Cubadebate

Betsy Díaz Velázquez, ministra del MINCIN, durante su intervención en la comisión de Atención a los Servicios. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

El comercio interior fue objeto de debate de la comisión de servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), con la participación del presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Esteban Lazo hizo un llamado a garantizar ofertas comerciales para personas de bajos ingresos, sobre todo mediante el fomento de la gastronomía popular.

“Una parte importante de la población, sobre todo en situación de vulnerabilidad, no puede acceder a otro servicio que no sea la gastronomía popular. Debemos garantizar ofertas a bajos precios, y los administradores de estas unidades deben tener una enorme sensibilidad”, dijo.

También exhortó a buscar intersectorialidad en el desarrollo de los Sistemas de Atención a la Familia (SAF), a que todos los actores alrededor de estos centros los apoyen, y exista sistematicidad en el control popular.

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz explicó que el sistema de perfeccionamiento del comercio y la gastronomía se dirigió, desde un inicio, a buscar servicios ágiles, con mayor eficiencia y calidad. “En ese sentido, existen muchos ejemplos positivos de unidades que se transformaron, pero también hay casos negativos”.

Marrero Cruz señaló que un asunto polémico es que los lugares donde funcionaban cafeterías estatales fueron dados en arrendamiento a formas de gestión no estatal. “Algunos elementos han fallado en ese camino, donde parte de la población quedó desprotegida. Por eso debemos revisar qué está establecido y corregir lo necesario, en aras de cumplir los objetivos por los cuales fueron tomadas estas medidas en un principio”, dijo.

También criticó que el desarrollo estatal en ofertas gastronómicas ha sido mayormente en restaurantes, en vez de destinar los recursos a cafeterías y puntos de venta, que son capaces de impactar en mayor número de personas.

El primer ministro se refirió a la necesidad de que exista autogestión, a la importancia de una diferenciación en cuanto a precios en la gastronomía popular y a la cultura del detalle en estos lugares.

En un informe presentado por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, se explicó el devenir de la gastronomía popular, que en 2014 contaba con 8 984 establecimientos en el país; y en la actualidad dispone de una red ajustada de 3 790 unidades, de las cuales un 52% son gestionadas por actores no estatales y un 48% por actores estatales.

Entre las principales deficiencias en la red estatal destacan que solo el 25% de los establecimientos están integrados en UEB de la gastronomía perfeccionada; existe una limitación de facultades y falta de autonomía económica, comercial y financiera en el funcionamiento de la UEB; no hay estabilidad en las ofertas y diversificación de los servicios; es insuficiente la autogestión para asegurar las ofertas y no se generan ingresos que permitan cubrir la totalidad de gastos.

Como aspectos positivos, la ministra destacó el desarrollo de la categorización de los establecimientos, la obtención de la licencia sanitaria; así como la implementación de la identidad visual y los canales electrónicos de pago.

En cuanto a los SAF, informó que hoy existen 59 697 censados, en una red de 1 445 unidades. No obstante, han disminuido los censados después de la pandemia, lo cual denota dificultades en la determinación de personas que deben acceder a esos servicios.

Díaz Velázquez dijo que estas unidades han mantenido un precio de 13 CUP por comida, aun cuando los productos poseen un costo elevado para las entidades.
Sobre las problemáticas que han presentado los SAF, reconoció la inestabilidad de los aseguramientos, el incumplimiento de los requerimientos nutricionales, el insuficiente ingreso para cubrir los gastos, la falta de incremento de las ofertas, entre otros.

El empleo de plataformas electrónicas en el comercio interior y los resultados de la comprobación realizada por los diputados a esa actividad, fueron sometidos a debate en la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En la sesión participaron el vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di Lella y las ministras de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.

El resumen de la comprobación, presentado por el diputado Raidel Montesinos, explica que el comercio electrónico incluye toda actividad comercial mediante el uso de las TIC, aunque en Cuba tiene un marcado enfoque hacia los pagos electrónicos.

En cuanto al comercio de bienes y servicios en general, trascendió que más de siete millones de usuarios emplean las plataformas Transfermóvil y Enzona.

Entre los servicios más pagados por vía electrónica destacan la telefonía (88%), la electricidad (59%) y el agua (7.5%), de acuerdo con datos de septiembre de 2023.

Ministerios como el de la Industria Alimentaria presentan mayor habilitación del pago electrónico, con un 88%. Mientras, el Ministerio de la Agricultura tiene el porcentaje más bajo de ese indicador, calculado en 12% al cierre de octubre, fundamentalmente en mercados agropecuarios.

Alrededor del 70% de las instalaciones dedicadas al comercio minorista de bienes o servicios ya tienen habilitadas las opciones de pago electrónico por las pasarelas de pago nacionales, lo cual es “un primer paso muy importante”, dijo Raidel Montesinos.

Los canales de pago electrónico están habilitados en más de 26 000 instalaciones del Mincin, según datos del cierre de octubre y, al finalizar noviembre, el 77% de los establecimientos ya contaban con esta facilidad.

En octubre de 2023, los ingresos del Mincin por canales electrónicos (tanto en comercio mayorista como minorista) fueron de 2 391 079 pesos, un 4.4% de los ingresos totales del organismo.

Entre las dificultades que salieron a la luz durante la comprobación se señalaron irregularidades en el funcionamiento del pago electrónico, la excesiva toma de datos al consumidor, atrasos en la contratación y activación de los códigos QR, la deficiente aplicación de incentivos a los trabajadores del comercio y la negativa de los actores económicos no estatales para recibir el pago por canales electrónicos.

Las propuestas planteadas incluyen avanzar en la implementación del programa de transformación digital del Mincin, controlar eficientemente lo establecido en el marco legal con relación al comercio electrónico, continuar la aplicación de incentivos a todos los actores relacionados con este comercio y evaluar la disminución en el costo de las comisiones por el uso de las plataformas de pago electrónico.

Igualmente, se propuso actualizar permanentemente los catálogos de las tiendas virtuales cubanas y sus aplicaciones asociadas, ampliar la cultura digital de la población y las organizaciones, exigir con más énfasis los derechos establecidos con relación a los pagos electrónicos, y perfeccionar el sistema de información para los indicadores del comercio electrónico.

Betsy Díaz recordó que desde 2018 funciona un grupo de trabajo para desarrollar el comercio electrónico, al cual están incorporadas las empresas estatales. Este proceso fue dinamizado por la irrupción de la pandemia de covid-19 y el impulso a la bancarización desde agosto de este año.

Algunos diputados se refirieron a los avances en el pago electrónico en provincias como Santiago de Cuba, mientras otros, de Pinar del Río, mencionaron irregularidades con actores no estatales que ofrecen a los clientes sus tarjetas personales como destino de las transferencias.

La ministra de Comercio Interior señaló que el comercio electrónico es un proceso necesario en el sector, pero hay desconocimiento y resistencia, por lo que una de las tareas más importantes se basa en el convencimiento y en aumentar la cultura de la población sobre estos temas.

“Las personas deben entender, por ejemplo, que no es lo mismo una transferencia que un pago en línea, pues los beneficios de los descuentos solo se obtienen mediante pagos en línea”, dijo.

Por su parte, la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, destacó el esfuerzo del país por contar hoy con dos pasarelas de pago y recordó que después del 2 de febrero próximo será obligatorio para los actores económicos establecer canales de pago electrónico.

“Tenemos que exigir a los servidores públicos que cumplan lo establecido por la dirección del país, y nuestra tarea fundamental en estos meses es explicar la necesidad del pago electrónico a los actores económicos”, afirmó.

Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la ANPP. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

El Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu) actualizó a la Comisión de Industria, Construcciones y Energía sobre el cumplimiento del Acuerdo 8574/2019, Ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales.

La presentación ―a cargo de la vicepresidenta del Inotu, Yordanka Vázquez― contó con la participación de la viceprimera ministra, Inés María Chapman Waugh, y el presidente del Instituto, Raúl Acosta Gregorich.

Vázquez informó desde que comenzó la implementación del decreto en mayo de 2019 hasta el cierre de 2023 “se han radicado 340 178 trámites, de ellos 306 178 han sido aprobados y 29 495, no aprobados, y se encuentran pendientes 4 131”.

El mayor porcentaje de “radicación” fue registrado en La Habana (55 494), Holguín (36 285), Matanzas (28 696), Santiago de Cuba (26 720) y Granma (26 686).

La segunda presentación del Inotu abordó el cumplimiento de las directivas generales sobre prevención y enfrentamiento a delitos, corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales.

En 2023 fueron detectadas 19 123 ilegalidades (18 920 de personas naturales y 203 de jurídicas).

La vicepresidenta del Inotu informó que han sido eliminadas 18 592 ilegalidades (97%) y quedan pendientes 531.

Citó como causas principales la falta de sistematicidad en el control territorial, “poco vínculo” de los inspectores con los consejos populares y falta de vigilancia “de todos los factores en los territorios y los responsables de prevenir y enfrentar las ilegalidades”.

La especialista mencionó ilegalidades como la construcción ilegal de viviendas sin autorización en suelos no urbanizados, la ocupación de locales e inmuebles sin uso y la violación de regulaciones urbanísticas.

En la tarde de este martes, la Comisión de Industria, Construcciones y Energía también realizó un balance de su trabajo durante 2023.

Los más de 30 diputados que la componen analizaron el cumplimiento de las fiscalizaciones indicadas, el chequeo de acuerdos y la aprobación del plan de actividades de esa Comisión para el año próximo.