Cubadebate

Dagoberto Rodríguez, director de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de Agricultura, comenzó su intervención en la Mesa Redonda, explicando la situación de los suelos en Cuba, y cómo desde el Gobierno cubano se han trazado políticas para la conservación, mejoramiento y manejo del recurso, entre los principales desafíos medioambientales que tiene el país.

“El suelo constituye uno de los recursos naturales más importantes para la producción agropecuaria, pero no siempre se ha cuidado. Si ubicamos a Cuba en el contexto internacional, con respecto a la degradación, se considera un área de alta preocupación. La naturaleza no nos dio suelos de calidad. Y ahí estamos en desventaja”, aseguró.

El especialista recordó que, desde los primeros años de la Revolución, se fijaron artículos en la Ley de Reforma Agraria, que protegían los suelos.

En la actualidad, el 71 % de la superficie del país está afectada por la erosión, y el 41 % de esta se considera “un daño muy fuerte, e impacta directamente en la capacidad productiva de los suelos”.

Mencionó como otros factores que afectan los suelos: la salinidad, la compactación, que no se precia a simple vista, y la acidez.

“Es un asunto de alta preocupación, para la cual se mantiene un monitoreo constante. Resulta necesario aclarar que estos factores existen, pero ocurren de manera natural”.

Precisó que los suelos cubanos, por su constitución genética, se degradan por naturaleza, pero también ha incidido la acción del hombre.

Rodríguez indicó que solo el 23 % de nuestros suelos tiene un alto potencial productivo. Ese estudio indicó dos objetivos:

• Favorecer el desarrollo de los sistemas agrícolas sostenibles que favorezcan el uso y la protección de los suelos. (la erosión que se produce de manera natural en el suelo, no produce cuna erosión por encima de la capacidad natural).
• Modernizar el sistema de control de la conservación del suelo, y ampliar el espectro de actuación.

Además, comentó que en la política diseñada fueron definidos cinco principios: la sostenibilidad, la prevención, la progresividad, la responsabilidad, y la cooperación, “la cual es imprescindible, porque no solo actúa la agricultura, sino el proceso inversionista del país y otros factores”.

Detalló que, en materia de legislaciones, la superficie físico-geográfica la regula el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, mientras la vida orgánica del suelo, o sea, la capacidad de producir alimentos, lo hace el Ministerio de Agricultura.

En tanto, la roca que le da origen a ese suelo estará controlada por el Ministerio de Energía y Minas, y el agua por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. “Eso da una idea del fuerte trabajo de conciliación que se hizo dentro de estos organismos, donde cada cual tiene su responsabilidad”.

Refirió que dicha política se expresa actualmente en la protección de los suelos más productivos del país.

El 71 % de la superficie del país está afectada por la erosión. Foto: Archivo.

Mayra Cruz, directora jurídica del Ministerio de Agricultura, explicó que el paquete de normas de la nueva política fue publicado en la Gaceta Oficial de la República, el 22 de octubre de 2021, y entró en vigor, el 22 de enero de 2022.

“Contiene normas de rango superior, que instrumentan la política y la voluntad del Estado y el Gobierno cubanos de ayudar al incremento de la protección de ese recurso natural, lograr el manejo sostenible y garantizar la fertilización integrada de los cultivos y, por ende, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población, un deber constitucional de nuestro Estado”.

Detalló que dichas normativas parten del Decreto Ley 50, aprobado el 6 de agosto de 2021 por el Consejo de Estado, el cual contiene el marco jurídico general para la regulación de las actividades de conservación, mejoramiento y manejo sostenible, así como el uso de fertilizantes en suelos agropecuarios y forestales.

Aclaró que no se entra en contradicción con la recién aprobada Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, “porque dicha norma regula el marco jurídico y urbano del suelo, y nosotros con la nueva legislación trabajamos las cuestiones relativas al uso de ese suelo, para actividades agropecuarias y forestales”.

Agregó que la legislación instrumenta su propio reglamento, mediante el Decreto Ley 52, aprobado por el Consejo de Ministros, que establece cuestiones procedimentales como las formas, los tiempos, las autoridades y los requisitos a cumplir para implementar lo dispuesto.

También, se compone por las resoluciones 524 y 526, del Ministro de Agricultura y la 386, de la Ministra de Finanzas y Precios.

Recordó los antecedentes legales utilizados para la elaboración de la legislación: “La Constitución de la República, que en el inciso j de su artículo 90, establece el deber de todos los ciudadanos de proteger los recursos naturales, la flora, la fauna y, por supuesto, conservar el medio ambiente”.

Igualmente, se tuvieron en cuenta las disposiciones internacionles, los objetivos de desarrollo sostenibles y las convenciones de Naciones Unidas de las que Cuba es signataria, como la de Cambio Climático.

De igual forma, las normativas vigentes en materia mediomabiental, y se actualizó el Decreto Ley 179, de 1993, que era la legislación vigente en la temática de los suelos, la cual fue derogada con el recién aprobado marco legislativo.

Aseguró que hay cuestiones de avance en las nuevas normas jurídicas. “En el 179 aparecían nueve conductas infractoras, y en el nuevo son alrededor de 30. No solo se superó cuantitativamente, sino que se reúnen otras cuestiones que estaban afectando al suelo, y se elevan las cuantías en cuanto a las multas y sanciones a imponer, tanto a personas naturales como jurídicas”.

La directiva afirmó que el alcance de la norma incluye desde los propietarios hasta todos los actores de la base productiva, que tengan vínculos con el uso de los suelos para actividades agropecuarias y forestales.

Destacó la institucionalización de programas y sistemas que apoyarán la labor de conservación y mejoramiento de los suelos. “Hablo de la regulación del sistema nacional de suelos y fertilizantes, que tiene una visión más participativa, e incluye a las autoridades de suelos del Ministerio de Agricultura, el Instituto de Suelos, la red de laboratorios, y todos los actores de la base productiva”.

Señaló que se establecen un grupo de obligaciones en relación con la fertilidad de los suelos, la nutrición de los cultivos, el balance y control de los fertilizantes, y la institucionalización por vez primera en una norma de rango superior del registro central de fertilizantes para la inscripción, el control y la comercialización de ese tipo de recursos.

De igual manera, comentó que tienen un fuerte impacto los temas de regulación de las categorías agroproductivas de los suelos. “La legislación establece las cuatro categorías de los suelos, desde los muy productivos hasta los menos. El impacto está en que estas categorías, sobre todo la primera y la segunda, correspondiente a los de mayor productividad, solo se podrán utilizar para la producción de alimentos”.

Precisó que cualquiera de las categorías agroproductivas se deben tener en cuenta en el plan de siembra de las personas naturales y jurídicas, dedicadas a la actividad.

Calificó de novedosas las regulaciones relativas a las obligaciones de los usuarios de suelos sobre las contaminaciones y las acciones a realizar para la prevención y control de los aspectos relativos al daño de los suelos.

El rescate de los suelos en Cuba, uno de los grandes desafíos en material medioambiental del país. Cubadebate.

Por su parte, Luis Agustín Gómez Jorrín, director general del Instituto de Suelos del Ministerio de la Agricultura, habló sobre el respaldo de la ciencia y la innovación en la elaboración de las nuevas políticas sobre los suelos y el uso de los fertilizantes.

Afirmó que las nuevas regulaciones aprobadas están muy a tono con lo que acontece a nivel internacional en materia de manejo y conservación de los suelos.

Gómez Jorrín señaló que los decretos tienen un fuerte basamento científico y se apoyan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Agregó que las normativas promueven la introducción de los resultados de las investigaciones científicas-técnicas y fortalecen el papel de la ciencia en la producción agrícola, como se ha solicitado desde la máxima dirección del país.

En los minutos finales de la Mesa Redonda, Dagoberto Rodríguez Lozano, director de Suelos y Fertilizantes del MINAG, se refirió a la forma de implementar las nuevas políticas sobre los suelos y los principales retos que estas imponen.

“Aspiramos lograr el ordenamiento legal de la protección y el manejo sostenible de los suelos en Cuba, hacer un uso eficiente del financiamiento estatal, retener el proceso de degradación de los suelos y aumentar su potencial productivo”, dijo.

“Las regulaciones preven impactos en mediano y largo plazos de los procesos naturales de degradación de los suelos y plantean como reto lograr una mayor eficiencia y gobernanza de las nuevas tecnologías, lo cual nos permitiría diagnosticar problemas que hoy prácticamente resultan imposibles de reconocer con los métodos tradicionales”, agregó.

Mencionó como importantes desafíos lograr servicios ecosistémicos y la recuperación de las inversiones, la protección de los suelos categorías 1 y 2 y la fertilización integrada.

“La implementación de estas normativas tendría una influencia en el mediano y el largo plazo sobre el incremento de los niveles productivos y en la calidad de las principales producciones agropecuarias, e implementará los sistemas agrícolas sostenibles.

“Ofrecer a la futura generación un suelo menos degradado, menos contaminado y con mejor potencial productivo es el reto de esta legislación”, concluyó.