Cubadebate

Abogados querellantes que participaron en el juicio al terrorista Luis Posada Carriles en 2003 en Panamá presentarán el jueves próximo una solicitud de extradición a la Corte Suprema de Justicia, informó hoy Sergio Guerra.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina el especialista en derecho penal y litigios jurídicos dijo que con la confirmación por el Segundo Tribunal de las sentencias del Juzgado Quinto Penal cabe la solicitud de extradición.

Las condenas a esos terroristas fueron de ocho años para Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez, siete para Guillermo Novo, Pedro Remón y César Matamoros, todos de origen cubano, y cuatro para el panameño José Hurtado, por delitos contra la seguridad colectiva.

Esos criminales prepararon un atentado contra el líder revolucionario cubano Fidel Castro en el año 2000 en el Paraninfo de la Universidad de Panamá donde hablaría tras asistir a la X Cumbre Iberoamericana. De haberse producido, el atentado hubiese dejado centenares de muertos.

Sin embargo, no fueron sentenciados por posesión de armas, en este caso explosivos C-4 para asesinar, reclamación que sigue pendiente. Los terroristas no cumplieron la condena pues en agosto de 2004 la expresidenta Mireya Moscoso en una turbia decisión los indultó como último acto de su gobierno.

Guerra explicó que cabe solicitar al juez de la instancia -el cual conoció del juzgamiento en primera instancia- para que inste ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la extradición de Posada Carriles y demás personas que fueron condenadas en segunda instancia.

Esto es lo que contempla el artículo 2497 del libro III del Código Judicial de Panamá y se trata precisamente de una solicitud que presentaremos el jueves de esta semana ante la Corte, confirmó.

La justicia panameña, afirma Guerra, se fortalece con este tipo o clase de sentencias condenatorias diciendo no a la impunidad manifiesta de quienes pretenden sustraerse al foro penal, como es el caso de los acusados.

Aunque las penas fueron mínimas, señaló, la certeza de la justicia es que cometieron los delitos por los que fueron acusados y juzgados con todas las garantías de sus respectivas defensas.

La confirmación de la sentencia por una instancia superior del órgano judicial, dijo, pone de manifiesto cómo la clase política gobernante del momento los liberó, posibilitando la salida del país de unos procesados que al final de cuentas la propia jurisdicción panameña ratifica que son delincuentes.

(Con información de Prensa Latina)