Cubadebate

En la Comisión de Asuntos Económicos, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, presentó la propuesta de política para la actualización del sistema tributario cubano.

Según el ministro, la propuesta incluye no solo la estructura de los impuestos, sino todos los procedimientos de gestión, fiscalización y control fiscal.

“Estamos en el año 12 de la implementación de la Ley del Sistema Tributario, la Ley 113”, recordó.

“Varios procesos trascendentales como el surgimiento de nuevos actores económicos, la aprobación de otros cuerpos normativos que han incidido en el dinamismo de nuestro sector económico, como la Ley de Inversión Extranjera, requieren de una actualización en materia tributaria”, afirmó.

Regueiro Ale explicó que en Cuba se aplican 25 tributos (19 impuestos, tres tasas y tres contribuciones).

Puntualizó que no existen las condiciones necesarias en lo económico y lo social para implementar los impuestos sobre la propiedad de viviendas y solares yermos y sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas.

“Uno de los cambios fundamentales que hacen que abordemos de una manera diferente la aplicación de los tributos es el crecimiento exponencial de los contribuyentes, tanto personas jurídicas como naturales”, dijo.

El ministro reconoció a los nuevos actores económicos, fundamentalmente las mipymes (más de 10 000 han sido inscritas en el registro de contribuyentes), y los trabajadores por cuenta propia.

Cuba se distinguió en América Latina por la capacidad de captar y movilizar recursos importantes para la financiación de un presupuesto considerable en relación con los programas sociales que lo integran, explicó Regueiro Ale.

“Sin embargo, tuvimos un punto de inflexión importante que trastocó esta capacidad. Fue con el ordenamiento monetario y un grupo de medidas que se adoptaron desde la perspectiva tributaria en función de acotar los crecimientos naturales que implicaba este proceso en relación con el crecimiento de la inflación”, señaló.

Según el ministro, se ha reducido la capacidad de captar tributos a favor del presupuesto. “No necesariamente se debe ganar tan solo por incremento del número de impuestos o de los tipos impositivos, sino por la ampliación de las bases de contribución y, sobre todo, por la generalización de sujetos obligados a su pago”.

Regueiro Ale comentó que se elaboró un diagnóstico, que señaló las principales deficiencias o inconformidades con el sistema tributario cubano, y un grupo de propuestas por tipo de impuesto “para las principales cuestiones que se deben modificar”.

La propuesta

En el caso de los impuestos sobre los ingresos personales, se propone sustituir la residencia temporal o definitiva por el concepto de residencia fiscal como criterio de sujeción al pago del impuesto; generalizar gradualmente la obligación de liquidar y pagar el impuesto al cierre del ejercicio fiscal mediante la presentación de declaración jurada.

Además, modificar la escala progresiva general para la liquidación anual (incrementar el número de los tramos y el valor de los rangos, disminuir el tipo impositivo previsto para el primer tramo y establecer un tipo impositivo máximo del 50% para los que excedan el último tramo), y homogenizar la aplicación del impuesto para las distintas fuentes de ingresos, como salarios y otras remuneraciones.

La propuesta para este tipo de tributo también incluye:

-Ratificar el concepto de mínimo exento en un valor de la canasta de bienes y servicios, y regular su deducción por un sola una vez.

-Incorporar incentivos fiscales en la liquidación del impuesto vinculado a las políticas sociales aprobadas.

-Ratificar para los productores agropecuarios el tratamiento diferenciado en la aplicación del impuesto aprobado como incentivo a la producción.

-Retomar el cálculo y pago anual del impuesto aplicando la escala progresiva establecida con carácter general.

-Eliminar el régimen simplificado de tributación para los TCP.

-Regular la deducción del mínimo exento y de gastos para el cálculo y pago del impuesto sobre las gratificaciones.

En cuanto a los impuestos sobre utilidades, el ministro explicó que la política incluye ratificar la aplicación del impuesto per cápita a las formas cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, y ratificar el tipo impositivo de hasta el 35%, aplicable a la utilidad imponible (en empresas que generen utilidades superiores, incrementar el aporte mínimo por rendimiento de la inversión estatal y dividendos).

Igualmente, revaluar los incentivos aprobados de las exportaciones, para los parques científico-tecnológicos, las entidades de alta tecnología, los regímenes especiales de la inversión extranjera, para la ZED Mariel y el sector agropecuario.

Para los impuestos sobre ventas y servicios, transitar a un impuesto al valor añadido (IVA), cuya gradualidad será definida teniendo en cuenta la necesidad de crear condiciones técnicas como incrementar el nivel de bancarización de las operaciones de cobros y pagos.

Este paso requeriría, además, actualizar los sistemas automatizados de contabilidad y acciones de capacitación.

La propuesta para la transmisión de bienes y herencias (uno de los impuestos al patrimonio) incluye establecer el pago de los impuestos asociados a las compraventas y donaciones de autos y viviendas entre particulares de forma simultánea al acto de transmisión, y actualizar los valores referenciales de autos y viviendas.

En los impuestos sobre el transporte terrestre, el ministro comentó que se propone actualizar los importes a pagar, incrementando las cuantías hasta tres veces según el tipo de vehículo. Incorporar criterios medioambientales, como el tipo de combustible utilizado, para definir cuantías, es otro de los aspectos del proyecto de actualización.

Para el impuesto sobre documentos, incrementar las cuantías por tipo de trámites y favorecer el uso del sello electrónico.

Se propone incrementar 1.5 veces las cuantías para el pago del impuesto sobre la ociosidad de las tierras agrícolas y ceder a los presupuestos municipales las recaudaciones.

Con respecto a los impuestos medioambientales, la propuesta incluye perfeccionar las bases y tipos impositivos en la medida en que se desarrollen las condiciones técnicas para medir los impactos medioambientales por los sujetos obligados al pago.

Concluir los estudios de factibilidad para incorporar nuevos tramos de carretera gravados e incrementar los importes actuales, y actualizar el importe de la tasa de servicios de aeropuertos a pasajeros a 40 USD, también son parte de la política de actualización.

En cuanto a la contribución a la seguridad social, se evaluará incrementar el tipo de gravamen que pagan los empleadores y la definición de una prestación máxima de seguridad social.

Una de las propuestas relacionadas con la contribución territorial para el desarrollo local es extender su aplicación a las personas naturales que desarrollan actividades económicas autorizadas.

Para los presupuestos locales, se propone establecer nuevos tributos en la modalidad de tasas, vinculados a servicios o actividades que las administraciones locales garantizan a las comunidades y la población, o por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público del municipio, y reconocer las facultades de los Gobiernos locales para adecuar elementos de cuantificación de los tributos, dentro de los marcos previstos en la ley, en función de las características de los territorios.

La mayor cantidad de propuestas en la política de actualización se encuentra en los procedimientos tributarios, que establecen ampliar las facultades de la ONAT y los supuestos de aplicación del embargo preventivo, y organizar el régimen de reclamaciones en sedes administrativas y judiciales.

Se propone ratificar la facultad del Ministerio de Finanzas y Precios para aprobar beneficios fiscales y su responsabilidad de rendir cuentas ante el Parlamento.

La política establece el reconocimiento de la posibilidad de cobrar determinados impuestos para operaciones específicas en moneda extranjera.

La nueva Ley del Sistema Tributario y su Reglamento, de acuerdo con la propuesta de actualización, sería emitida en un decreto. El MFP promulgaría las resoluciones complementarias de la legislación.

Luego de la presentación, los parlamentarios opinaron sobre la propuesta de política de actualización del sistema tributario.

El diputado Carlos Miguel Pérez sugirió que, en lugar de utilizar cuantías fijas en el texto, se use “algo más dinámico”, como las cuotas.

“Lo digo en función de que esta es la razón por la que las normas se ponen viejas en un escenario como el que estamos viviendo hoy”, explicó.