Derecho
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Hoy analizamos una disposición legal de extraordinaria importancia tanto para la madre, el padre y los demás familiares, como para la sociedad y el Estado, no solo por su contenido, sino también por el grado de protección que establece con vistas a garantizar el relevo de la actual generación de cubanos y cubanas.
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El pasado 28 de octubre la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley No. 140, “De los tribunales de justicia”, que, a partir del primero de enero de 2022, sustituirá a la vigente Ley No. 82, de 11 de julio de 1997, “De los tribunales populares”. Esta disposición es muestra de un genuino ejercicio participativo, algo que, por cierto, apenas acontece en otras latitudes.
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Desde el arte diversas generaciones en Cuba celebraron este viernes el Día Internacional de los Derechos Humanos, con un grupo de actividades cuyo preámbulo fue una caminata hasta la explanada de la bandera, ubicada en el malecón habanero.
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Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. Es un día que tradicionalmente utiliza la reacción internacional para satanizar a Cuba. Se suman a esa comparsa difamatoria los gobernantes de Estados Unidos. De derechos humanos, de sus casi infinitos matices jurídicos y mediáticos, y de cómo se instrumentan contra Cuba, estaremos hablando.
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Año 1948, diciembre, día 10. En las mentes de los asistentes al Palacio de Chaillot, en París aún quedaba la conmoción generada por los horrores de la segunda guerra mundial y los aislados intentos, de algunas naciones, por redactar un documento que proporcionaba garantías a los individuos ante los poderes públicos. Era el 10 de diciembre y se hacía historia, 48 países dieron el sí y nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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En nuestro empeño de fertilizar la cultura jurídica popular, hemos querido enfocar esta semana las reflexiones de la columna hacia los jueces y tribunales, exponiendo nociones muy generales acerca de la función que desempeñan y su importancia. ¿Por qué son necesarios los tribunales de justicia? ¿En qué consiste la función judicial? »
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“Una vez más, mil gracias por todo el apoyo que nos han dado”. Así dijo en la mañana de este viernes a los artífices que siempre están haciendo por los equilibrios, por el orden del país, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el Consejo Nacional de la Unión de Juristas de Cuba.
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Pese a lo avanzado, todavía se encuentran arraigadas en la subjetividad concepciones patriarcales que generan situaciones de discriminación y de violencia que son naturalizadas e invisibilizadas. ¿Sabías que a esa naturalización ha contribuido el Derecho? Sin embargo, en las nuevas normas procesales se aprecia un salto cualitativo en la protección a las personas en situación de vulnerabilidad frente a la discriminación y la violencia.
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El Código de Procesos recientemente aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular responde al mandato constitucional de establecer procesos y actuaciones que respalden los derechos y garantías plasmados en la Carta Magna; en consonancia, aún sin el nuevo Código de las Familias, tiene la misión de regular las vías para que se hagan efectivos los derechos y se solucionen los conflictos familiares.
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Para que puedan conocerse las principales garantías reguladas en el “reformado” proceso de trabajo y seguridad social, hoy en “Pensar el Derecho” intentaremos responder, desde simples preguntas y respuestas, las principales trasformaciones que posee la administración de justicia laboral en Cuba.
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El Código de Procesos, consagra y desarrolla los componentes para el despliegue de una tutela judicial efectiva en sus tres dimensiones: acceso a la justicia, debido proceso y ejecutabilidad del fallo. ¿Por qué es importante este Código? ¿Cuáles son sus principales novedades? ¿Cómo impactan en la realidad nacional y en el ámbito personal? »
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La justicia administrativa ha sido parte innegable de la organización del Estado cubano desde sus orígenes, en los albores mismos del siglo XX. La reforma procesal que acontece con la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional es coherente y se pronuncia por un marco legal dinámico que permita el cuestionamiento de la actuación de la administración y de quienes no teniendo tal carácter ejerzan esa función pública.
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- Disponible anteproyecto del Código de las Familias (+ PDF)
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