Cubadebate

En reiteradas ocasiones el jefe de gobierno del Estado español, Mariano Rajoy, se ha inmiscuido abiertamente en numerosos asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela cuestionando, por igual, a los diferentes poderes públicos de rango constitucional.

La justicia nacional y su prerrogativa de sancionar a quienes hayan violado normas y leyes, ha estado entre los temas de ataque preferidos por el europeo al momento de fustigar a la democracia bolivariana.

En tal sentido, dos de sus intervenciones más recientes tomaron partido a favor del expresidente de la televisora  Globovisión, Guillermo Zuloaga y del presidente-editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, requeridos por la ley luego de haberla quebrantado en distintos momentos.

En mayo, ambos fueron favorecidos con el otorgamiento de residencia en la nación ibérica.

Ese mismo mes, el jefe del Partido Popular se pronunció de nuevo contra Venezuela –una vez más adentrándose en el mundo mediático- admitiendo que “apoyaba expresamente” a los medios controlados por la burguesía “acosados” por el Gobierno, según su parecer.

Pero contradictoriamente a lo que proclama contra Maduro, el gobierno del político conservador no parece dar el mejor ejemplo al momento de llamar a capítulo legal a periodistas que habrían ejercido la profesión con un supuesto desapego a las restricciones actuales. Tal es el caso del diario digital publico.es.

Las instalaciones del portal, con sede en Madrid, fueron allanadas el pasado viernes 24 de junio, según denunció la página web en una entrega titulada La Policía Judicial se persona en la redacción de ‘Público’ para pedir las grabaciones del ministro del Interior.

El alerta del medio “más social de Europa” –como reza su línea editorial- puntualiza justamente sobre un aspecto a todas luces irregular si le es aplicado el criterio que Mariano Rajoy manipula contra Caracas: la exigencia de los efectivos del cuerpo oficial nunca estuvo respaldada por orden judicial alguna.

“En vista de que no portaban ningún mandamiento judicial, no se les ha entregado copia de las grabaciones”, agregó la nota informativa del medio fundado en el año 2007 y que se ubica entre los 10 más leídos en España de acuerdo a Wikipedia.org.

Especifica el difusor de noticias que el procedimiento se efectuó con la sola orden del “ministro en funciones”, al “comisario general de la Policía Judicial para averiguar las ‘circunstancias concurrentes’ en la apertura de una investigación”, dejando de lado las obligaciones que sobre la materia están inscritas en el Código de Procedimiento Penal.

Vale acotar que la razón que motivó a la acción denunciada por publico.es, es la divulgación de una serie de grabaciones en las que el actual ministro del Interior –lógicamente, subordinado de Rajoy-, Jorge Fernando Díaz “y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, conspiraban contra líderes de formaciones independentistas catalanas”.

El sonido que desespera a Díaz data del año 2014. Todo parece indicar que esa vez, ambos personajes discutían líneas -abiertamente falsas y sesgadas- para desprestigiar a líderes de los dos partidos más importantes que organizaban una consulta popular sobre la separación de Catalunya del reino de España.

(Con información de La Tabla)