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Derecho de veto: ¿coraza o cadalso para la comunidad de naciones? (I)

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NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra..., a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,...

Y CON TALES FINALIDADES

a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar... que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos,

HEMOS DECIDIDO AUNAR NUESTROS ESFUERZOS PARA REALIZAR ESTOS DESIGNIOS.

(Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas)

Cuando el 24 de octubre de 1945 fue finalmente ratificada la Carta de las Naciones Unidas, una considerable parte de la humanidad que había sufrido o sido testigo de los horrores de la más devastadora contienda bélica desde que el hombre habitara la tierra, que costó la vida a decenas de millones de seres humanos, cifró fervientes esperanzas en que la voluntad manifiesta de las naciones sería cumplida y que ciertamente el luminoso porvenir de paz y prosperidad deseado para sus descendientes estaría garantizado.

Transcurrido más de medio siglo de ese acontecimiento memorable, para la inmensa mayoría de los terrícolas que nacimos y vivimos en la llamada guerra "fría", o en la "nueva era" no menos "gélida" que sobrevino a su "fin", (si hacemos uso de la paradójica terminología empleada desde entonces para ilustrar sarcásticamente las muy "cálidas asperezas" que existieron entre los llamados "bloques" en ese singular período histórico), los presuntos herederos de aquellos fundadores del multilateralismo en las relaciones internacionales, que debían beneficiarse de aquel acto histórico de concertación pacífica internacional que supuso la creación de la ONU, han presenciado con creciente inquietud la involución de esta organización, en contraposición con el vertiginoso y profundo cambio experimentado por la sociedad global que pretende representar, apreciándose cada vez con más nitidez la conformación y consolidación en ese importante foro internacional, de un único escenario en el que prevalecen  interpretaciones cada vez más elitistas, selectivas, discriminatorias y excluyentes de lo consignado tan explícita y elocuentemente en la letra de la Carta de Naciones Unidas.

Poco más de una década de preponderancia norteamericana en la ONU, ha bastado para convertirla en instrumento de injerencia y dominación al servicio exclusivo de la superpotencia y sus aliados, empleándola para "legitimar" su intromisión en los asuntos internos del resto de los países que integran la comunidad internacional, e incluso peor, para "justificar" el empleo de la fuerza, recurriendo a lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta, especialmente contra naciones pobres o consideradas "hostiles" desde la perspectiva imperial, calificativo a menudo asignado a países realmente independientes, que ejercen su soberanía y no transigen ante  imposiciones foráneas, defendiendo a muy alto costo esos derechos que "algunos" pretenden reducir a letra muerta en el documento magno de la  ONU, provocando recurrentes, costosos e infrahumanos episodios bélicos en correspondencia con sus intereses geopolíticos, concibiendo y acuñando nuevos conceptos eufemísticos para sustentar sus actos de agresión, tales como los que han dado en llamar "injerencia o intervención humanitaria", "soberanía limitada", "diplomacia preventiva", "operaciones de pacificación", "misiones de mantenimiento de la paz", entre otros términos edulcorados más, en su intención de confundir o engañar a la opinión pública internacional y que han mostrado sin ambages su verdadera naturaleza imperialista con la cínica doctrina de la "Guerra Preventiva" enarbolada por la actual administración estadounidense.

Los pretextos para imponer los designios imperiales han sido disímiles e "ingeniosos" en la Post-guerra Fría, lo mismo "vale" "alimentar" a punta de cañón a un pueblo desvalido como esgrimieron pretendían hacer en Somalia, que considerar ilegítimo un gobierno que no se somete a su voluntad o que no colabora "suficientemente" en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, o presuntas violaciones de derechos humanos, supuestos problemas sociales, étnicos, religiosos, migratorios, etc, etc, etc, ...., no para opinar y debatir en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas posibles vías pacíficas para la solución de tales "conflictos", sino para sentenciar que la paz está siendo "amenazada o quebrantada" y la seguridad internacional "comprometida" e imponer en el Consejo de Seguridad la opción de la violencia brutal, reviviendo precisamente aquellos horrores que el concierto de las naciones se comprometió a erradicar con la creación de la ONU.

En el presente tales prácticas, además de desconocer la propia esencia de las condición humana que es el derecho a la vida y un sinnúmero de elementales razones de carácter ético, violan impúdicamente principios fundamentales consignados en la propia Carta de la ONU, que propugnan la igualdad soberana de los Estados, la ilegitimidad del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier país, reconociendo el derecho de autodeterminación de todos los pueblos, abogando por la no injerencia en sus asuntos internos y por la solución de controversias internacionales a través de medios pacíficos; por lo que han concitado el creciente interés por promover la modificación de la Organización, especialmente de su Consejo de Seguridad, dotado desde su creación de peligrosísimas y antidemocráticas prerrogativas, entre las que se señalan las vinculadas al llamado "Derecho de Veto".

Ostentado únicamente por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEUU, Inglaterra, Francia, China y Rusia), ese injusto "derecho" propicia el predominio de la inconformidad de tan solo uno de estos países sobre el concierto de la comunidad de naciones, cuando se evalúan decisiones de cualquier índole, "exceptuando" aquellas relativas a asuntos de "procedimiento", cuya definición no aparece recogida en ningún instrumento jurídico vinculado a la Carta, por tanto su calificación como tal, depende de los llamados "Gentlemen´s Agreements" (Acuerdos de Caballeros), convenidos entre esas cinco naciones en la llamada "Conferencia de Londres" hace más de 50 años al margen de los estatutos de la ONU, lo que determina que prácticamente todas las decisiones de alguna importancia que deban adoptarse en esa poderosa instancia de la Organización, cuya explícita misión principal es "velar" por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, necesariamente tengan que contar con el beneplácito unánime de los miembros permanentes, quedando relegada la capacidad decisoria de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad a completar los votos afirmativos necesarios (en total 9) para la aprobación de las resoluciones propuestas.

Origen de la fórmula del Derecho del Veto:

La fórmula actual proviene de una modificación acordada en la Conferencia de Crimea (Yalta) en febrero de 1945, de la concebida por la Organización predecesora de la ONU, que fue la Liga de las Naciones y que establecía la completa unanimidad del Consejo de ese foro multinacional para la adopción de decisiones.

Las potencias presentes en Yalta (EE.UU., URSS e Inglaterra) determinaron adoptar en el Consejo de Seguridad (entonces contaba con sólo 11 miembros) un sistema de elección que dispondría de dos tipos de votos:

a) "voto calificado" : Implicaba para la aprobación de decisiones de todo tipo (que no se estimaran respondieran a asuntos de "procedimiento") el voto de 7 miembros, incluidos los de las 5 potencias (miembros permanentes).

b) "voto de procedimiento" : Bastaba para la aprobación con 7 votos de  cualquiera de los 11 miembros del Consejo de Seguridad.

El pretexto esgrimido para sustentar tales privilegios fue enmarcado en la inoperancia que provocó en la Liga de la Naciones la fórmula de votación sustentada en el consenso unánime de todos los miembros, a fin de reducir las "obstrucciones" en el proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad, en virtud de lo que se auto-asignaron la "responsabilidad" de administrar exclusivamente el derecho de veto entre las 5 potencias.

Tal adjudicación de prerrogativas en una naciente organización que "erigía" como principios claves, entre otros, la igualdad de derechos de todas las naciones, independientemente de dimensiones territoriales o de poder detentado, abortó la posibilidad del desarrollo de un ejercicio multilateral verdaderamente democrático y propició que los privilegiados poseedores de la capacidad de veto, emplearan recurrentemente ese recurso "lícito" para obstruir muchas decisiones del importante órgano de la ONU, aun cuando fueran avaladas por el consenso de la comunidad de naciones, cuando consideraran estas potencias que sus intereses podrían resultar afectados, y que en lo adelante se convertiría en una práctica consuetudinaria.

Precedentes de interés vinculados al debate sobre el veto:

En 1947 bajo la resolución 117 (II) la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó al Comité interino del propio órgano, evaluar los problemas de votación en el Consejo de Seguridad, partiendo de un listado de posibles decisiones, clasificándolas en categorías en correspondencia con el método de votación aplicable en cada caso, para determinar aquellas que sus miembros consideraran de "procedimiento" a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 (2) de la Carta.

En esa oportunidad se plantearon varios criterios de clasificación, que pretendían ampliar en cierto sentido las decisiones que podrían adoptarse en el Consejo, por mediación del "voto de procedimiento" y que permitirían "técnicamente" desconocer en tales casos la posición intransigente de inconformidad, expresable a través del veto de algún miembro permanente, con relación a determinadas cuestiones importantes, tales como las relaciones entre el Consejo de Seguridad y los demás órganos de la ONU, el funcionamiento interno, entre otros aspectos.

La resolución 267 (III) adoptada en 1949 por la Asamblea General sobre el mismo tópico, contemplaba en una lista 35 tipos de decisiones que dicho órgano estimaba, como "principal" entidad deliberativa de las Naciones Unidas integrada por todos sus Estados miembros, responderían a cuestiones de procedimiento y por tanto deberían ser aprobadas por ese tipo de votación; sin embargo 56 años después el tema sigue aún sin definición, por cuanto la modificación de la propia cuestión preliminar acerca de que asunto o no constituye materia de procedimiento, según los estatutos de la ONU, debe ser también adoptada por voto calificado, o sea, con la condición necesaria, aunque no suficiente, del consenso unánime de los 5 miembros permanentes, lo que convierte el tema en una noria interminable y cualquier iniciativa al respecto en una conversación entre sordos.

Las naciones del llamado tercer mundo, agrupadas en el Movimiento de Países No Alineados, desde la cita de Colombo en 1976 y en sus sucesivas reuniones cumbres han abogado por la revisión del polémico derecho al veto. En las últimas ediciones de este magno evento la posición concertada de ese foro, que cuenta entre sus miembros con la inmensa mayoría de los países que integran la ONU, ha sido específica al sustentar que dicha prerrogativa va en contra del ánimo de democratización de la Organización y debe por tanto ser limitada con vistas a su eliminación.

Enmiendas a la Carta de ONU vinculadas al derecho de veto en el Consejo de Seguridad:

17/12/1963: La Asamblea General aprobó enmiendas a los artículos 23 y 27 (en vigor desde el 31/8/1965):

Enmienda artículo 23: Incrementó el número de miembros del Consejo de Seguridad de 11 a 15.

Enmienda artículo 27: Establece que las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimientos serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros (anterior 7 miembros) y con relación a todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de 9 miembros (anteriormente 7), incluyendo los votos afirmativos de los 5 miembros permanentes.

Proyecciones de la Secretaría de ONU en cuanto a la creciente voluntad de cambio:

Pese a que desde mediados de los 80s, el tema de la reforma del Consejo de Seguridad había sido contemplada en el programa de trabajo de la ONU, creándose en 1993 el Grupo de Trabajo de composición abierta de la Asamblea General para estudiar estas cuestiones, no fue hasta una década después durante su 58 período de sesiones, que a instancias del Secretario General se anunció la nominación de un grupo de "eminentes personalidades" con el mandato de evaluar las presentes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, así como analizar la eficacia con que las actuales instituciones y políticas las habían encarado, con el propósito de que formularan recomendaciones para fortalecer la Organización de modo que proporcione la seguridad colectiva requerida en el siglo XXI, cuyos resultados fue uno de los temas abordados con mayor énfasis el pasado año en el 59 período de sesiones, expuestos en un documento que dieron en llamar Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, proponiendo en principio para la discusión dos modelos básicos para la ampliación del Consejo de Seguridad:

Modelo A: Promueve la creación de 6 nuevos puestos permanentes sin derecho a veto y 3 nuevos no permanentes de dos años de duración, distribuidos entre las grandes regiones geográficas África (2), Asia y el Pacífico (2), Europa (1) y América (1).

Modelo B:  No establecer nuevos puestos permanentes y crear 8 nuevos no permanentes con mandato renovable de cuatro años distribuidos de similar manera a la propuesta en el Modelo A.

Llama tremendamente la atención el hecho de que antes del 11 de Septiembre del 2001, cuando la embriaguez hegemónica de la actual administración estadounidense no había sufrido aún el impacto de los cruentos atentados terroristas perpetrados en esa penosa fecha, en casi un centenar de propuestas de modificación evaluadas y presentadas en el sitio web oficial de la Secretaría General de la ONU, caracterizadas por un sorprendente nivel de detalles, sólo aparecía mencionado el Consejo de Seguridad en dos acápites, con la única intención de patentizar su rol determinante en el diseño e implementación de las "Operaciones de Pacificación" y en lo relativo al empleo "eficiente" de la nueva doctrina sustentada en la "diplomacia preventiva".

Hasta entonces la posibilidad de modificación de la composición del Consejo de Seguridad y de la "institución" del veto, que tan elocuente y recurrentemente había sido expresada y exigida por una considerable mayoría de las naciones que integran la Asamblea General, agrupadas también en importantes organizaciones hemisféricas como los No Alineados o el Grupo de los 77, entre otras, no se mencionaban.

Hoy, transcurridos 4 años de aquellos dolorosos acontecimientos, a los que se han añadido otros eventos terroristas de connotación internacional, y a pocas horas del comienzo de la reunión de alto nivel que debe analizar el desempeño de la ONU en cumplimiento de los acuerdos conocidos como las Metas del Milenio, la perspectiva de la reforma del Consejo de de Seguridad difiere sustancialmente entre las potencias involucradas y el resto de mundo mayoritariamente pobre y subdesarrollado.

La única superpotencia valiéndose de su hegemonía y tradicionales "métodos", presiona a la Secretaría y bilateralmente a infinidad de naciones, intentando reescribir el artículo 51 de la Carta Magna, para "legitimar" el rol de gendarme e interventor global del Consejo de Seguridad -entiéndase de EEUU-, a la vez que rechaza cualquier fórmula que implique la ampliación del privilegio detentado con el poder de veto a otros países.

Potencias como Alemania y Japón aspiran obtener un escaño permanente en el Consejo de Seguridad con similares prerrogativas a las ostentadas por los actuales miembros de esa categoría, aunque aceptarían en última instancia la no inclusión del veto. A estos se unen la India y Brasil con similares pretensiones conformando el conocido como Grupo de los 4. Se identifican con el modelo A expuesto anteriormente.

Una veintena de países del orbe agrupados de acuerdo con sus intereses y aspiraciones en el proceso favorece el Modelo B, quienes además de rechazar la creación de nuevos puestos permanentes, muestran inconformidad con que se someta a votación sin suficiente consenso la actual fórmula por considerarla incompleta, al no incluir cuestiones medulares como la democratización y transparencia en los métodos de trabajo y tomas de decisiones del Consejo de Seguridad, y con la usurpación por dicha instancia de funciones propias de la Asamblea General, razones por la que el resto de las naciones en general, incluida Cuba, perciben con escepticismo este proceso, por cuanto no representa ciertamente los genuinos intereses de la comunidad internacional, ni las aspiraciones de miles de millones de personas en el mundo que por más de medio siglo han soñado con una organización multinacional que verdaderamente garantice la seguridad, las paz, la igualdad soberana e integridad territorial y la solidaridad para todos los países del mundo.

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Alejandro Castro Espín

Alejandro Castro Espín

Ingeniero cubano y Doctor en Ciencias Políticas. Investigador de temas vinculados a la Defensa y la Seguridad Nacional. Autor del libro Imperio del terror (2009)