Cubadebate

La solicitud de México al Gobierno estadounidense para que diera inmunidad al expresidente Ernesto Zedillo es "una cuestión de principios", alejada de consideraciones políticas y basada en la jurisprudencia internacional, afirmó hoy una fuente oficial.

El embajador Arturo Dager, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, explicó a Efe que la gestión mexicana ante Washington en el caso de una demanda contra Zedillo en una corte estadounidense sólo tiene por objeto "proteger la igualdad soberana de los Estados".

Un tribunal de Connecticut otorgó en días recientes inmunidad al expresidente mexicano (1994-2000) en relación con una querella por una matanza de 45 indígenas que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, en el sureste de México.

La corte satisfizo así a la "sugerencia de inmunidad" que le hiciera el viernes de la semana pasada el Departamento de Estado en respuesta a una solicitud del Gobierno mexicano formulada en noviembre de 2011.

En una conversación telefónica con Efe, el embajador Dager destacó que en su sugerencia a la corte, el Gobierno estadounidense esgrimió los mismos argumentos que México: que la demanda contra Zedillo atañe a acciones realizadas como presidente, no a su conducta privada.

Indicó que la inmunidad a funcionarios en tribunales extranjeros es una "costumbre arraigada internacionalmente", y que la propia Corte Internacional de Justicia, "máxima instancia legal en estos temas, así lo resolvió hace 10 años".

"Es decir, no es algo que no tenga antecedentes. Es una jurisprudencia internacional, una guía para los Estados", abundó.

Subrayó asimismo que la demanda en Estados Unidos, interpuesta el año pasado de forma anónima es de carácter estrictamente civil.

"No es lo mismo el interés internacional de evitar la impunidad de los crímenes más graves que una demanda de carácter civil, y ésta es una diferencia importante que vale la pena considerar", acotó.

Dager descartó tajantemente los alegatos de organizaciones civiles en el sentido de que la gestión del Gobierno de México en favor de Zedillo tuvo por objeto proteger al actual presidente Felipe Calderón de posibles futuras demandas de esa naturaleza.

"No es una cuestión que tenga connotaciones políticas de otro tipo, sino de principios y de derecho internacional", acotó.

Un despacho de abogados estadounidenses demandó a Zedillo el pago de una indemnización de 50 millones de dólares para presuntos familiares de las víctimas de Acteal por acciones presuntamente cometidas por él, en su
calidad de presidente de México.

Esta demanda creó polémica en México porque se desconoce la identidad de quienes contrataron los servicios del equipo de abogados, y los parientes de las víctimas rechazaron tener participación en el caso.

Zedillo, quien reside en Estados Unidos y da clases en la Universidad de Yale, ha asegurado que las acusaciones en su contra "no sólo son falsas, sino también calumniosas".

(Con información de EFE)