Cubadebate

El 20 de diciembre le quedarán a la actual administración estadounidense 30 días exactos para finalizar su mandato.

Lejos de cumplir su promesa electoral respecto a las relaciones con Cuba, el presidente Joseph Biden, en sus cuatro años de ejercicio, ha mantenido vigente y en aplicación la casi totalidad de las medidas de coerción económica draconianas impuestas por el gobierno de Trump, y ha aprobado otras, como la reciente legislación que legaliza el robo desvergonzado de la marca Havana Club en el mercado estadounidense.

La política de máxima presión aplicada, cuya piedra angular es el reforzamiento del bloqueo, ha tenido efectos marcadamente dañinos sobre la calidad de vida del pueblo cubano, su acceso a la alimentación, a los servicios de Salud, a los medicamentos, a una vivienda digna y a numerosos bienes esenciales, y ha provocado la migración de miles de personas, a veces en condiciones extremadamente riesgosas.

Es la concreción rigurosa del diseño de actuación imperialista hacia Cuba, delineado en el conocido memorando del subsecretario asistente de Estado, Lester Mallory, hace ya 64 años, quien definió que el único modo de enfrentar a la Revolución Cubana «... es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales… hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno».

La estrategia ha consistido, desde entonces, no solo en llevar hambre y miseria al pueblo cubano, sino también y, sobre todo, en intentar hacer ver que la causa de tales desventuras es una «ineficiente gestión» del Gobierno cubano, y no en las llamadas «sanciones» de Washington.

Pero los números son claros en mostrar quién frena el desarrollo necesario de la nación cubana. El bloqueo afecta a nuestro pueblo en una cifra superior a los 421 millones de dólares mensuales, más de 13,8 millones de dólares diarios, y 575 683 dólares en daños por cada hora de su aplicación.

El bloqueo es el sistema de medidas económicas coercitivas unilaterales y extraterritoriales más abarcador, completo y prolongado que se haya aplicado jamás contra nación alguna.

«Ningún país, incluso con economías mucho más prósperas y robustas que la cubana, podría enfrentar una agresión tan despiadada, asimétrica y prolongada, sin un costo considerable para el nivel de vida de su población, su estabilidad y la justicia social», dice el informe presentado por Cuba, este año, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la abrumadora mayoría de los países miembros de la ONU condenaron esa política de fuerza y asfixia.

A los cuantiosos daños provocados en la economía, las finanzas y el comercio por esa política aberrante, se adicionan las medidas restrictivas derivadas de la decisión de incluir a Cuba, de manera alevosa, en la infame lista arbitraria e ilegítima de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Fue una jugada perversa de la administración Trump, unos días antes de abandonar la Casa Blanca.

Esa designación es cínica, porque Cuba, lejos de patrocinar el terrorismo, ha sido y es víctima de recurrentes actividades terroristas financiadas y organizadas desde territorio estadounidense, con anuencia de las autoridades de ese país.

Cuba tiene una posición clara y firme de enfrentamiento al terrorismo en todas sus formas. Ha servido de intermediario clave en las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano, el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el mismo espíritu con que convocó, hace una década, a los Estados miembros de la Celac para declarar la región Zona de Paz, «basada en el respeto a los principios y normas del Derecho Internacional».

Es un acto cruel porque está diseñado para maximizar el sufrimiento del pueblo de Cuba. La inclusión de nuestro país en la lista de naciones que apoyan el terrorismo no solo dificulta transacciones internacionales, tiene obstáculos en las exportaciones y restricciones financieras, o entorpece la asistencia al país con ayuda humanitaria, sino que amenaza o penaliza a ciudadanos de países que disfrutan del privilegio de esta por viajar a Cuba, lo que incluye a nacionales cubanos. Interfiere, además, en transacciones bancarias de personas naturales y de los nuevos actores económicos no estatales. Impide la contratación de servicios online y restringe los intercambios académicos y científicos.

En mayo de 2024, el Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de Estados que «no cooperan plenamente» con los Estados Unidos en la lucha antiterrorista, poniendo aún más en evidencia el carácter infame y oportunista de la designación de 2021.

Al defender entonces el cambio racional de actitud, el secretario de Estado, Antony Blinken, no solo adujo la posición vigente del Gobierno colombiano, sino que resaltó la cooperación policial de Cuba y la no existencia de elementos terroristas en territorio cubano.

Pero esto no es suficiente. Cuba sigue sufriendo como consecuencia de su exclusión cínica, cruel e ilegal de la economía y las finanzas internacionales, dada su permanencia en la arbitraria lista de supuestos patrocinadores del terrorismo.

El presidente Biden puede acabar con esa mentira y atender el reclamo de decenas de gobiernos, numerosos expresidentes y primeros ministros, cientos de parlamentarios, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y otros líderes religiosos, y de miles de organizaciones de todo el mundo y de los propios Estados Unidos.

En los días que le restan de mandato, el presidente Biden puede retirar a Cuba de la Lista de países patrocinadores del terrorismo; tiene la autoridad para hacerlo. Si algo de decencia quiere dejar como legado en las últimas jornadas de su vida política, puede dar ese simbólico paso. Está aún a tiempo de hacerlo.

El pueblo cubano seguirá batallando contra la agresión injusta, contra el bloqueo genocida, contra la manipulación y la mentira, contra las listas espurias y coercitivas, contra los millonarios fondos para subvertir el orden interno y alimentar las operaciones de desinformación, y reclamará con todas sus fuerzas justicia y paz para Cuba y para nuestro mundo.

Así lo hará el próximo 20 de diciembre, cuando, en su nombre, el pueblo de la capital salga en Marcha Combatiente por el Malecón habanero, para expresar, frente a la Embajada de Estados Unidos, su demanda de cese de la hostilidad, su condena a la ignominia imperial, y su irreductible espíritu de lucha y de victoria.

Marcharemos con la convicción profunda, inculcada por Fidel, de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.

(Editorial publicado en el periódico Granma)