Cubadebate

A las autoridades del país que ocupa una de las últimas colonias que quedan en el mundo, les parece inaceptable que un magistrado llamado Pablo Ruz procesara a 11 altos cargos policiales y militares marroquíes por delitos cometidos entre 1975 y 1992 contra ciudadanos saharauis, que califica como genocidio, además de ir asociado en algunos casos con delitos de tortura, asesinato o desaparición forzada.

Como si se fuera posible borrar de la memoria histórica de que manera el Reino invadió el territorio, con la tácita complicidad de la España todavía franquista, el éxodo masivo de poblaciones autóctonas aterrorizadas que provocó, y la represión impuesta a la resistencia nacional, a lo largo de los años con tantos casos denunciados internacionalmente.

Visiblemente contrariado por la causa abierta el gobierno marroquí se refiere al Sahara Occidental como si perteneciera a la potencia ocupante, soslayando una incumplida resolución de la ONU para un referendo de autodeterminación. Y al mismo tiempo desliza que la decisión judicial se produce cuando las relaciones con Madrid se encuentran en “una de las fases más serenas y prometedoras”, un recordatorio de que algunos de sus intereses económicos pueden verse afectados.

La declaración de enojo emitida, sin mencionar su nombre, ataca al juez, hoy uno de los más prestigiosos por encarrilar dormidos casos de escándalos de corrupción, y le atribuye la finalidad de dañar esos vínculos bilaterales, fundamentalmente por tener el mérito de recordar que la injusticia con el Sahara Occidental persiste.