultura), de modo que les permita concertar precios y suministros estables.

4. Aprobación por las autoridades locales de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios en los procesos de concertación de precios cuando se alcance una reducción estable de los precios.

5. Control y exigencia a las entidades comercializadoras estatales para ajustar sus márgenes comerciales a los límites establecidos.

6. Incremento de las acciones de comunicación sobre los precios concertados y los resultados de los controles de precios realizados.

El ministro señaló que la evaluación de la aplicación de estas medidas en el período transcurrido desde su aprobación, muestra que los resultados alcanzados son insuficientes y no logran un efecto apreciable por la población en cuanto a presencia de productos y disminución de los precios que favorezcan su capacidad adquisitiva, lo que está determinado por los siguientes elementos:

1. Los sistemas de trabajo aplicados en municipios y provincias son de reciente aplicación, no están consolidados; no logran la sistematicidad requerida en su funcionamiento y la integración de todos los factores que pueden contribuir a su desempeño.

2. En cuanto a la concertación de los precios, las acciones se limitan al trabajo de los comités de contratación de precios agropecuarios, desatendiendo otros productos y servicios igualmente básicos para la población que prestan actores económicos no estatales.

3. Falta objetividad en la concertación de precios agropecuarios y de otros productos, determinado por los siguientes factores:

Insuficiente contratación del acopio de las producciones en cada municipio, que en la generalidad de los casos no abarca el potencial productivo ni integra a todas las formas productivas.

Se acuerdan precios sobre productos agropecuarios que no tienen real presencia en la red de comercialización: mercados y puntos de venta. En las ferias agropecuarias que se organizan en los territorios es donde se aprecia una mejor respuesta sobre los precios concertados.

Las decisiones sobre regulación de precios no siempre responden a un proceso de concertación que implique a productores y comercializadores y reconozca los costos y gastos en los que incurren, sino que constituyen topes de precios que no comprometen la producción y el acopio.

4. El sector presupuestado no ha asimilado su responsabilidad en lograr un vínculo directo con los proveedores, para favorecer la concertación de precios con la correspondiente actualización de los contratos.

La presencia de los representantes de las unidades presupuestadas en los comités de contratación y concertación de precios es limitada.

5. El sistema de enfrentamiento a las violaciones de precios concertados y precios abusivos no es sistemático ni efectivo; persisten las violaciones y no se logra detectar y actuar contra la tendencia a ocultar las mercancías para la venta.

Los planes de inspección y su ejecución no muestran la prioridad al control de precios minoristas, y dentro de ello, a productos alimenticios.

No se ha logrado en todos los territorios la movilización y capacitación de las fuerzas de inspección que se requieren para ejecutar esta tarea.

6. Se identifica que las ventas forzosas de productos agrícolas y mercancías con precios abusivos es la medida de enfrentamiento de mayor aceptación por la población.

7. Escasa divulgación de los precios que se conciertan con los diferentes actores económicos y de las acciones de enfrentamiento a las violaciones de precios y sus resultados.

En la limitada efectividad de las medidas aplicadas ha incidido la falta de coherencia en la asimilación del concepto de precios abusivos o especulativos, lo que demanda del perfeccionamiento por el MFP de las definiciones y regulaciones sobre formación y control de precios, que garanticen su adecuada implementación.

El ministro de Finanzas y Precios dijo que con este objetivo fue emitida recientemente la Resolución 148/2023, Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas.

Esta norma, en vigor desde este 21 de julio, es resultado de un amplio proceso de conciliación en el seno del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Finanzas y Precios, con la participación de profesores universitarios, consultores y expertos de otros ministerios, grupos empresariales, direcciones de Finanzas y Precios de los territorios y miembros de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba.

El informe sostiene que de manera novedosa esta metodología actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios, con criterio inclusivo para todos los actores económicos, incluidos los no estatales, como expresión de contar con un único sistema empresarial que debe operar en igualdad de condiciones, lo que exige similares responsabilidades en la satisfacción de necesidades de la población a precios asequibles.

La implementación de esta metodología debe contribuir a una mayor transparencia en los niveles de costos y gastos a reconocer en la determinación de precios y tarifas, al definir la obligatoriedad de la ficha de costos y gastos de productos y servicios.

En la misma –explicó– se definen los conceptos generales que sustentan la confección de las fichas con criterio de flexibilidad en el modo de presentación, lo que permite que se ajusten a las características y complejidad de las diferentes actividades.

Como elemento fundamental de regulación, se establece para las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, las tasas máximas de utilidad por tipo de actividades, lo que a la vez incide en la formación de precios correlacionados.

Además, se regulan coeficientes máximos de gastos indirectos para las actividades de producción y de servicios, lo que influye en la racionalidad de los precios que se elaboran por método de gastos.

El informe presentado a los diputados insiste en que disponer de estas fichas favorece los procesos de negociación de precios y tarifas, y contribuye a crear mejores condiciones para la concertación de precios racionales entre Gobiernos locales y actores económicos, quienes quedan obligados a mostrar las bases de las determinaciones de sus precios y tarifas.

Asimismo, deben transparentar sus costos y gastos a las autoridades e instituciones de control, por lo que son una herramienta indispensable en la batalla para enfrentar los precios abusivos.

Si bien se reconoce que esta metodología es un avance en el orden normativo para la regulación de precios y tarifas, su alcance se circunscribe básicamente a las actividades productivas y de servicios.

Respecto a las actividades de comercio –en las que se expresa una de las mayores insatisfacciones de la población en relación con los altos y desmedidos precios de productos listos para la venta, con origen esencialmente en operaciones de importación por formas de gestión no estatales, lo que en no pocos casos ha trascendido al comercio minorista estatal–, se reconoce que las facultades otorgadas a los Gobiernos locales para regular precios son necesarias y útiles para adecuar su formación a las características y a la demanda en cada territorio.

Sin embargo –reconoce el documento–, se precisa de una regulación de carácter general que disponga un límite objetivo en la formación de los precios de esos productos, que reconozca los costos y gastos asociados a la actividad y un margen de ganancia razonable, que garantice el necesario equilibrio entre la sostenibilidad de la actividad y la capacidad adquisitiva de la población en las actuales condiciones económicas y sociales.

Regueiro Ale dijo que corresponde al Ministerio de Finanzas y Precios la elaboración de esta propuesta normativa, para lo que se entiende necesario promover de inmediato el intercambio directo con los actores económicos que participan en las cadenas principales de comercialización, desde el importador hasta el consumo final, con el objetivo de contrastar los estudios sobre costos y gastos reales.

Regueiro Ale informó que las acciones en función de la regulación y control de precios deben centrarse en lo inmediato en los siguientes puntos:

1. Fortalecer a nivel de Gobiernos locales el sistema de trabajo para el seguimiento y control de los precios, para todos los sectores de la economía, estatal y no estatal.

2. Consolidar el mecanismo de concertación de precios de productos de impacto en la población. Con base en el estudio integral del proceso de producción-comercialización.

3. Desplegar un amplio proceso de capacitación y preparación de las instituciones y actores económicos que asegure la implementación de la metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas, en correspondencia con el cronograma aprobado.

4. Elaborar, aprobar e implementar la regulación general sobre índices máximos para la formación de precios en la actividad comercial que desarrollan las formas de gestión no estatal con base en la importación.

5. Incrementar las acciones de monitoreo y control sobre los precios, a partir del fortalecimiento de los equipos institucionales de inspección y verificación, y del control popular, con mayor implicación de los estudiantes y la población en general.

6. Intensificar por el Ministerio de Finanzas y Precios y su sistema el programa de verificación del ejercicio de las facultades de aprobación de precios, descentralizadas a organismos, órganos y entidades empresariales.

7. Perfeccionar el sistema de información sobre las decisiones de precios concertados y sobre los resultados de las acciones de control y enfrentamiento a las violaciones de precios.

“Se está consciente de la insatisfacción de la población con los resultados obtenidos, y de nuestra responsabilidad y compromiso con nuestro pueblo, para alcanzar en el complejo escenario económico que vivimos resultados palpables, construidos con la participación activa de todos los actores económicos, estatales y no estatales, que contribuyan a mejorar la capacidad adquisitiva de la familia cubana”, señaló el ministro.

Reconoció que superar el crecimiento sostenido de los precios exige soluciones en el orden productivo, la generación de mayores capacidades para incrementar las ofertas de bienes y servicios, “a lo que estamos seguros que pueden contribuir estas medidas de regulación y control de precios, sin constituir por sí mismas la solución absoluta al problema.

“Estamos convencidos, como expresara el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez de que 'sí podemos acabar con el abuso, con la especulación, con el aprovechamiento de la situación por parte de un grupo de personas que actúan sin conciencia, sin compromiso hacia la población, desdeñando el esfuerzo que se hace'”.