Cubadebate

La Policía Boliviana, que pidió la renuncia de Evo, reprime a manifestantes contra el golpe de Estado. Foto: Reuters.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó esta semana, y entregó al presidente Luis Arce, el informe que detalla la represión, los asesinatos, las torturas, detenciones y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde septiembre hasta diciembre de 2019 en Bolivia.

El informe, de 471 páginas y dividido en ocho capítulos, describe el clima social y político que antecedió a las elecciones presidenciales de octubre, que fueron impugnadas por supuestas irregularidades, y que desembocaron en una crisis que obligó a renunciar a Evo Morales en noviembre.

Descarga el Informe Final del #GIEIBolivia🇧🇴 👉🏽 https://t.co/MvrKHTn1en pic.twitter.com/JpNHYFp0AG

— Jaime Vidal Melero (@Jaime_Vidal) August 17, 2021

El presidente Luis Arce pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado durante el evento en que recibió el documento de manera formal. Arce mencionó mencionó a los fallecidos y encabezó un minuto de silencio en su honor.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares (...) la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado”, señala el reporte.

A pesar de que el informe, que será fundamental en las investigaciones judiciales en progreso, no menciona el término “golpe de Estado”, sí refiere las presiones y amenazas que sufrió Morales y las irregularidades de la toma de poder de Jeanine Áñez.

Con informe de GIEI se demuestra, nuevamente, que hubo golpe; que no hubo quórum en Senado ni en ALP para que asuma Áñez. Al pueblo boliviano y al mundo les consta dónde y quién le pone la banda presidencial: militares con traje de guerra; es la mejor prueba del golpe de Estado. pic.twitter.com/CJ5ML21u0f

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 18, 2021

El informe afirma que, en medio de un conflicto político violento, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, mientras que centenares tuvieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

Uno de los capítulos más extensos refiere los principales hechos de violencia y vulneración de derechos humanos reportados en el país después de las elecciones presidenciales.

Los casos más graves, donde hubo mayor número de víctimas, ocurrieron durante los primeros días de la presidencia de Áñez, en las ciudades de Sacaba y Senkata, donde se cometieron masacres al amparo de un decreto que liberaba de responsabilidades a policías y militares.

“Hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga.

— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 17, 2021

El saldo en Sacaba fue de 10 personas asesinadas por disparos de armas de fuego. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes logró documentar los casos de 56 personas heridas y 223 detenidas.

En Senkata, el grupo concluyó que hubo un uso excesivo e injustificable de la fuerza contra los manifestantes, ya que fueron usados gases lacrimógenos y armas de fuego que provocaron la muerte de 10 personas. Además, quedaron heridas 78.

Aparte de las masacres, el GIEI afirma que el conflicto generado alrededor de las elecciones incluyó un porciento significativo de discriminación, intolerancia y violencia racial que reavivó un problema histórico y estructural de identidad en Bolivia.

El reporte del grupo concluye con una treintena de recomendaciones, entre las que se encuentran la creación de un plan de atención y reparación integral a las víctimas que incluya un censo certero, así como promover actos públicos para reconocer su dignidad y asumir la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos.

Por otra parte, el GIEI enfatiza también la necesidad de apoyar iniciativas de la sociedad civil para preservar la memoria, pero sin imponer versiones únicas y, sobre todo, sin reforzar la polarización y reconociendo que hay personas afectadas en ambas tendencias en el espectro político.

También recomienda fortalecer el sistema de Justicia, con plena independencia con respecto a otros poderes, e investigar los crímenes de manera seria y exhaustiva, respetando el debido proceso y los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas.

El grupo sugirió la creación de un mecanismo independiente que monitoree el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en manifestaciones y protestas, así como la adopción de protocolos y normas precisas y transparentes.

(Con información de RT)