Cubadebate

Protestas contra las medidas económicas impulsadas por el presidente argentino, Javier Milei, en la ciudad de Córdoba. Foto AFP.

Después de un paro de 12 horas y la movilización más importante a nivel nacional de los últimos años con un respaldo único de trabajadores a nivel internacional —marcha que se produce 45 días después de asumir el gobierno—, el ultraderechista Javier Milei, junto a sus principales funcionarios, minimiza estas acciones y presenta cifras falsas.

Más aún, el mandatario incrementó sus amenazas a los gobernadores, de que los va “a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos", de acuerdo con el periódico Clarín, del grupo monopólico del mismo nombre.

Los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos, se reunieron con el titular de la secretaría de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Provincias “para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.

Milei sostuvo que no era “una amenaza”, sino la confirmación de cumplir con el mandato de la mayoría de los argentinos. Lo que no dice es que una buena parte de sus votantes se están retirando y continúa bajando la popularidad del Gobierno en más de diez puntos de acuerdo con consultoras locales.

Hay molestia entre los gobernadores, uno de los cuales, Ricardo Quintela, de La Rioja, se plantó desde el principio cuando el Gobierno nacional dejó de enviar el dinero que les correspondía y fue tomando medidas para resolver las necesidades de su población.

En el otro extremo se ubica al gobernador presuntamente peronista, Osvaldo Jaldo, para quien el Gobierno levantó el articulado que se refería entre otros a la producción azucarera y que sorprendió al declarar que negoció con los enviados de Milei. Por esa razón, los tres diputados tucumanos de la peronista Unión por la Patria, que tiene la cifra más alta (102 legisladores), firmaron el dictamen y conformaron un bloque bajo el nombre de “independencia”.

La realidad es que existe una fragmentación nunca vista de bloques en la cámara baja, lo cual agrega más complejidades a la temática. El titular de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), el diputado Rodrigo De Loredo, respondió a Caputo, señalando que “si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley”.

Una de las figuras que se destacan por su coherencia es el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuya valentía y sensatez marcan una línea de esperanza. Y en entrevista con el portal digital El Destape sostuvo que muchos de los que firmaron el dictamen para la ley ómnibus “no conocían el texto”, repudiando, además, la actuación de los legisladores “dialoguistas” que acompañaron el proyecto del oficialismo.

Pero lo más importante es que Martínez advirtió que bajo ninguna circunstancia se puede votar por delegar todas las funciones al Ejecutivo, lo que llevaría a suspender el Congreso por un año. Este es el planteo de algunos dialoguistas que habían cambiado el artículo que disponía que se transfiriera todo el poder al Ejecutivo por dos años con la posibilidad de prorrogarlo a dos años más.

Si esto sucediera en pocos meses y a decretazos, el gobierno de Milei terminaría con el país, entregando tierras, mares y ríos, y todo su plan similar a los que marcaba la última dictadura militar.

Lo cierto es que el Gobierno creía que ya tenía asegurado el triunfo con las modificaciones de más de 100 artículos y el dictamen logrado, y se encontró rápidamente con la realidad de que, de 55 votos de dialoguistas, 34 tenían serias disidencias con varios temas claves, y, además, no habían leído lo enviado por el gobierno de La Libertad Avanza, y muchos de los cambios logrados en el debate no figuraban en el dictamen que habían firmado.

Esto obligó al Gobierno a levantar la sesión programada para antier y fijar el plenario para el próximo martes, cuando creían que ya tenían la partida ganada. Pero, además, se agrega el escándalo de las presiones extorsivas, amenazas y las sospechadas de las reuniones secretas con diputados fuera del recinto. El Gobierno y sus protectores externos, están enfrentando una realidad que no consideraban posible, desconociendo la capacidad de reacción de los trabajadores y todos los organismos y la población condenados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la llamada ley ómnibus.

Tampoco imaginaron el descrédito a nivel internacional, con el apoyo brindado al paro y la movilización, además, de que los medios masivos , comprometidos con demasiados intereses, no han podido acallar a sus pares de varios países del mundo. La verdad está circulando como dicen aquí y todos saben que “la patria no se vende”.

(Tomado de La Jornada)