Cubadebate

El indulto a Alberto Fujimori fue concedido el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski. Foto: Prensa Latina

Un tribunal debatirá en Lima, Perú, si es válida o no la anulación de un juicio al exgobernante peruano indultado Alberto Fujimori, por una matanza, o debe someterse a un nuevo proceso y a la posibilidad de una nueva condena de cárcel.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional analizará el pedido de la abogada de derechos humanos Gloria Cano, de que tome una decisión al respecto, y la solicitud del abogado de Fujimori, Miguel Pérez, de que se excluya del caso a su cliente en virtud del derecho de gracia otorgado junto al indulto.

El indulto decretado el 24 de diciembre último dejó sin efecto la condena de 25 años a Fujimori por dos matanzas y otros crímenes y la gracia dispone el cese de cualquier juicio pendiente.

El principal caso pendiente es el de la masacre de los campesinos Jhon Calderón, Toribio Ortiz, Felando Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Árias y César Rodríguez, en la norteña localidad de Pativilca, perpetrada en enero de 2012.

Esa matanza fue cometida por un grupo militar, como las de Barrios Altos y La Cantuta, por las que fue sentenciado Fujimori, por lo que, de continuar el proceso, actualmente en su etapa inicial, el exgobernante arriesga otra condena de 25 años.

Según la Constitución, el derecho de gracia puede aplicarse si no han transcurrido 24 meses desde el inicio de la instrucción judicial y el abogado Pérez sostiene que el proceso comenzó en 2012, cuando hubo un intento de proceso.

Sin embargo, Cano y los exprocuradores César Azabache e Yvan Montoya, argumentan que la instrucción al ex mandatario comenzó cuando el caso fue incluido entre los juicios autorizados por la justicia de Chile, sin cuya venia no podía iniciarse, por las reglas de la extradición aplicada a Fujimori en 2007.

El tratamiento del tema fue precedido por una vigilia de familiares de víctimas de los crímenes por los que fue sentenciado Fujimori, ante la Sala Penal Nacional, movilización que pidió que la masacre de Pativilca no quede impune.

El debate judicial tiene como contexto una polémica en la que la hija del indultado, Keiko Fujimori, y otros elementos de su entorno, así como el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, atacan al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por denunciar que la medida incumple los estándares legales y jurídicos.

Además, los familiares de las víctimas de la represión del gobierno de Fujimori (1990-2000), las organizaciones de derechos humanos y partidos progresistas, entre otros sectores, convocaron ayer a una nueva marcha que el 30 de enero exigirá la anulación del indulto, cuya legalidad es cuestionada.

(Información de Prensa Latina)