Hace tres días se publicó la noticia de que el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos políticos a la prestigiosa Senadora colombiana Piedad Córdoba, por supuesta promoción y colaboración con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

No me sorprende la decisión tomada por el Procurador General, que obedece a la política oficial de ese país virtualmente ocupado por las tropas yankis.

Cuando mi padre fue proclamado candidato del pueblo a la presidencia de Colombia, perdió esas elecciones en 1946, ganando el conservador Mariano Ospina Pérez. Pero el mismo día de su derrota, mi padre salió a proclamar “hoy comienza la lucha”. Eso hizo que el pueblo abriera los ojos y se uniera masivamente a su causa. El Movimiento Gaitanista creció como espuma y Gaitán se convirtió en el dirigente político con más poder en el país.

Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca.