Cubadebate

Free Internet Press

Editorial

Free Internet Press, 1 DE JULIO DE 2007

Traducido por: Iana Soto Rapina y revisado por: Asunción Aday Hernández, del Equipo de Traductores de Rebelión y Cubadebate.

Después de someterse seis años a la Casa Blanca, el Congreso está desafiando finalmente la campaña del presidente Bush que está pisoteando todas las restricciones legales y constitucionales en su poder.

Los comités del Congreso han expedido solicitudes de documentos y citaciones para la comparecencia de testigos en dos importantes casos y han solicitado la primera -y es probable que no sea la última-- investigación penal de un funcionario de la rama ejecutiva quien pudiera haber mentido al Congreso.

Como era de esperar, la Casa Blanca está reclamando inmunidad ejecutiva y se rehúsa a cooperar con las investigaciones reglamentarias del Congreso, una vez que se ha dado a conocer la decisión del señor Bush de espiar a los estadounidenses sin una orden judicial, y la otra determinación relacionada a la destitución de fiscales de ese país.

Los tribunales han reconocido el derecho limitado del presidente de mantener en secreto las deliberaciones internas de la Casa Blanca.  Pero eso está lejos de ser un derecho absoluto y es ridículo, en particular, que el señor Bush reclame la inmunidad ejecutiva en el escándalo de los fiscales.  Reiteradas veces la Casa Blanca ha afirmado que Bush no está implicado en la destitución de esos nueve fiscales de los Estados Unidos.  Si eso es cierto, difícilmente pueda argumentar que tiene derecho a ocultar las conversaciones y el intercambio de correos electrónicos que sus asesores tuvieron entre sí y con el Departamento de Justicia.

Cuando la semana pasada la Casa Blanca se negó incluso a rendir cuentas de los documentos que retenía y a decir el motivo, como es habitual que hagan los presidentes en estos casos, el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial, denunció con toda razón este acto de arrogancia  como una  "obstrucción política al estilo de Nixon".  Además, señaló que desde la II Guerra Mundial todos los presidentes han accedido en algún momento a las solicitudes o citaciones del Congreso para que los miembros del personal de la Casa Blanca u otros asesores presidenciales testifiquen.

La reclamación de Bush de la inmunidad ejecutiva pudiera significar algo más que un programa de espionaje, dado que él personalmente emitió la orden para poner escuchas telefónicas.  Pero la inmunidad ejecutiva no puede utilizarse para encubrir acciones y políticas que impliquen una rotunda violación de la ley, como lo hizo el programa de espionaje.

Ni tampoco puede ser usado para proteger a un funcionario que pudo haber mentido al Congreso.  El Comité Judicial del Senado solicitó al Departamento de Justicia que investigue a Brett Kavanaugh, ex funcionario de la Casa Blanca quien, en una vista celebrada en el Senado sobre su nombramiento a juez federal, declaró  que no había participado en la elaboración de normas sobre el tratamiento a los detenidos.  Un reciente informe de prensa sugiere que sí participó.

De manera previsible, la Casa Blanca acusó a los demócratas de ser blandos en la lucha contra el terrorismo por oponerse a las intervenciones ilegales de los teléfonos,  y por practicar la politiquería del partido en su intento de llegar hasta el final del escándalo de los fiscales.  En estas circunstancias estábamos acostumbrados una y otra vez a ver al Congreso inclinarse  y retirarse de la sala.  Pero finalmente los legisladores  parecen  decididos a cumplir con su deber.  En parte, porque los determinados  demócratas están a cargo ahora, como el senador Leahy.  Incluso en el Congreso de los Estados Unidos algunos de los partidarios republicanos de Bush parecen estar perdiendo la paciencia.

La semana pasada, tres senadores republicanos, incluyendo al  partidario acérrimo Orrin Hatch, votaron a favor de expedir solicitudes de documentos relacionados con la decisión del señor Bush de autorizar la intervención de las llamadas telefónicas y de los correos electrónicos de los ciudadanos estadounidenses con el exterior sin una orden judicial  avalada legal y constitucionalmente.  De hecho, sólo tres republicanos votaron en contra de dichas citaciones.  (Otros tres no votaron).  No hace mucho tiempo, esos mismos nueve republicanos ni siquiera hubiesen permitido que el senador Leahy sometiera a votación el asunto de las citaciones relacionadas con el escándalo de los fiscales.

Si la Casa Blanca continua desafiando al Congreso, el Senado y la Cámara podrían presentar cargos por desacato penal.  Esa es una medida enérgica, pero los legisladores no deberían temer aplicarla, pues lo han hecho 10 veces desde 1975 bajo el mandato de ambos partidos.

La semana pasada, en una especie de falaz rueda de prensa, Tony Fratto, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, se refirió a las citaciones  relacionadas con las intervenciones ilegales de las llamadas diciendo: "Es lamentable que los demócratas del Congreso continúen prefiriendo el camino de la confrontación."

De hecho, el señor Bush eligió ese camino hace tiempo cuando definió la consulta como una oportunidad para que los legisladores sepan sobre decisiones que él ya había tomado, el bipartidismo como una oportunidad para que los demócratas se unan a los republicanos para autorizar esas decisiones, y cuando definió la supervisión del Congreso como una forma de beneficio propio y posiblemente sedición.  En este momento, la confrontación es mucho más preferible al camino que la mayoría republicana del Congreso eligió hace muchos años: la capitulación.

Originalmente en http://freeinternetpress.com/story.php?sid=12496