Cubadebate

Foto: Archivo.

A todas luces, muy poco o nada cambiará con las elecciones de 2018 en el Congreso Nacional, que continuará integrado mayoritariamente por hombres blancos y adinerados, representando intereses de una minoría y no la plural sociedad brasileña.

De acuerdo con un levantamiento hecho por el portal Congreso en Foco, más del 90 por ciento de los legisladores (más de 558 diputados federales y senadores) buscarán el próximo 7 de octubre en las urnas electrónicas reelegirse o conseguir un nuevo cargo, lo cual sugiere un bajo índice de renovación.

La tendencia -señaló la fuente- es reforzada por el nuevo modelo de financiamiento electoral, que favorece a quienes ya integran el Poder Legislativo facilitándole al acceso a los más de mil 700 millones de reales (unos 425 millones de dólares) del fondo público electoral aprobado por ellos mismos.

Por si ello resultara insuficiente, las nueve reglas vigentes autorizan el autofinanciamiento de las campañas, lo cual en opinión del representante del Instituto Brasileño de Derecho Electoral (Ibrade), Sidnei Neves, puede -de cierta forma- crear una especie de súper candidatos.

Aunque no compite por un escaño en el Congreso, sino por la Presidencia de la República, el caso más significativo en ese sentido es el del exministro de Hacienda Henrique Meirelles, que hasta la fecha destinó más de 48 millones de reales (alrededor de 12 millones de USD) a su hasta ahora fallida campaña.

En el caso del Legislativo, el periodista y doctor en Ciencias Políticas Leonardo Sakamoto sacó a relucir recientemente el ejemplo de diputado Rogério Marinho, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien recibió ya más de un millón 200 mil reales (unos 300 mil dólares) de propietarios y socios de grandes empresas.

Marinho, vale señalar, fue el relator de la impugnada reforma laboral aprobada por el Congreso y defendida a capa y espada por el empresariado, la cual según las centrales sindicales, organizaciones sociales y el Ministerio Público del Trabajo, solo conlleva a la precarización del empleo y la pérdida de derechos del trabajador.

Si las fallas en el financiamiento privado individual no fueran corregidas y no se limitaran las donaciones de empresarios ricos (que pueden llegar hasta 10 por ciento de sus ganancias brutas de 2017), el Congreso Nacional puede profundizar aún más el abismo que ya lo separa del resto del país, advirtió Sakamoto.

Finanzas aparte, hay otro factor decisivo en la permanencia de un parlamento poco representativo y es el de las dinastías políticas, que hacen de los escaños en las dos cámaras una cuestión de “herencia”.

En ese sentido, un comentario de la revista Carta Capital mencionó casos como el del diputado federal Bonifácio de Andrada (PSDB), descendiente directo del patriarca de la independencia José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), cuya familia goza de mandatos en el Legislativo desde 1821.

De Andrada anunció que se retiraría de la política, pero a la vez lanzó la candidatura de uno de sus hijos para sucederlo en la Cámara baja y la de otro hijo y un nieto para la Asamblea Legislativa del Estado de Minas Gerais. Otro nieto, de 25 años, ya funge como concejal en Belo Horizonte, la capital estadual.

El parentesco con un político funciona como un atajo para conseguir un mandato, remarcó la publicación y replicó datos de la ONG Transparencia Brasil, según la cual en los comicios de 2014 el 85 por ciento de los electos para el Congreso y que tenían menos de 35 años de edad eran miembros de dinastías políticas.

Citó además al político Ricardo Costa de Oliveira, de la Universidad Federal de Paraná y un estudioso de la genealogía y la influencia de las familias en la política brasileña, para quien este modelo arcaico provoca graves consecuencias al país.

La disparidad social -señaló- es un producto más de la desigualdad familiar en la representación del poder político, en que familias y grupos de la clase dominante controlan y hegemonizan el poder político en detrimento de grupos sociales excluidos de la clase trabajadora, el campesinado, los pobres, negros, mujeres y otros estratos subalternos en la sociedad brasileña.

Tal desproporción será incluso agravada en la venidera disputa en las urnas por la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia, de privar del derecho al voto a más de tres millones de brasileños, en su mayoría pobres, cuyo título de elector fue cancelado por no proceder a su reinscripción.

El número es 'políticamente relevante desde cualquier punto de vista', advirtió Paulo Moreira Leite, columnista del diario digital Brasil 247, y recordó que son más de tres millones 300 mil electores de mil 248 municipios de 22 Estados de la federación, una cifra que se aproxima a los 3,4 millones de votos que en 2014 garantizaron la victoria de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves en el segundo turno de la elección presidencial.

Un poco de respeto por la soberanía del elector es un gesto correcto y prudente, consideró el periodista e insistió en que “estamos hablando de los más pobres y menos protegidos; para quien el voto es un arma especialmente valiosa”.

En las ya cercanas elecciones ocho mil 595 candidatos competirán por uno de los 513 escaños en la Cámara de Diputados, en tanto 358 políticos pugnarán por 54 asientos en el Senado.

La disputa más cerrada, sin embargo, será por apropiarse de uno de los 24 puestos en la Cámara Legislativa de este Distrito Federal, para lo cual registraron sus candidaturas 981 concurrentes, o sea, 40,88 por cada sitio.

Gobiernos estaduales

Además de presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados federales, estaduales y distritales, en los comicios de octubre serán electos los 27 gobernadores de los 26 Estados y el Distrito Federal; pugna esta última que animarán 202 aspirantes.

Por lo que indican hasta ahora las encuestas de intención de voto, por lo menos 11 de esas disputas quedarán dirimidas en la primera vuelta, del domingo día 7.

La porfía parece estar resuelta en Acre, Alagoas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhao, Pará, Piauí, Paraná y Tocantins, donde el gobierno quedaría en manos de ocho partidos, destacando el de los Trabajadores (PT) con tres.

Los petistas deben revalidar sin dificultades los mandatos de Rui Costa en Bahía; de Camilo Santana en Ceará, y de Wellington Dias en Piauí, así como pasar a comandar Rio Grande del Norte con Fátima Bezerra. El actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, debe estar en la disputa, pero en un eventual segundo turno.

También parecen tener ganados de antemano los comicios Gladson Cameli, del Partido Progresista, en Acre; Renan Filho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), en Alagoas; Renato Casagrande, del Partido Socialista Brasileño (PSB), en Espírito Santo, y el demócrata (DEM) Reinaldo Caiado en Goiás.

Flávio Dino, del Partido Comunista de Brasil (PC do B), va camino a un nuevo mandato en Maranhao; Helder Barbalho (MDB) gobernará Pará; y Mauro Carlesse, del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), revalidará la condición de gobernador que obtuvo a fines de junio pasado en reemplazo de Marcelo Miranda (MDB), cuyo mandato fue interrumpido.

(Tomado de Prensa Latina)