Cubadebate

Meses atrás, los grandes incendios forestales en Australia evidenciaron los efectos del cambio climático, como sucedió poco después en la costa oeste de Estados Unidos. Foto: NNUU.

Cada vez más personas, desde activistas y comunidades indígenas hasta niños, recurren en todo el mundo a los tribunales para obligar a Gobiernos y empresas a respetar y acelerar los compromisos relativos al cambio climático, de acuerdo con un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

El documento demuestra cómo el número de casos de litigios por cambio climático ha aumentado en los últimos cuatro años y ahora asciende a 1 550 en 38 países (39 incluidos los tribunales de la Unión Europea).

Hasta el 1 de julio de 2020, unos 1 200 de estos casos habían sido presentados en Estados Unidos y 350 en los demás países.

Según el Pnuma, en los últimos años aumentaron significativamente las denuncias de violaciones a los derechos climáticos derivados del derecho a la vida, la salud y la alimentación y el agua, así como la ineficacia de los Gobiernos para hacer cumplir sus compromisos sobre mitigación climática y las mentiras de algunas compañías que pretenden ser ecológicas.

En América Latina, por ejemplo, se han librado batallas legales en países como Colombia y Brasil para exigir que se proteja la Amazonia.

El informe señala que estas cifras son casi el doble del número identificado en la primera edición de la investigación documentada por la agencia. En ese entonces existían 884 casos en unos 24 países, de los cuales 654 estaban basados en Estados Unidos y 230 en otras naciones.

“Esta marea de casos climáticos está impulsando un cambio muy necesario. El informe muestra cómo los litigios climáticos están obligando a los Gobiernos y a los actores corporativos a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático”, afirmó Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma.

La mayoría de las acciones legales se han iniciado contra Gobiernos, incluidas autoridades nacionales y locales. Sin embargo, las empresas también están siendo demandadas por no incorporar el cambio climático en sus procesos de toma de decisiones y por no revelar los riesgos relacionados con el clima a sus accionistas.

El informe indica que un número creciente de demandas se basa en leyes nacionales e internacionales existentes que garantizan a los ciudadanos el derecho fundamental a un medio ambiente saludable. Los defensores han utilizado esa legislación para obligar a compañías petroleras a mantener los combustibles fósiles en el suelo o responsabilizarlas por la contaminación y para obligar a Gobiernos a promulgar políticas relacionadas con el clima.

En uno de esos casos, el caso del clima de Urgenda, el Tribunal Supremo de los Países Bajos señaló que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, integrado en la legislación nacional holandesa, obliga al Estado a proteger el derecho a la vida de sus ciudadanos. El tribunal dictaminó que esta obligación implica que el Gobierno tome medidas para reducir las emisiones de carbono y limitar el calentamiento global.

Los ciudadanos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales e incluso los Gobiernos locales también están llevando a empresas y Gobiernos nacionales a los tribunales por no protegerlos de los efectos de las inundaciones, los incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima.

Hasta la fecha, ningún tribunal ha ordenado a un acusado que pague daños por contribuir al cambio climático, pero el informe advierte que las empresas estatales y del sector privado se arriesgan a tener una responsabilidad significativa por ignorar los efectos del calentamiento global en sus operaciones.

El informe, desarrollado con el apoyo del Centro Sabin para el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, señala que el litigio está siendo utilizado para obligar a las empresas a revelar los riesgos relacionados con el clima y poner fin al greenwashing (la práctica de hacer afirmaciones infladas de sostenibilidad o incluir enfoques verdes en el área de relaciones públicas con el objetivo de distraer la atención pública de gestiones ambientales cuestionables).

Además, el litigio también se está utilizando para evitar que los Gobiernos eludan o debiliten la legislación ambiental existente.

En Brasil, por ejemplo, se han presentado al menos tres demandas que impugnan decisiones para anular las regulaciones sobre la extracción de madera y buscan reactivar fondos previamente reservados para pagar los esfuerzos para combatir la deforestación del Amazonas y el cambio climático.

Desde 2017, han aumentado los casos relacionados con el cambio climático en el sur global, en naciones como Brasil, Colombia, Indonesia, Pakistán y Sudáfrica.

El informe detalla que, en Colombia, un grupo de jóvenes demandó con éxito al Gobierno y obtuvo una sentencia de la Corte Suprema que obligó al Estado a desarrollar un plan para detener la deforestación del Amazonas.

En el caso Future Generations versus Ministerio de Medio Ambiente y otros, el tribunal reconoció los derechos constitucionales de los demandantes a la vida, la salud, la subsistencia, la libertad y la dignidad humana, que dijo estaban vinculados al estado de la Amazonia.

“Los niños y los jóvenes exigen un clima seguro y están forzando un cambio positivo, lo que ayuda a demostrar que el cambio climático está a la vanguardia de un movimiento global de derechos ambientales. Y, como se ilustra en este informe, los poderes judiciales de todo el mundo están desempeñando cada vez más un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático”, dijo Andersen.

El informe también destaca los casos de cambio climático que se han llevado ante muchas cortes diferentes, tribunales y otros foros en todo el mundo.

Por ejemplo, en Sheikh Asim Farooq versus Federación de Pakistán, los ciudadanos demandaron a varias agencias administrativas por no proteger los bosques nacionales en virtud de varios actos legislativos diseñados para proteger y restaurar esos ecosistemas. El tribunal acordó, ordenando, entre otras cosas, que “las leyes aplicables. . . se implementaran en letra y espíritu para plantar, proteger y preservar el bosque”.

Los antecedentes de los demandantes también se están volviendo cada vez más diversos, con ONG y partidos políticos a los que se unen niños, ancianos, migrantes y pueblos indígenas.

Esos grupos a menudo se encuentran en la primera línea del cambio climático, soportando condiciones meteorológicas extremas, aumento del nivel del mar y contaminación, indica el documento.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente espera que en años próximos aumenten los litigios climáticos en los organismos nacionales e internacionales, especialmente con respecto a las empresas que informan erróneamente los riesgos climáticos, los Gobiernos que emprenden programas de adaptación a los eventos climáticos extremos y los casos presentados para hacer cumplir decisiones judiciales anteriores.

También se espera un aumento en los casos de personas desplazadas por los impactos del cambio climático.

“El litigio climático es una palanca clave para mantener a los Gobiernos y corporaciones enfocados en la lucha para combatir el cambio climático, y es una herramienta poderosa para hacerlos responsables de su incumplimiento. Los tribunales pueden igualar los desequilibrios de poder en la sociedad y dar fuerza al estado de derecho", dijo Michael Burger, director ejecutivo del Centro Sabin para el Cambio Climático de la Facultad de Derecho de Columbia.

(Con información de ONU Noticias)