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Según el Comité de Investigación de Rusia, "la persecución penal es evidentemente ilegal, ya que no hay fundamento para la responsabilidad penal". Foto: Ria Novosti

El Comité de Investigación de Rusia informó este lunes que abrió un caso penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, que la semana pasada emitieron una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin citando su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

De acuerdo con el comunicado oficial del organismo, sobre la base de la solicitud de orden de arresto contra ciudadanos rusos presentada por el fiscal, los jueces de la CPI “dictaron ilegalmente órdenes de detención” contra el presidente ruso y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova.

Se señala que el proceso penal iniciado por la CPI es “intencionadamente ilegal, ya que no existen motivos de responsabilidad penal”, así como se subraya que en virtud de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, firmada en 1973, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de Estados extranjeros.

Así, el Comité de Investigación considera que las acciones del fiscal y los jueces contienen elementos de delitos previstos en el Código Penal de Rusia, concretamente “la persecución penal de una persona que se sabe inocente, combinada con la condena ilegal de una persona por un delito grave o particularmente grave, así como la preparación de un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con la intención de agravar las relaciones internacionales”.

El pasado viernes, el tribunal, con sede en La Haya, emitió una orden de detención contra Putin, mencionando la supuesta deportación de menores de edad ucranianos a territorio ruso, que califica de crimen de guerra, y señalando que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la orden de detención contra el presidente ruso es “inaceptable” y que Moscú no reconoce la jurisdicción de ese tribunal.

“Consideramos que la misma formulación del caso es escandalosa e inaceptable. Rusia, al igual que varios países, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante”, señaló.

La CPI fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Rusia, Ucrania, EE.UU., China, Israel, entre otros.

(Con información de RT en Español y TeleSur)