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Comienza el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su décima legislatura. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

En cuanto al objetivo de incrementar la producción nacional, con énfasis en aprovechamiento de las capacidades instaladas, Marrero Cruz dijo que con el propósito de incentivarla se redujo en un 50%, para todos los actores económicos, el pago de los aranceles por importaciones de materias primas y bienes intermedios, con un enfoque especial en la producción agropecuaria y de alimentos.

Para estimular la producción nacional aumentaron las tarifas arancelarias de algunos productos terminados. Por esta vía se captaron 610 millones de pesos, 502 millones más que en igual período de 2023.

En cuanto a las tierras entregadas en usufructo, el primer ministro dijo ante el plenario de la Asamblea Nacional que se avanza en el proceso de depuración y en la evaluación del uso que se le ha dado, un proceso en el que se han comprobado muchas violaciones.

“Hasta la fecha, se han depurado 388 000 tenentes, detectándose 130 000 ilegalidades”, informó.

A la par, comenzó el control integral a la existencia de ganado mayor y su registro. “Se ha visitado a 107 000 propietarios y se han detectado 98 000 violaciones, de las que se ha resuelto el 66%”.

Como parte de las medidas y acciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, se concibe el perfeccionamiento de la ONAT para impulsar correcciones en el ámbito tributario.

Marrero Cruz señaló que la ONAT se convirtió en entidad nacional adscrita al Consejo de Ministros, con facultades que no tenía. “Hemos incrementado las acciones en materia fiscal, se han recaudado 159 000 millones de pesos, 10% más que lo planificado, y se ejecutaron 122 000 acciones de fiscalización”.

Señaló, además, que la evasión de impuestos de las formas de gestión no estatal es de 50 000 millones, un tercio del déficit fiscal.

Más adelante, sostuvo que “aunque estemos en economía de guerra, necesitamos tener un plan objetivo”, en lo cual se inserta la reducción del déficit fiscal en más de 25 000 millones. 

“Fueron ajustadas varias partidas, incluyendo inversiones que no se han ejecutado”, precisó.

El primer ministro reconoció ante los diputados que los altos precios de productos y servicios básicos a la población siguen siendo una de las principales insatisfacciones. En ese ámbito, se decidió aprobar una nueva política de precios, para que estos reflejen las condiciones objetivas de sus mercados y la producción, y se regularon los precios de seis productos de alta demanda, una medida acompañada por la exoneración de aranceles. 

Los precios topados no reflejan aún la relación entre los precios y salarios. Marrero Cruz explicó que se toparon tomando en cuenta la necesidad de, al menos, detener su crecimiento.

Este proceso se ha desarrollado con intercambios con 4 363 encuentros con formas de gestión no estatal, comenzó el 8 de julio y se mantiene el seguimiento.

Según el primer ministro, entre los días 12 y 13 11 se hicieron 891 inspecciones y fueron detectadas más de 4 000 violaciones. Se impusieron más de 4 000 multas, que ascienden a un monto superior a 13 millones de pesos en dos días. Entre las violaciones, están las de quienes esconden los productos. 

“Estamos yendo a donde están los productos”, dijo, y precisó que como resultado de esas acciones se hicieron 354 ventas forzosas a los precios establecidos y se retiraron 53 licencias, a lo que sumaron 21 decomisos.

Aclaró que “el objetivo no es cerrar negocios, sino persuadir para que se cumpla lo establecido. Continuaremos con este enfrentamiento, realizaremos acciones conjuntas y sistemáticas. Es muy importante el control popular en este camino”. 

Hay 7 300 inspectores en la calle y “podemos llegar a 20 000. La solución definitiva a los altos precios es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población. Eso es progresivo. Pero hacen falta medidas como estas”, añadió.

Producción de alimentos

Las producciones agrícolas en el país mantienen la tendencia al incumplimiento de los planes. 

Sobre esta realidad, Marrero Cruz enfatizó que “es tarea de orden incentivar la producción nacional. No se alcanzan rendimientos adecuados. La responsabilidad de alimentar al pueblo sigue siendo del Gobierno. Si no contratamos, no sabemos el destino de esas producciones y se empiezan a vender a precios abusivos. Es vital incrementar la contratación de las producciones, evitar intermediarios”, dijo.

Al referirse al balance de alimentos, destacó cuán importante es definir qué necesita un municipio, qué puede producir, cómo empezar un proceso de compromiso de los balances a nivel de municipio. 

“Que los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. Hay que seguir librando esta pelea para identificar en el plan qué municipios se abastecerán, con qué productos. Es la esencia del empoderamiento, de la autonomía de los municipios”, apuntó.  

Al cierre de junio, se había contratado el 95% de los productos agrícolas, “un proceso que

no ha estado exento de dificultades. En los municipios, se debe influir para contratar la mayoría de las producciones, en aras de garantizar el acopio por el Gobierno y en beneficio de lo que se comercializa al pueblo”.

Según el primer ministro, a pesar de las acciones emprendidas no se logra que todos los territorios identifiquen las potencialidades con que cuentan. “Ratificamos que los alimentos más seguros con que podemos contar son los que seamos capaces de producir”, dijo.

En el sector azucarero no se logró la producción planificada para satisfacer la demanda, aunque de 83 días se pasó a 150. “Tenemos que incorporar la inversión extranjera en la producción azucarera en el país”, dijo Marrero Cruz. “Hubo limitaciones de recursos, como combustibles y lubricantes, e incidieron deficiencias internas por problemas organizativos”.

En este punto, el primer ministro informó que se aprobó promover negocios que contribuyan al cumplimiento de las 93 medidas para salvar la industria azucarera. 

Ley de Empresas

Uno de los objetivos del programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía es avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país y en la integración entre todos los actores económicos.

El primer ministro explicó que las acciones desarrolladas han estado enfocadas en la elaboración de la Política para la Ley de Empresas, la actualización de las normas jurídicas para los nuevos actores económicos y ordenar las relaciones entre los diferentes actores.

Esta semana se ha celebrado un debate de varias comisiones permanentes del Parlamento sobre esa política, que fue aprobada para avanzar en la elaboración de la ley.

Marrero Cruz habló sobre empresas que van más allá de arrendar capacidades ociosas o articular con las FGNE y alquilan, ceden sus instalaciones y capacidades, afectando su producción e incluso a sus propios trabajadores.

“Estamos estimulando el encadenamiento productivo. No podemos prohibir a una mipyme que una empresa le alquile los talleres. Pero con las empresas estatales sí tomaremos medidas. Hay que defender el encadenamiento productivo para estimular la producción sin afectar a la empresa”, señaló.

“Debe haber un proceso de licitación, escoger al mejor, y tiene que ser una decisión colectiva. En el contrato se deben negociar los precios justos”, añadió.

Insistió en que se debe verificar que el actor no estatal que va a contratar con la empresa tenga en el objeto social esa actividad, y que los dueños de esas mipymes no sean familiares de directivos de la empresa, o exempleados de esta.

Más adelante, el primer ministro adelantó que durante el segundo semestre de este año se avanzará en el perfeccionamiento de las estructuras y funciones del sector empresarial estatal, que prevé ordenar las UEB, cuáles pueden pasar a empresas filiales o a mipymes estatales, así como el análisis de la relación entre empresas y OSDE.

A modo de resumen, enumeró los principios que regulan las relaciones entre el sector estatal y las FGNE:

• Fomentar el encadenamiento productivo y no ceder capacidades productivas.
• Reforzar el carácter obligatorio de los procesos de licitación y concertación de precios.
• Verificar que el actor no estatal tiene en el objeto social la actividad que se

pretende realizar.

• No podrán contratarse cuando el socio o titular del negocio tenga vínculos de parentesco o haya trabajado en la entidad.
• Las entidades estatales no pueden exceder el límite de gastos aprobados

para realizar compras a las FGNE.

En esta etapa, las unidades presupuestadas pagaron 4 750 millones de pesos a personas naturales y otras FGNE, un incremento de 990 millones de pesos con relación al año anterior.

Marrero Cruz apuntó que ante esta tendencia se establecieron regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos del sector estatal al no estatal, estableciendo aceptar precios que contengan una utilidad de hasta el 30%.

“No se puede permitir que haya más de un 30% de ganancia. Hoy, a veces se aplica hasta el doble o el triple de ganancia”, dijo. 

En este contexto, se desarrolló un amplio proceso de análisis y consultas con ministerios, diferentes actores económicos, Gobiernos provinciales y municipales y diputados sobre seis decretos leyes luego aprobados, con la intención de aplicarlos desde septiembre. 

El primer ministro dijo que las normas que se implementan permitirán corregir las distorsiones generadas por vacíos en las normas anteriores y por violaciones de lo establecido.

Las normas incluyen seis decretos leyes, dos decretos y 17 resoluciones de diferentes ministerios 

Entre las principales modificaciones que se generan están que el municipio debe incentivar que todos los actores económicos tributen al desarrollo territorial, cambios en las normas jurídicas para mipymes y CNA y la descentralización de la facultad de aprobación de las mipymes privadas y CNA a los Consejos de Administración Municipales (CAM), siempre que estén en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal, solucionen necesidades del territorio o sean de interés provincial o nacional.

Regulaciones y nuevos parámetros para la aprobación de los objetos sociales de las mipymes:

• La apertura de establecimientos fuera del domicilio legal con aprobación del CAM correspondiente. Antes esto no tenía control. Ahora debe presentar en el municipio la solicitud, si quiere expandirse. Se establece con ello un control de la cantidad de trabajadores. 
• La declaración de la licitud del origen de los fondos, en el ejercicio de las actividades que 
• Nuevos requisitos para ser socio o administrador.
•  Se establece que se implementa un sistema de control interno.
• Obligación de los socios de no actuar en representación o interés de otra persona, constituyéndose como testaferros.
• La responsabilidad social empresarial.
• Las mipyme estatales siguen siendo aprobadas por el MEP.
• Según las nuevas regulaciones, se exige la condición migratoria del residente efectivo, para ser socio de una mipyme o CNA.
• Se ampliaron los plazos de aprobación..

Los cambios en normas jurídicas del trabajo por cuenta propia establecen limitar los contratados por el TCP hasta tres personas, incluidos familiares; la obligatoriedad de afiliación a la seguridad social; la ampliación de los plazos de aprobación, y que los TCP que tengan anualmente un nivel de facturación superior a la cifra establecida por las autoridades competentes, deben reconvertirse a personas jurídicas.

“No es una cruzada contra las FGNE, no es un paso atrás. Ratificamos lo aprobado en el congreso del PCC y lo refrendado en la Constitución de la República. No se trata de prohibir, sino de corregir, reorientar, conducir y lograr que cada actor económico juegue el papel que le corresponde”, aclaró el primer ministro.

En el periodo se hizo el levantamiento de las 608 mipyme que han declarado pérdidas, comprobándose en la mayoría de los casos que responden a un mal manejo de la contabilidad. “Si es por falta de conocimientos, estamos dispuestos a ayudarlos a mejorar la contabilidad”, dijo.

Recalcó que “el factor principal de la economía debe ser la empresa estatal socialista. Potenciarla. Pedimos a todo el que quiera abrir un negocio que contribuya al pueblo, que se integren a nuestra empresa estatal. 

Precisó que están definidas estructura y funciones, están seleccionados los principales cuadros y se acondiciona la sede del nuevo Instituto para la Atención a los Actores Económicos . “Se aprobó su constitución oficial y estará funcionando en septiembre”.

A la vez, se actualizan las normas que regulan los proyectos de desarrollo local y se trabajará en la revisión de algunas empresas que ofrecen servicios que son ejecutados por personas naturales, que no están sujetos a estas normas.

“La implementación del perfeccionamiento de los diferentes actores económicos y las relaciones entre ellos será una prioridad en el segundo semestre”, afirmó Marrero Cruz.

También informó sobre la aprobación de una nueva política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques, su comercialización o importación:

• Los vehículos de motor y carrocerías de uso que estén disponibles dentro del país, se comercializarán en moneda nacional.
• Permitir la importación de vehículos a personal diplomático, representantes de empresas cubanas en el exterior y las misiones de colaboración.
• Incorporar para la importación de vehículos de motor nuevos requisitos que

garanticen la compatibilidad técnica.

• Autorizar que SASA pueda importar y comercializar carrocerías de vehículos de motor y cuadros de motos, en divisas convertibles, exclusivamente como reposición.
• Autorizar la transmisión de propiedad entre las personas naturales y jurídicas (excepto las diplomáticas extranjeras), cumpliendo el régimen tributario correspondiente.
• Se acota la cantidad y tipos de vehículos a importar por las FGNE.
• Se autoriza la importación de motos de combustión y triciclos.

Desarrollo territorial y facultades municipales

En otro momento de su intervención ante los diputados en el tercer periodo de sesiones de la décima legislatura, el primer ministro abordó la importancia de avanzar en la gestión estratégica de desarrollo territorial como otro objetivo,buscando fortalecer a los municipios como instancia fundamental. 

Respecto a los presupuestos provinciales y municipales, se ha logrado una reducción del déficit en 5 520 millones de pesos. También se ejecuta el plan a nivel municipal para enfrentar la evasión fiscal, cobrar las multas para captar los ingresos potenciales y avanzar para que todos los municipios sean superavitarios. 

Marrero Cruz comentó que se han dado pasos en el proceso de descentralización de competencias a los municipios. Por ejemplo, se han traspasado o autorizado a crear 112 empresas en 106 municipios, para fomentar los sistemas agroalimentarios municipales. 

“En la creación de estos sistemas agroalimentarios locales ha habido deficiencias en los traspasos de recursos y el tratamiento a las deudas bancarias, asuntos que no se solucionan”, advirtió.

Explicó que las estrategias de desarrollo municipales y provinciales se actualizan cada año, muchas veces de manera formal. Otro asunto en análisis es lo establecido sobre la contribución territorial para el desarrollo local.

Además, se pretende transformar el entorno institucional, regulatorio y organizativo del funcionamiento de la economía. En ese sentido, está aprobada y se implementa la política para el redimensionamiento del sector presupuestado. Se priorizan las acciones en las administraciones locales y está en proceso de circulación la propuesta de Decreto sobre las Instituciones Presupuestadas, que establecerá el régimen jurídico general.

Marrero Cruz informó sobre la elaboración de una propuesta de perfeccionamiento de la Administración Central del Estado, así como la actualización de las misiones y funciones específicas de los OACE, y consideró que se avanza en el perfeccionamiento del trabajo de los ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación, así como del Banco Central de Cuba. 

Sobre las estructuras de los OLPP, señaló que mantienen la insatisfacción, pues no se avanza en el completamiento de las plantillas ni en el perfeccionamiento de las funciones. En cuanto a los cuadros, comentó que se continúa trabajando en fortalecer su actividad, por su alta incidencia en el cumplimiento de estos objetivos. 

Paralelamente, se diseñó el procedimiento para la caracterización del trabajo de los intendentes, implementado en un primer momento en La Habana para su validación con el propósito de generalizarlo al resto de las provincias. 

Según Marrero Cruz, han sido movidos de sus cargos 137 intendentes, 18 de ellos este año.

“A partir de las insuficiencias detectadas en muchos cuadros, debemos trabajar en una mejor selección y una mayor preparación y superación”, comentó.

“En la anterior sesión de la ANPP nos referimos a cómo debe ser un cuadro en tiempos de crisis. Sobre ello, el General de Ejército fue bien claro cuando afirmó el 1 de enero, en Santiago de Cuba, y cito: ‘Quienes, por insuficiente capacidad, falta de preparación o simplemente por haberse cansado, no estén a la altura que exige el momento, deben ceder su puesto a otro compañero o compañera dispuesto a asumir la tarea’. Tenemos que llevar a la práctica este concepto”.

Política social, vivienda, protección de personas y hogares en vulnerabilidad

Al abordar cuestiones de la política social, el primer ministro cubano abordó otro de los objetivos del programa, que se refiere a impulsar en esa área y en los mecanismos de protección a personas, familias y hogares en situación de vulnerabilidad.

“Los programas sociales funcionan y se mantiene el seguimiento a la dinámica demográfica; las políticas de niñez, adolescencia y juventudes y contra el racismo y la discriminación racial; el Programa para el Adelanto de las Mujeres y la revalorización de la ruralidad”, precisó.

En este último ámbito, se concentran acciones y recursos en 98 comunidades con el objetivo de iniciar procesos de transformación conducidos por los Gobiernos.

Respecto al programa de la vivienda, Marrero Cruz señaló que sigue sin avanzar en correspondencia con las necesidades que demanda la población. 

“Si bien han incidido las limitaciones con el cemento y el acero, es insuficiente la producción de materiales locales”, señaló, aun cuando hay territorios que cuentan con yacimientos de materiales para la construcción.

Hoy, aun en difíciles condiciones económicas, el presupuesto del Estado destina más de 5 900 millones de pesos, para respaldar la asistencia social en la protección a 186 707 familias integradas por 324 140 personas, así como a un grupo de servicios, entre ellos los de asistentes sociales a domicilio (18 448 personas) y la atención a 3 660 madres o padres de hijos con discapacidad severa.

En la protección a embarazadas en situación de vulnerabilidad, se han entregado prestaciones monetarias temporales a 983; 123 han sido beneficiadas con el servicio de atención a la familia; 1 469 han recibido cunas y colchones, y se han entregado otros recursos a 1 661.

Otros pasos han sido el desarrollo de acciones de transformación en 1 248 comunidades en situación de vulnerabilidad (en 649 con acciones de infraestructura), beneficios a 317 000 trabajadores de la salud y a 400 000 de la educación (ralentizándose el éxodo profesional e incorporándose 10 000 docentes y 2 000 no docentes) y la identificación de más de 222 000 personas personas desvinculadas del estudio y el trabajo, para cuya incorporación se ejecutan acciones.

Igualmente, se hizo el levantamiento para corregir las distorsiones de los niveles de empleo informal, que representa un 20% del total de los ocupados en la economía. Fue aprobada la extensión, de 12 a 15 meses, de la protección social por maternidad para la mujer trabajadora y a la familia, y se han creado 221 casitas infantiles, una experiencia que se generaliza.

También se aprobaron las medidas integrales para el enfrentamiento a la fecundidad adolescente como un fenómeno social, partiendo de la responsabilidad social de las familias, los OACE y las organizaciones implicadas en este proceso, y el registro para la atención, seguimiento y monitoreo de la violencia de género en el escenario familiar, con el fin de disponer de la información integral para atender sus causas y consecuencias, en correspondencia con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.

Dinámica demográfica y mortalidad infantil

Disminuye tasa de mortalidad infantil en 2024, pero consolidar los indicadores requiere esfuerzo intersectorial

El primer ministro se refirió, además, a la dinámica demográfica del país. “La población cubana continuará la tendencia al decrecimiento, se envejecerá y se urbanizará”, dijo, y añadió que el envejecimiento poblacional está hoy en el entorno del 23%. Fallecen más personas que las que nacen y se reporta un decrecimiento en más de 8 000 nacimientos con relación al cierre del primer semestre del año anterior.

Al cierre de junio, la mortalidad infantil era de 7.5 por cada 1 000 nacidos vivos, un decrecimiento con respecto a igual periodo del 2023.

Prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción e ilegalidades

También se aprobó la actualización o implementación de las directivas generales para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Según el informe presentado por Marrero Cruz, el registro delictivo se mantiene elevado, aunque con un decrecimiento de un 10% con relación a meses anteriores. Se incrementan las acciones de prevención y enfrentamiento, así como la respuesta penal y penitenciaria con rigor.

Los delitos contra el ganado se han reducido un 20%, aunque continúan siendo altos.

Persisten ilegalidades en el ordenamiento urbanístico, la vivienda, la creación de puntos de ventas, la ocupación de inmuebles estatales y particulares, entre otros, lo cual es enfrentado, restituyéndose la legalidad.

Como parte del enfrentamiento, se analizan sistemáticamente hechos relacionados con combustibles, carga y traslado de productos alimenticios, la operación puerto-transporte-economía Interna, fraudes eléctricos y otros que por su gravedad así lo aconsejan, así como hechos de corrupción, muchos relacionados con los vínculos con las FGNE.

En esta área, se implementa la metodología de rendición de cuentas de los dirigentes administrativos, que contribuirá a un mayor control popular de la gestión y cuidado de los recursos.

“El enfrentamiento policial no sustituye la responsabilidad del control administrativo. Es imprescindible incrementar el control en la fábrica, los almacenes y los centros de elaboración”, dijo el primer ministro, que mencionó la necesidad de fortalecer el control y protección de los recursos, eliminar distorsiones en las relaciones entre actores económicos estatales y no estatales, y reducir las violaciones de la seguridad informática y las asociadas a la ciberseguridad.

Al abordar las temas prioritarios en los que se debe trabajar, enumeró la política monetaria, de precios y de control fiscal; el fomento de la producción nacional y la oferta a la población; el  incremento de los ingresos en divisas del país y la diversificación de las exportaciones, y el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y el redimensionamiento del sector presupuestado.

Además, el perfeccionamiento de los actores económicos no estatales; el control y seguimiento al plan de la economía y al presupuesto estatal; el fortalecimiento de los municipios; la atención priorizada al desarrollo de los programas sociales y la recuperación de la calidad de servicios vitales, y el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades.

“Tenemos un pueblo de patria o muerte por el cual seguiremos en combate, convencidos de que sí se puede”, dijo el primer ministro al cerrar su intervención en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.