Cubadebate

En las dos emisiones de este podcast, abordamos el tema que tiene muy nerviosos a quienes suelen incendiar las redes incitando a sus audiencias a cometer actos violentos dentro de Cuba.

Desde el pasado viernes 8 de diciembre, cuando en la Gaceta Oficial se publicó la Resolución 19/2023 del Ministerio del Interior, que recoge el listado de comisores de actos terroristas contra Cuba desde 1999 hasta la fecha, los incluidos en la lista han comenzado a desdecirse, mientras medios de Estados Unidos y de la derecha regional sugieren que Cuba ha incluido a influencers en su lista de terroristas.

¿De verdad merecerían ser llamados así quienes llevan años presumiendo a viva voz y en cuanto medio se abriera a ellos que han elegido la vía violenta para derrocar a la Revolución?

En una selección de sonidos tomada del canal del Guerrero cubano, se reconocen voces como la de José Basulto, jefe de Hermanos al Rescate, una organización supuestamente pacifista y cuyo líder declara, en un documental, en inglés, que bombardeó un hotel y otras instalaciones en el litoral de Miramar.

Después se escucha un fragmento de la famosa entrevista de María Elvira Salazar a Luis Posada Carriles, quien reconoce ahí su absoluta responsabilidad en la campaña de bombas contra hoteles de La Habana en 1997, mientras Orlando Bosch reconoce que mató inocentes, pero que seguiría la guerra.

Los dos últimos murieron en Estados Unidos gozando de total impunidad, pero uno de sus socios, Santiago Álvarez Fernández Magriñá, permanece vivo, coleando y buscando que otros le hagan la tarea terrorista en la Cuba actual, al mismo tiempo que alguien que conversa con él reconoce que el principal apoyo lo tuvieron siempre de las Administraciones norteamericanas que "mandaban y mandan en el mundo".

En opinión de Bárbara Betancourt, bajo esa misma filosofía es que Netanyahu bombardea Gaza, mientras la Administración Biden veta una resolución para el alto al fuego en el Consejo de Seguridad.

Por supuesto que a nadie se le ocurriría definir como influencer a los viejos terroristas que durante años presumieron de sus actos en los grandes medios de la Florida e incluso en  The New York Times sin recibir siquiera una advertencia del Gobierno de ese país, porque eran precisamente ellos sus patrocinadores.

Pero los sonidos, tomados del canal del Guerrero cubano en YouTube, también incluyen las más violentas expresiones de un nuevo tipo de terrorismo, el que ejercen los actuales odiadores que se escudan en las plataformas de internet, sin ser censurados jamás por ninguna de ellas, cuando convocan, de manera intensa y sostenida, a atacar a personas e instituciones oficiales en Cuba, para provocar caos y estallido.

Reinier Duardo comentó que el Guerrero cubano ha publicado en los últimos días varios vídeos que son un verdadero catálogo del terrorismo anticubano. No son materiales elaborados en Cuba, sino tomados de las propias plataformas de los odiadores que viven del negocio de aterrorizar a las audiencias, porque para cobrar tienen que hacer públicas esas acciones y también las pruebas de los actos violentos que sus convocados ejecutan.

Algunos medios han estado distorsionando la resolución del Minint publicada por la Gaceta Oficial como una acción contra los influencers, sin preguntarse siquiera qué clase de influencer vive de promover la violencia armada, de pedir invasiones contra su propio pueblo, de convocar incluso al asesinato.

La resolución cubana tiene basamento jurídico en leyes internacionales, en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se aprobaron como parte de la campaña contra el terrorismo que el propio Estados Unidos promovió para hacer sus guerras mientras financiaba a los terroristas anticubanos.

Las causas jurídicas abiertas corresponden a la ejecución de agresiones contra hoteles y otros centros turísticos de La Habana, infiltración por las costas para ejecutar acciones violentas, planes de atentados contra el presidente de la República y funcionarios públicos, así como la promoción de maniobras militares contra Cuba.

En la lista se encuentran individuos responsables de incitar, organizar y financiar acciones que afectan el orden social, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades.

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