Cubadebate

Donald Trump será el primer expresidente estadunidense en ser acusado por cargos criminales. Foto: Archivo.

Un gran jurado en Nueva York aprobó la formulación de cargos criminales contra Donald Trump, quien ahora será el primer expresidente estadunidense en ser acusado por cargos criminales.

Se espera que giren una orden de arresto mientras los fiscales ya están negociando con los abogados del exmandatario sobre la “coreografía” de cómo se rendirá ante la fiscalía distrital de Manhattan para ser presentado. Aunque aún no se conocen los detalles de la acusación, se espera que incluyan el pago presuntamente ilícito –por ser falsamente reportado como gastos de negocio y posiblemente de campaña– de 130 000 dólares para comprar el silencio de Stormy Daniels, una estrella de la pornografía, poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. El pago fue para suprimir la versión de Daniels de que tuvo una breve aventura sexual con Trump en 2006.

El magnate había invitado a sus seguidores a protestar por lo que él decía era su inminente arresto, hace dos semanas, y advirtió desde entonces que es víctima de la “persecución” de un fiscal distrital financiado por Soros, promovida por “la izquierda radical” haciendo el trabajo de “anarquistas y el Diablo”, y que detonaría “muerte y destrucción” –lo cual se interpretó como amenaza de violencia política de sus filas–. Ayer reaccionó en su red social declarando que estos eventos “son nucleares” e instó a la gente a “hincarse y orar”.

En una declaración poco después, Trump, juntando frases que ha repetido sin cesar ante todas las investigaciones y acusaciones, declaró que “esto es persecución política e interferencia electoral al nivel más alto de la historia”, y acusó que la “izquierda radical demócrata –el enemigo de los hombres y mujeres trabajadores del país– ha promovido una cacería de brujas para destruir el movimiento de Hacer América Grande Otra Vez”.

La calle frente a las oficinas del fiscal distrital de Manhattan, en la esquina de los tribunales criminales, ha estado ocupada por decenas de periodistas, una extensa presencia policíaca y manifestantes pro y antitrumpistas, ante el inminente anuncio de cargos.

No obstante, es justo este espectáculo el que Trump ha buscado utilizar en beneficio de su campaña –tanto para movilizar apoyo de sus bases como de recaudar fondos– como para su ataque contra sus contrincantes y nutrir a los promotores de conspiraciones políticas.

Trump es experto en responder a críticos, investigadores y contrincantes políticos –incluso fiscales y jueces– mediante contrataques acusando que son “izquierdistas radicales” que “odian” a Estados Unidos.

El republicano ha seguido insistiendo en que los participantes en el intento de golpe de Estado, que él instigo después de la elección presidencial que perdió, son “patriotas” y que él es “la voz” de un movimiento para rescatar y restaurar el país, y por ello es perseguido en la “cacería de brujas política más grande de la historia”.

Su hijo, Don Jr, nutrió esta narrativa, añadiendo un poco de salsa de guerra fría: ayer comenzó su podcast declarando que la acusación formal contra su padre es “mierda nivel comunista. Esto es algo que haría sonrojar a Mao, Stalin y Pol Pot”.

Trump –quien ha sido sujeto a dos procesos de impeachment (destitución) y que está bajo múltiples investigaciones criminales– sigue siendo por mucho el político republicano más importante y goza de una amplia ventaja en las encuestas entre posibles contendientes de ese partido para la presidencia.

La mala fama es buena

Por lo tanto, no pocos observadores y analistas señalan que la acusación actual, como las otras, son potencialmente positivas para su futuro político. Vale señalar que el caso en Nueva York, aun si es eventualmente condenado por los delitos, técnicamente no tendría consecuencias legales para su candidatura, ya que la Constitución no prohíbe ni descalifica a quienes tienen un historial criminal como aspirantes a la presidencia.

Según los protocolos, un acusado debe ser arrestado y en este caso los fiscales negociarán con los abogados del presidente para determinar cómo se procederá. Es obligatorio que el acusado sea procesado por las autoridades, lo cual incluye la toma de huellas digitales y las famosas fotos que se toman de frente y perfil de un arrestado.

El siguiente paso es presentarse ante un juez en un acto en el cual se da lectura de los cargos, se pregunta si el acusado se declara culpable o no culpable, establecen las condiciones para el arrestado mientras espera su juicio y un calendario para el proceso.

Aunque en casos como éste, donde se supone (al menos de que Trump desee ofrecer imágenes dramáticas) que el acusado se “entregará” voluntariamente a las autoridades y no esperará a ser arrestado. No se sabe aún si será esposado.

El magnate podría decidir no entregarse voluntariamente y permanecer en Florida, desafiando a las autoridades de Nueva York, quienes tendrían que solicitar su extradición (no es un caso federal, sino estatal). Y ayer el gobernador republicano –y posible candidato rival del acusado– declaró que “Florida no asistirá a una solicitud de extradición”, al considerar que el caso es políticamente motivado.

Una vez arrestado y procesado, la espera para un juicio puede extenderse por meses y hasta más de un año. Mientras tanto, aunque este caso es mucho más salaz, las otras investigaciones judiciales que proceden contra Trump son más graves. En Georgia, una fiscal distrital está por decidir si presentar cargos criminal formales a partir de su investigación sobre interferencia electoral incluyendo presuntos intentos de Trump de robarse votos electorales en ese estado en los comicios de 2020.

En Washington, proceden dos investigaciones federales encabezadas por el fiscal Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia. Una es por el papel del entonces mandatario en torno al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021; el segundo es sobre el manejo de documentos oficiales secretos del ex jefe de Estado en su mansión privada en Mar-a-Lago, Florida.

Por ahora, todo indica que la contienda presidencial incluirá a un candidato que ha cuestionado la lealtad y patriotismo de todos los que se atreven a criticar u oponerse a él –incluyendo periodistas– que buscará retornar a la Casa Blanca mientras enfrenta potencialmente múltiples cargos criminales en torno a actrices porno, el manejo de secretos de Estado, intentos para descarrilar el proceso electoral y hasta un golpe de Estado.

 “El juez me odia”, dice Trump

Foto: El destape

Donald Trump ha criticado este viernes al juez encargado de su caso asegurando que le odia. A través de su red social Truth Social, Trump ha publicado un post insistiendo en que es víctima de una “caza de brujas”, que se ha vuelto a manifestar en la elección del juez Juan Manuel Marchan, que será quien primero vea su caso y le lea los cargos en su próxima comparecencia, previsiblemente el próximo martes.

Trump asegura que el magistrado ha sido elegido por el fiscal general de Nueva York, Alvin Bragg, y sus fiscales. Además, reitera que se trata de la misma persona que condenó a su anterior director financiero Allen Weisselberg.

Marchan fue el encargado de juzgar un caso contra dos entidades de la compañía de Trump, la Trump Organization. El pasado enero, la empresa del magnate fue condenada por fraude, después de que el propio Weisselberg se declarara culpable de ese delito y alcanzara un pacto con la Fiscalía. “Marchan intimidó a Allen, algo que un juez no puede hacer”, insiste Trump.

Las acusaciones del exmandatario estadounidense contra el fiscal Bragg han sido constantes, calificándolo de “racista”, de ser un instrumento del financiero Georges Soros y de odiar a Estados Unidos.

Congresistas republicanos interfieren en el caso

La Fiscalía de Nueva York acusa a los presidentes republicanos de los principales comités de la Cámara de los Representantes del Congreso de Estados Unidos de interferir en el proceso judicial abierto contra Trump tras constatar “exigencias” para obtener información confidencial sobre el estatus de la investigación.

Tras recordar a los congresistas de la prohibición de difundir dichas investigaciones para “proteger la integridad y la independencia de estos procedimientos”, los abogados del Estado acusan a los republicanos de usar esta negativa para formular acusaciones de que la Fiscalía está actuando por motivos políticos al rechazar dichas peticiones.

(Con información de La Jornada y Público)