Cubadebate

Le llaman linchamiento digital al acoso, la difamación y/o la censura que hoy se ejercen contra individuos o grupos en Internet. Y forma parte del arsenal simbólico con que se ataca al sistema social cubano, mucho antes de que naciera y se expandiera la red de redes, sólo que entonces se verificaba en medios (grandes o pequeños) que no circulaban dentro de Cuba y ahora inundan todos los espacios de proyección mediática, sin límites geográficos, aunque tampoco éticos.

Mientras más resiste Cuba al acoso de sus adversarios, más campañas se lanzan contra su realidad, hincando las lanzas sobre los asuntos más complejos de su cotidianidad.

A esa complejidad apuntaron los articuladores externos e internos de los disturbios del 11 de julio de 2021, calculando que aquella chispa incendiaría la pradera de los muchos problemas nacionales. Pero no bastaron aquellas llamas para destruir el tejido social, así que se busca atizarlas en el momento en que se juzga a sus protagonistas.

De eso trató Chapeando este martes 22 de marzo, apoyado en los sonidos de un reportaje especial de Zenaida Costales y Bruno Suárez, quienes accedieron al último juicio sobre los disturbios en Diez de Octubre y allí recogieron testimonios de acusados y familiares, además de fiscales y abogados.

Las matrices de la actual campaña contra fiscales y jueces cubanos se montaron desde canales de radio y televisión, plataformas anticubanas y redes sociales, de marcada orientación contra la Revolución, desde los cuales comenzaron a descalificarse los juicios aún antes de que se iniciaran.

Según Reinier Duardo, la estrategia articula mensajes permanentes y sostenidos de funcionarios de la embajada norteamericana en La Habana, con los de medios y plataformas anticubanos, todos los cuales insisten en el supuesto carácter pacifista de las manifestaciones, para descalificar los juicios y sobre esa base acusar al estado cubano de represor.

Censuran ahora las abundantes y muy duras imágenes del vandalismo que se desató el 11J y que tanto se difundieron en las horas posteriores al intento de golpe, filmadas y subidas a las redes por los propios comisores de los delitos que ahora se juzgan.

En la nueva matriz que tratan de imponer los mismos medios que entonces exaltaron la protesta y convirtieron en símbolo de rebeldía a simples vándalos, resulta que ahora los juzgados son inocentes y los que juzgan deben ser acusados. Y reaparece La Joven Cuba convocando al sector intelectual para que se sume a la orden de acoso contra los profesionales del derecho que cumplen sus respectivas misiones con dignidad y aplomo.

Bárbara Betancourt apuntaba que ahora se trata de apelar a la sensibilidad del pueblo cubano, al sentimiento de familia y porque han pasado los meses, hacer que se olvide la tensión, la violencia, el vandalismo que los propios encartados difundieron orgullosamente creyendo que la Revolución tenía las horas contadas.

Lo que no dice ningún reporte anticubano, lo que se callan los promotores de la campaña, es que, de alrededor de mil detenidos por los hechos, más de la mitad no llegó a los tribunales, recibió sólo multas y sanciones menores, en consideración a sus edades, ocupaciones y motivaciones. Tampoco se aclara que si aún no se dan más detalles de las condenas y detalles de quienes las han recibido, es porque está pendiente una fase del proceso: las apelaciones. En primer lugar por consideración a quienes son juzgados.

Por eso el reportaje de Zenaida no identifica personas entrevistadas, solo amplifica los testimonios. Basta con escuchar lo que dicen directamente algunos implicados, la diversidad de voces y actitudes que se expresan y también dibujan el rostro humano de los distintos protagonistas de aquellos hechos. De los que
actuaron conscientemente, de los que fueron a protestar pacíficamente y se dejaron arrastrar por el tono violento de la manifestación y de los que hoy mismo ni siquiera pueden entender qué les pasó, por qué actuaron así. Pero no tener idea del significado de nuestras acciones o de las leyes que las sancionan, no nos priva de la responsabilidad por lo que se hizo.

Lo otro es el cumplimiento del debido proceso que se pretende desacreditar y condenar, haciendo campaña contra los que participaron en el proceso del lado de la ley y del orden.

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