Cubadebate

Obra en construcción. Foto: Claudia Camps.

En el sector de la construcción, me hablan de cooperativas como grandes familias y de discriminación contra las cooperativas, de desventajas en su gestión, de distorsiones en el marco legal y restricciones que son como grilletes para los cooperativistas. Me dicen que en varios municipios se han presentado, hace mucho, propuestas de cooperativas que “duermen el sueño eterno”. Me dicen que “ha habido de todo” entre las cooperativas, en alusión a los problemas que han tenido algunas y que las han colocado en el camino de la disolución.

Es un tema complejo, propio para expertos en economía política y en economía solidaria, para sociólogos y decisores políticos. Pero es también un tema público, abierto a la discusión de todos, expertos o no, porque atañe a todos.

Luego de conversar por semanas con expertos, con asociados a cooperativas y directivos de varias de esas organizaciones (algunos prefirieron hablar en calidad de anónimo), con economistas y juristas, sigo concordando con alguien para quien “la cooperativa, la verdadera cooperativa, podría ser el tipo de propiedad más adecuado a esta sociedad. Por su esencia solidaria, su impronta de economía social, su enfoque de beneficio y prosperidad para todos”.

Mientras no se da en el país ese modelo puro de cooperativa, fiel a los principios del cooperativismo, quizá porque no existen o no se crean las condiciones que lo propicien, la percepción general apunta a la necesidad de un enfoque que reconozca las oportunidades y potencialidades de las cooperativas para encontrar soluciones en la Cuba actual, que fomente su autonomía y su creatividad, su relación con lo público y lo social, en lugar de limitarle con controles que terminan siendo restricciones.

Distorsiones y barreras

“Cuando se habla de economía, un mensaje importante es que no se puede subestimar que las condiciones objetivas llevan a un determinado desarrollo de las relaciones económicas”, advierte la economista Silvia Odriozola Guitart, profesora de la Universidad de La Habana.

En palabras más cercanas a la experiencia cotidiana de los cubanos, lo explica de la siguiente manera: “Puedes tener la voluntad política de crear formas de producción más socializada, como pueden ser las cooperativas, pero para eso hay que generar condiciones. Si esas condiciones no se generan desde el inicio, y los procesos legales o institucionales de aprobación son largos, burocráticos, administrativos; si no tienes el mercado mayorista suficiente; si hay un problema de tipo de cambio y dualidad monetaria que distorsiona los precios, o hay un problema de incentivos…

“Es decir, si no hay condiciones creadas para que las cosas funcionen bien, aunque legalices la cooperativa, la cooperativa va a funcionar bajo estas condiciones, con todas estas distorsiones”.

Odriozola supervisó una investigación que realizó hasta 2017 la economista Adys Regla Palma Arnaud, y que incluyó una encuesta a cooperativistas del sector de la construcción (principalmente a socios fundadores y directivos) en los municipios de Playa, Plaza de la Revolución, Centro Habana, La Habana Vieja y Diez de Octubre.

Hay que tomar en cuenta que, como señalan ambas en un artículo publicado en 2018, más del 60% de las cooperativas de la construcción cubanas está en La Habana.

Según Adys, en algunos casos hubo excesos en el mecanismo de contratación de trabajadores externos en actividades principales de la cooperativa -“un mecanismo que debe usarse en actividades no principales”-; asociados que no se sentían como socios, o limitada participación de los socios en las decisiones y en las asambleas generales.

Entre las distorsiones, tanto Adys como Silvia mencionaron las originadas por el complejo y demorado proceso de aprobación; ambigüedades y contradicciones en las normas jurídicas; la dualidad del tipo de cambio entre empresas estatales (1 CUC=1 CUP) y cooperativas (1 CUC=24 CUP), que pone en desventaja a la empresa estatal, y las limitaciones en el acceso al mercado o las irregularidades con que este funciona.

Las cooperativas se rigen por el presente Decreto-Ley, su Reglamento, las disposiciones complementarias a estos, sus estatutos, y de forma supletoria las disposiciones legales que les resulten aplicables.

Artículo 3. Decreto-Ley No. 305 de 2012, De las cooperativas no agropecuarias.

“Hay poca disponibilidad de materiales. La cooperativa puede adquirir tanto en el mayorista como en el minorista, pero en el mayorista se prioriza a las entidades estatales. Van al sector minorista, al que también acude la población. En el caso del rastro, el comercio minorista, ¿a quién le es más factible vender, a la población o a la cooperativa? Puede suceder que el administrador le venda más a la cooperativa que a la población porque le genera más ingresos en un momento determinado, y de forma más rápida. Por eso es que a veces uno va al rastro y ahí están también el trabajador por cuenta propia y los contratistas, que compran grandes volúmenes. Y puede ocurrir que entonces no estén en el rastro los materiales que necesita la población cuando va a buscarlos”, dice Adys.

“No está al ciento por ciento el mercado mayorista. Lo que se ha hecho es insertar a las cooperativas en el Plan de la Economía, pero a partir de índices de consumo. Digamos, el país va a producir una cantidad determinada de toneladas de cemento, y de esas el cinco por ciento se calcula para ir a las cooperativas. No se produce la cantidad total, o se produce, pero por algunas razones no llega al mercado al que tiene que llegar, o llega pero el mercado está tan distorsionado que el jefe del rastro, el administrador, ya tiene convenios a priori con cooperativistas y contratistas TCP. Entonces el consumidor termina pagando los materiales a precios de mercado informal”, agrega.

Para Odriozola, “el mensaje no puede ser quitar las cooperativas. Hay que promover las cooperativas y crear condiciones para que funcionen realmente como una forma de organización social de la producción. Para eso tenemos que superar todas las barreras en el funcionamiento de nuestros marcos institucionales y regulatorios que están limitando a las cooperativas.

“Todo pasa por mecanismos de gestión de nuestra economía que no son específicos de las cooperativas pero sí impactan en ellas; por el tema de la dualidad monetaria y cambiaria; por los complejos y demorados mecanismos de aprobación… Lo otro es que hasta que no haya un marco legal donde existan las empresas micro, pequeñas y medianas privadas en Cuba, que es una voluntad de la conceptualización, la tendencia a que muchas cooperativas funcionen bajo esa forma será una realidad.

“Hay que crear condiciones para que la cooperativa, como forma productiva, sea más eficiente y no se distorsionen los principios del cooperativismo en que debe sustentarse”.

Las cooperativas pueden contratar trabajadores asalariados hasta tres meses en el período fiscal, para las actividades y tareas que no puedan asumir los socios en determinado período de tiempo. Artículo 26.1.

Decreto-Ley No. 305, De las cooperativas no agropecuarias.

“Una cooperativa no es un equipo de pelota”…

-¿Y por qué lo dice? -pregunto a quien así habla con algunos signos de acaloramiento-. ¿No se supone que sea un equipo una cooperativa?

-Sí, claro, un equipo, pero no tiene que ser de La Habana y solo “jugar por La Habana”… Es más, ya hasta los peloteros juegan en otras provincias.

Norberto, asociado de una cooperativa, se refiere a un documento enviado por el ministro de la Construcción a los presidentes de las cooperativas en el verano de 2017.

Con la referencia “Orientaciones sobre el perfeccionamiento del funcionamiento de las Cooperativas No Agropecuarias”, el documento disponía que las cooperativas:

-“no contratarán trabajadores asalariados para realizar actividades que se correspondan con el objeto social de la CNA”,

-“solo podrán realizar las actividades propias de su objeto social en la provincia donde radique su domicilio social” (daba un plazo de tres meses para liquidar los que estuvieran en ejecución),

-y “no podrán crecer en socios, ni contratar servicios en actividades comprendidas en su objeto social”.

Todos los cooperativistas consultados se refirieron al tema de lo que llaman “territorialidad”, el hecho de que las CNA de la construcción no puedan operar fuera de la provincia donde está asentado su domicilio social.

El cambio afectó a algunas cooperativas, a otras no. Entre las primeras, había algunas que operaban en varias provincias, en algunos casos en contratos que se generaban por el éxito de contratos anteriores (por ejemplo: una cooperativa ejecuta una obra para un cliente; este queda satisfecho -hay garantía y calidad de una parte, y de la otra confianza-, y encarga a la cooperativa obras en sedes de la empresa en otros territorios del país).

Los aspirantes a socios fundadores interesados en constituir Cooperativas al amparo del artículo 6, incisos a) y b) del Decreto-Ley, en su solicitud deben expresar la actividad que pretenden realizar de forma cooperativa y el ámbito territorial en que se desarrollará.

ARTÍCULO 3.1.  Capítulo II: De la constitución de la cooperativa. Sección primera: De los trámites para la aprobación. Decreto No. 309 de 2012, Reglamento de las cooperativas no agropecuarias de primer grado.

Cabe pensar que no fueron las cooperativas las únicas afectadas aquí; algunas de las empresas que contrataron servicios de cooperativas que ejecutaban trabajos de calidad, o servicios especializados, también pueden haber sido afectadas.

En Amyair Confianza (constituida en 2013, parte del primer bloque de diez cooperativas, y dedicada a “clima, refrigeración, electricidad, equipos tecnológicos y reparación y mantenimiento constructivo”), tuvieron que cerrar contratos e inversiones en Varadero (en varios hoteles), Mariel, Isla de la Juventud y Mayabeque.

“Eran obras que estaban en sitios cercanos a La Habana, a los que se podía ir en el día y controlar. Eran importantes para los clientes por el tipo de servicio especializado y la garantía que ofrecemos, la estabilidad”, dice Rubén Zayas, uno de los directivos.

La presidenta, Alicia Carrasco, añade que “nosotros estamos en el área tecnológica, no hay muchas cooperativas que nos hagan competencia. No hemos sido tan afectados. Pero hay cooperativas que sí se lo deben haber sentido, sobre todo las que son solo de construcción, que no encontraban trabajo en La Habana y quizá lo encontraban en Mayabeque. Y ahora han tenido que ceñirse al territorio de La Habana, buscar un espacio entre las que existen. ¿Te imaginas cuarenta cooperativas buscando trabajo de construcción en La Habana?”.

En el caso de AmyAir, según Ramón Tirado, comercial, “muchos clientes quedaron insatisfechos… Tuvimos que cortar inversiones que estaban contratadas, en ejecución”.

Además, según precisa Zayas, “teníamos entre 50 y 60 hombres en esos lugares en que estábamos trabajando. Nosotros necesitamos mano de obra especializada. Fue un proceso lento, de conversación con los socios, incluso buscamos donde se pudieran asentar”.

“Por suerte, a la mayoría de ellos nos los aceptaron en el mismo Mariel, en la Zona Especial… Porque las otras cooperativas estaban igual que nosotros, no podían aumentar en socios, por esta misma orientación, y tenían poco trabajo y pocos socios. No tenían capacidad para asimilar los nuestros, no podían crecer”, dice Alicia.

“Los de Varadero siguen viviendo allí, y hoy siguen siendo socios y vienen desde allá hasta La Habana. Se hospedan, o se les busca lugares dónde quedarse”.

Amyair cuenta con 193 socios, reporta un ingreso medio mensual por socio de 7000-8000 pesos, “aunque hay escalas según especialización y complejidad del trabajo, una escala plasmada en los estatutos”. Su filosofía, explica Zayas, ha sido “tratar de ser una mano, un aliado de la empresa estatal. Y el resultado ha sido impresionante, porque al final estás produciendo. No estás compitiendo con el Estado, estás siendo un complemento del Estado”.

La cooperativa trabaja en los sistemas de refrigeración de varias instalaciones del Aeropuerto Internacional José Martí, asociada con Frigel, y en instituciones científicas como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Instituto Finlay y el Centro de Inmunoensayo.

Entre sus proveedores mayoristas están Almacenes Universales SA, la División Tecnológica CIMEX, Escambray y Divep (artículos relacionados con salud y seguridad del trabajo), pero, además, hay otra fuente.

“Hemos hecho captaciones de productos ociosos en empresas que los han comprado y están sin uso. Por ejemplo: compresores, los reanimamos y los ponemos en uso. A veces en las empresas no saben lo que tienen, hay rotaciones en las direcciones, se queda un producto ahí y nadie lo sabe; llegamos nosotros, lo identificamos y le damos un uso. En otras ocasiones el cliente pone los recursos, y nosotros la mano de obra, como es el caso de PALCO”, refiere Rubén.

En el camino entre una y otra cooperativa encontré a Ricardo, ingeniero eléctrico, que ha estado tratando de ingresar a alguna pero no lo ha logrado, “porque tienen limitado el número de socios”.

Ricardo me pregunta: “¿Si son eficientes, exitosas, por qué no pueden crecer?”.

La decisión sobre la incorporación de un nuevo socio a una cooperativa corresponde a la Asamblea General, según lo previsto en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

Artículo 10.1/3. Decreto-Ley No. 305 de 2012

 

Los estatutos sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento contendrán los aspectos siguientes:

(…)

1. e) la cantidad mínima y máxima de socios, si se entiende preciso fijar uno u otro de esos límites, o ambos;

Artículo 21. Decreto No. 309 de 2012. Reglamento de las cooperativas no agropecuarias de primer grado.

Rubén, de AmyAir, piensa que “todo debe de tener su justificación, luego de crearse las cooperativas hubo de todo… Probablemente hubo algunas que hicieron cosas indebidas, el Estado lo identificó y le puso cota, punto, pensando que el plazo de resolución de todo esto sería más breve. Ahora vienen todos los cambios, y por eso se ha aguantado… Se habla de cambios en espera. Hay cooperativas que funcionaron mal, pero otras lo han hecho bien y han resuelto problemas al país”.

Pablo, un gestor comercial en otra cooperativa, comenta: “Sí, ha habido gente que actuó mal por errores o por mala fe, pero no creo que eso sea patrimonio exclusivo de las cooperativas. El caso es que muchos estamos tratando de trabajar, de vivir decentemente, haciendo las cosas bien, y nos miran mal igual en algunos organismos y empresas. Me da la impresión de que es la salida más fácil”.

Datos del MICONS de marzo de 2018 indicaban que 70 cooperativas de la construcción habían sido aprobadas en todo el país. De estas, 69 fueron constituidas, luego de la retirada de una en el proceso. De las 69 constituidas, 62 están funcionando luego de que dos quedaran disueltas y otras cinco estén en proceso de disolución.

La cifra de 62 permanece en noviembre, según una actualización obtenida por Cubadebate. La distribución es la siguiente: Pinar del Río (0), Artemisa (2), La Habana (39), Mayabeque (0), Matanzas (10), Cienfuegos (0), Villa Clara (0), Santi Spíritus (3), Ciego de Ávila (0), Camagüey (2), Las Tunas (0), Granma (2), Holguín (1), Santiago de Cuba (3) y Guantánamo (0).

Las dos cooperativas disueltas, Los Hermanos (Matanzas) y Espacio y Arte (La Habana), lo fueron por solicitud de los socios, la primera luego de dificultades detectadas en auditoría.

Las que se encuentran en proceso de disolución son Lapinet (Santi Spíritus), por infracciones detectadas en auditoría, y Sorriba Pérez (Camagüey), Micaral, Jachem Jireh y Casigua Ambiente (La Habana), a partir de infracciones detectadas en la undécima comprobación al control interno por la Contraloría General y otras acciones de control.

Es alto el contraste en el número de cooperativas de la construcción entre unas provincias y otras, y llama la atención el hecho de que en algunas ni siquiera haya. En ese escenario, muchos se preguntan por qué no podían operar en otros territorios cooperativas que podían tener plasmada en sus estatutos una proyección nacional.

G’ Obra: Marabú, plástico, innovación… y barreras

G’ Obra, fundada en febrero de 2015, se dedica a la construcción y producción de materiales, y cuenta con 233 socios. “Todos de la construcción, todos trabajadores”, afirma su presidente, el arquitecto Pedro Fuentes, y agrega que el ingreso medio por socio fue de 8 700 pesos en septiembre de 2018.

La base productiva de la cooperativa está en varias naves rescatadas y recuperadas en una fábrica abandonada durante casi dos décadas en El Cotorro, en la que han invertido 38 millones de pesos, e incluye una fábrica de bloques (produce 1 200 bloques diarios, pero su capacidad es superior), una carpintería semiindustrial (fabrica fundamentalmente puertas y ventanas de marabú y otras maderas que no son asimiladas en procesos industriales del país, como acacia y eucalipto), y una fábrica de morteros: cemento cola, macilla para enlucidos, recubrimientos para interiores y exteriores, rellenos ligeros para entrepisos y cubiertas, y hormigones.

Su filosofía es “buscar un gran inversionista, establecer una relación larga, conocerlo, y trabajar en conjunto. Personalizas la atención”.

Generalmente, explica Pedro, “lo que se hace es reparar, la gente evita las grandes obras, sobre todo cuando una obra grande tiene problemas y te afecta las finanzas. Nosotros seguimos trabajando así, con grandes obras, porque es muy caro moverse en la ciudad, tanto para llevar material como equipos y hombres, además de hacerle control técnico, control económico. Preferimos tener pocas obras y concentrarnos en ellas”.

La cooperativa tiene tres unidades constructivas: una trabajando en obras en la escuela Lenin; otra que atiende PALCO y el Inder, que está en el estadio Latinoamericano y en otras instalaciones deportivas, y una tercera que ha trabajado en la renovación de habitaciones en el hotel Riviera, vinculada con la Inmobiliaria del Turismo y la empresa china Beijing Enterprises Real Estate.

Están, además, construyendo en sus instalaciones un laboratorio para pruebas de resistencia y mejoramiento de los materiales que producen.

En las instalaciones de G’ Obra operan máquinas ideadas y armadas por los socios, “en parte con lo que estaba abandonado aquí”. En esas máquinas se hacen bloques, se procesa el plástico que compran a Materias Primas (allí se ven las viejas defensas de autos) para utilizarlo en la fabricación de paneles de gran dureza y muy ligeros, y se producen morteros.

“Encontramos la forma de hacer los morteros sustituyendo la mayoría de las importaciones. Estos morteros son ciento por ciento cubanos, sin importar nada. El país no produce mortero prácticamente porque tiene que importar los aditivos. De hecho, el país importa hoy los morteros completos, todos los que ves por ahí, el cemento de cola en las tiendas, por ejemplo. Pero no nos quieren comprar el de nosotros. Se produce muy poco en Cuba, en muy pequeña relación con lo que se consume, porque los aditivos son importados”, me dice Pedro.

CD -¿Y ese mortero de ustedes está certificado por el MICONS? ¿Tiene certificado de calidad?

P -Sí, certificado por el MICONS, y la calidad es superior.

CD -¿Sellado?

P -Sí, sellado, te lo vamos a enseñar ahí. Con su etiqueta y todo.

CD -¿Y no lo quieren comprar?

P -No lo hemos logrado. La palabra es que no quieren comprar.

CD -¿Quién lo está comprando?

P -La población. Algunos clientes a quienes se los ponemos en las obras. Y algunos clientes que te compran 100, o 200 sacos. No más. El país invierte hoy millones en importar mortero. Y eso lleva arena, cemento, carbonato de calcio, que se hace en Cuba de calidad superior. En Cuba la gente cree que para producir hay que montar una gran industria. Pero nosotros no tenemos para eso. Monta pequeñas industrias y verás. Así funciona en el mundo.

Estamos sentados en un sitio donde mesas y sillas son las fabricadas por la cooperativa. Sólidas, con un buen terminado. Pero el único destino de ellas puede ser el almacén o las casas de los asociados.

“Se nos impide aplicar la Resolución 134/2013 del Ministerio de Economía y Planificación”, se queja el presidente de G’ Obra. El artículo 6 de esa resolución señala que: “Se faculta al director de la empresa, y su similar para el resto de las personas jurídicas, para decidir sobre la realización de las actividades secundarias derivadas del objeto social de la entidad que dirige y sobre aquellas eventuales que eviten la paralización de la producción y los servicio”.

“Si dentro de mi objeto social está hacer carpintería, y el 90 por ciento lo hago de puertas y ventanas, si del 10 por ciento de la madera hago sillas y mesas debería estar bien, porque, ¿qué voy a hacer con la recortería? Hay pedazos de desecho que no sirven para una ventana, pero para una silla sí. Entonces tengo que quemar o vender como aserrín ese pedacito, ¡pero es que me sirve para hacer una silla y venderla a la población, que la necesita!”.

Es decir, en G’ Obra, según reitera Pedro, hacen puertas y ventanas de madera, de marabú, pero no pueden comercializar sillas y mesas hechas con la madera de desecho de ese proceso.

CD -¿Y no se puede diversificar el objeto social?

P -No, porque el MICONS entiende que lo único de madera que califica como material de construcción son puertas y ventanas.

CD -O sea, tendrías que venderle la madera a otra cooperativa o a una empresa que hagan sillas.

P -No, no podemos comercializar madera, materia prima. Solo la producción. La madera que me sobre no puedo venderla. Lo que puedo hacer es quemarla. O darla a los socios.

CD -Y tienes una carpintería ahí… Y hay mucho marabú.

P -Tengo una carpintería, y tengo madera.

Me señala las sillas en que estamos sentados, y las mesas alrededor.

P -¿Cuánta gente no compraría este juego de mesas y sillas si lo pusiéramos en un MAI? Un juego que fácilmente podemos vender en dos mil pesos, y le sacamos ganancia. Y entonces la gente no encuentra sillas ni mesas en los MAI y tiene que ir a buscar, a precios más altos, en las tiendas en CUC. ¿Por qué, si se puede resolver con las cosas que tenemos y producimos en el país?

En G ‘Obra fabrican, con esa madera, módulos que incluyen puerta principal y puerta de baño, dos ventanas dobles, una sencilla y una ventana pequeña de baño. “De gran calidad. Todo a vender en diez mil pesos. Nadie las quiere comprar, nadie las recoge… Comercio dice que ellos no compran a las cooperativas. Ya. Así. Te dicen que están muy caras. Pero en la shopping te venden una puerta que vino de cualquier lugar en más de 100 CUC. Fíjate, una sola puerta”.

Para el presidente de esta cooperativa, hay otros problemas con que tropiezan cada día. No pueden comercializar sus productos en los MAI. No es suficiente el acceso al mercado mayorista: “La gente dice que sí, tenemos acceso, y yo digo que yo sí tengo acceso, pero hay pocas cooperativas que tienen contratos firmados con mayoristas; nosotros sí, no tenemos problemas. Pero cuando vamos a comprar nos dicen ‘no, para cooperativas todavía no… Hasta que no compren todas las empresas estatales no se le puede vender a ninguna cooperativa’. Es decir, la discriminación a la cooperativa como ente económico”.

Y continúa: “Igual pasa con empresas que te dicen ‘no, yo no contrato cooperativas’… Te dicen así, de primera, que no trabajan con cooperativas. ‘Me tienen prohibido firmar un contrato con una cooperativa’, me dicen, con lo que de hecho violan lo establecido por la ley”.

Pedro, incluso, afirma que se ha encontrado “con algunos que nos han pedido firmar un papel asegurando que el origen de nuestra materia prima es lícito. Es ofensivo. Es legal que uno presente factura de origen, pero no firmar este tipo de documento. A uno le dije: ‘Tú me estás ofendiendo… Yo te firmo el papel si tú me firmas uno asegurando que no robas nada en tu empresa’”.

Experiencias similares tuvo Pablo, gestor comercial de otra cooperativa. “Llegas a algunas empresas estatales y te miran con desconfianza, te dicen ‘no trabajamos con cooperativas’. Te sientes como un delincuente”.

Otra limitación, afirma el presidente de G’ Obra, es que las cooperativas no tienen acceso a empresas importadoras. “No es que queramos importar directamente, no, eso no funciona en ningún país. Pero sí sería bueno poder ir a una importadora, encargar lo que necesitemos y pagarle el servicio a esa importadora. Hoy tenemos que acudir a los mayoristas y depender de lo que ellos tengan. No es igual”.

Las Cooperativas disfrutarán de iguales condiciones con respecto al resto de las formas productivas y de servicios del país en la producción, la comercialización y los servicios que puedan desarrollar según los fines para lo que fue constituida.

Artículo 66.1. Decreto No. 309 de 2012, Reglamento de las cooperativas no agropecuarias de primer grado.

De prejuicios e incumplimientos

Como Pedro, la economista Leonor Rodríguez, presidenta de la cooperativa La Primera de Plaza, asentada en El Vedado, ha tenido otra experiencia que habla de prejuicios y discriminación hacia las cooperativas.

“Hay casos en que se crean relaciones sólidas de trabajo con clientes. Y que haya una relación larga y estable no significa que haya vínculos de corrupción. Es un error, y parte de un prejuicio. A veces los inversionistas, aun sabiendo que el resultado del trabajo es bueno, estando satisfechos, se reúnen con nosotros y nos dicen ‘no podemos seguir trabajando con ustedes’. ‘¿Por qué?’, preguntamos. ‘Porque ya llevamos dos años trabajando con ustedes, y entonces se va a pensar que hay otro tipo de relación, que si les estamos dando los trabajos no es por la calidad sino porque nos están pagando o hay algún tipo de arreglo’, nos dicen.

“Es injusto, el que haya hecho cosas malas, bueno, que enfrente las consecuencias. Pero es injusto cuando se trata de una relación que se basa en un buen trabajo. Porque la calidad del trabajo en nuestro sector es visible, se puede ver.

“Muchos piensan que quienes trabajan en cooperativas son antisociales, delincuentes, y no es así, al contrario, son personas que a la hora que haga falta y como haga falta, son capaces de cumplir con la cooperativa, con la sociedad y con el país”.

“Somos un sector más de esta sociedad”, recalca.

La Primera de Plaza, parte del primer grupo de CNA aprobadas en junio de 2013, interviene hoy en varias obras relacionadas con el aniversario 500 de La Habana. Hay grupos de sus socios trabajando en el Mercado de Cuatro Caminos, en la reparación del restaurante El Templete, en Fin de Siglo, en el nodo de 23 y L, con el Instituto de la Vivienda y el gobierno del municipio de Plaza. “También el nodo de 23 y 12, donde aún no hemos comenzado… Tenemos un nivel importante de obras para el aniversario de la ciudad”.

El 70 por ciento de los socios de la cooperativa (220, con un ingreso medio mensual de 5 000 pesos) llevan en ella los cinco años desde que fue fundada. Aquí la filosofía es promover y cuidar el sentido de colectividad.

“Hay familias enteras que trabajan aquí: padres, sobrinos, hermanos, tíos… La familia entera, o gran parte de ella, y esto le ha dado un mejor desarrollo a la familia, una mayor estabilidad; los jóvenes de la familia se han interesado en trabajar en la cooperativa y se han incorporado. En el caso de los profesionales, a pesar de ser jóvenes, atienden seis y siete obras al mismo tiempo. Han ganado en nivel profesional, se han preparado más, se han capacitado por su cuenta en distintos centros. Socialmente ha sido bueno”.

Leonor considera que diferentes sectores estatales tienen normas internas establecidas, incluidos procedimientos de trabajo, que van contra todo lo legalmente establecido en el país.

“¿Cómo un procedimiento de trabajo interno puede estar por encima de un decreto-ley, de una resolución, de una ley? Porque el Decreto-Ley 305 dice que las cooperativas cumplirán, igual que el 309 y la resolución 124 del MFP, con todas las resoluciones y las leyes que les sean aplicables a ellas, pero dice leyes y resoluciones que les sean aplicables a ellas”.

Explica que, respecto al anticipo, existen la Ley 304, “De la Contratación Económica”, y el Decreto 310, “De los Tipos de Contratos”. En el Decreto 310, en el capítulo sobre los contratos de construcción, artículo 178, se establece que “el inversionista abona al constructor o contratista el anticipo que convengan y que sea necesario para garantizar el inicio de los trabajos según su complejidad y las regulaciones vigentes”.

Leonor aclara que les ha sucedido con empresas de varios sectores. “Si yo tengo que comprar los recursos materiales, que siempre serán del inversionista porque me tiene que dar su financiamiento, y yo tengo que pagar los materiales, un camión particular con cuyo dueño tengo un contrato, con un precio preestablecido por viaje, pero el inversionista no me da ese anticipo, ¿de dónde voy a sacar yo el dinero, del anticipo de los socios? ¿Sacar de lo que les corresponde por su mano de obra para comprar los materiales del inversionista?

“Hay inversionistas que dicen que no dan anticipos. Entonces no te puedo construir. Porque en el mundo entero, y en Cuba, usted le tiene que poner el anticipo al constructor cuando él es el que va a comprar los materiales. La propia ley establece que el constructor, según va logrando niveles de producción, tiene la obligación de ir devolviendo ese anticipo, e incluso hay un plazo para devolver el anticipo que no se haya consumido.

“Cuando usted va a comenzar una obra, necesita mover camiones, gente, andamios, bambas, materiales, equipamiento que no puede mover en una bicicleta o con una mochila al hombro montado en un P14”, me dice Leonor.

En su experiencia, y en la de otros cooperativistas de la construcción, a veces, dado que las cooperativas deben pagar a las mayoristas un porcentaje mayor por encima del precio respecto a las empresas estatales, “se encarecen los productos, y se hace menos caro comprar en una minorista, o a un particular patentado o a otra cooperativa. Claro, hay clientes que quieren el bloque que produce el Estado. Yo les llevo una oferta para que vean el precio: ‘Mire el precio, ¿usted lo va a pagar?’. ‘Sí’. ‘Bueno, fírmeme la oferta’. Y esa oferta se conserva en el expediente de obra”.

Respecto a este tema, Pablo, el gestor comercial de otra cooperativa, advierte que en algunas minoristas los vendedores le han dicho ‘no, eso no podemos venderlo’, cuando ha ido a buscar productos o artículos en altas cantidades o volúmenes.

También Leonor, como Pedro de G’ Obra y otros entrevistados, se ha encontrado con el rechazo de algunas empresas. “Nuestra gente se ha tropezado con empresas cuyos organismos superiores les han dicho que no pueden trabajar con cooperativas. Así de simple”.

G’ Obra tiene planes especiales para sus socios, ayudas a los menos favorecidos para la construcción y reparación de casas, y asistencia en caso de enfermedad, al igual que La Primera de Plaza: transporte al hospital, ayuda para buscar alimentación y medicinas, atención al enfermo y la familia.

En el caso de G’ Obra, Pedro cuenta que debieron hacer algunos cambios: “El programa de ayuda médica, de atención a enfermos, era muy bueno. Lo tuvimos que reducir, porque muchos enfermos querían estar en la casa, recibiendo 970 pesos, sin trabajar para la cooperativa, y nos enterábamos de que andaban por la calle haciendo otras cosas. Se vician las cosas buenas. No fue uno solo. Y ya algunos inventaban enfermedades cuando les proponían algún trabajo por ahí. Así retiramos varias membresías. Ahora el programa de enfermo es un programa de hospital. Si no estás en el hospital, no”.

Leonor apunta que es bueno en una cooperativa “ver los resultados, y ver que es una estructura plana, que es fácil tomar determinaciones, solucionar problemas y apoyarse mutuamente”. Un apoyo que se extiende a la familia, más allá de la distribución de utilidades.

“Cuando todo el mundo es socio, las personas tienen un mayor sentido de pertenencia, defienden en un grado más alto lo que tienen, su organización, la calidad del trabajo que hacen, tratan de superarse cada día. En las cuadrillas, los mismos socios van decantando a aquellos que no actúan ni piensan conforme a los principios del cooperativismo, porque hacen las cosas mal, y algo mal hecho, un bloque mal puesto, una pared mal resanada, aumenta los gastos y afecta el trabajo de todos, entonces la misma cuadrilla lo determina, sin llegar siquiera a una asamblea. Hacen un acta, todos la firman, y llegan a la asamblea ya a someterlo a votación”.

“Es una forma distinta de ver las cosas”, concluye.

Gilberto quiere irse

La historia de Gilberto es diferente. Él está buscando otro lugar donde trabajar, porque en su cooperativa, también habanera y de la construcción “los jefes de brigada incumplen los pagos. Los jefes no enseñan las tarifas y pagan menos de lo acordado, alegando que no fue tanto el dinero cobrado por la obra”.

“Están pagando muy poco, 15 centavos de CUC por metro cuadrado de pintura, cuando el metro cuadrado nos dicen que es a 40, y al inversionista le cobran 1 CUC”, cuenta Gilberto, que lleva más de un año en la cooperativa.

“Al principio era diferente. El jefe de brigada nos llevaba bien y nos pagaban siempre 1 CUC diario por el almuerzo cuando el inversionista lo pagaba. Ahora no lo pagan, y en una empresa dijeron que por qué no nos daban el CUC, si el inversionista lo estaba dando. ¿A dónde fue a parar?”.

Según sus ingresos del mes pasado, unos 1 300 pesos, las utilidades aquí son mucho más bajas que las reportadas en Amyair, G’Obra y La Primera de Plaza.

-¿Y las asambleas?, le pregunto.

-¿Las asambleas? Una vez al mes, pero no se habla de problemas internos. Se habla de algunos temas políticos y demás. Y solo pueden hablar los jefes de grupo.

Gilberto tiene que buscarse sus medios de protección, o simplemente, si no los tiene y llega el momento de usarlos, no trabaja.

Y, además, “meten gente de la calle, que no son socios, a trabajar por la izquierda. Se van enriqueciendo y hacen las cosas peor”.

Varios se han ido. Y él ya busca otro lugar donde trabajar. “Yo soy operario, hago bien mi trabajo y eso es importante, porque si yo y los que son como yo no trabajamos bien, la cooperativa no gana, y no ganan ni los directivos ni nosotros”.

Esos que “se van enriqueciendo y hacen las cosas peor” están pasando por encima de los principios más básicos del cooperativismo y de los derechos que todos los socios, como Gilberto, tienen en una cooperativa.

Tienen, además, “luz corta”, porque ponen en riesgo la sostenibilidad de las cooperativas y su viabilidad, necesaria para el país y para muchos cubanos, como una forma de asociación productiva eficiente y solidaria, de beneficio individual tanto como colectivo.

Se hace entonces más necesario un enfoque realista y ponderado de decisores y reguladores.

No puede tratarse de cerrar el camino a todas las cooperativas para que no haya cooperativas que pierdan el camino, sino de poner reglas de juego claras, transparentes y que incentiven a las cooperativas de buena gestión, al tiempo que desestimulen (y penalicen) gestiones que no tienen nada que ver con el cooperativismo y llegan en ocasiones a cruzar la línea del delito.

Cinco años después

Varios especialistas señalan que hoy, más de cinco años después de autorizada la constitución, con carácter experimental, de cooperativas no agropecuarias en diferentes sectores de la economía, sigue incidiendo la ausencia de una ley general de cooperativas que agrupe a este sector.

Según la economista Camila Piñeyro y otros expertos, falta además una infraestructura que incluya “una institución de supervisión y fomento; una confederación que las articule y facilite el trabajo de fomento, y una red de organizaciones (idealmente -pero no necesariamente- organizadas como cooperativas) preparadas para brindar capacitación y acompañamiento, certificada y coordinada por la institución de supervisión y fomento”.

Hay coincidencia, también, en resultados positivos como el aumento de los ingresos de los trabajadores y de su motivación (incluidos la disciplina del trabajo, la intensidad laboral y el ahorro de recursos), y en dificultades -el proceso complejo y largo de creación, la falta de capacitación y orientación hacia la responsabilidad social, dificultades de acceso al mercado mayorista y a la importación, falta de involucramiento de los gobiernos locales y distorsiones en el marco jurídico- que atentan contra el correcto funcionamiento de las cooperativas.

No parece lógico que haya provincias cubanas en las que no existe una sola cooperativa de la construcción. A la vez, la realidad muestra que el mundo de las cooperativas es mucho más que cooperativas o cooperativistas que han tenido una gestión negativa.

Y es -cuando menos- equivocada la perspectiva que mira con recelo el incremento de los ingresos de los cooperativistas, sin tomar en cuenta si es legal el trabajo que genera ese incremento, y si aporta beneficio y desarrollo al país, si proviene de utilidades repartidas luego del cumplimiento de los compromisos de la cooperativa. Más aun cuando en esa dirección queremos ir todos los cubanos.

Se necesitan, tanto para cooperativas como para cuentapropistas, políticas y prácticas de nivel local que promuevan la alianza público-privada como vía para alentar la proyección social de esos actores económicos.

Para Silvia Odriozola, “los gobiernos locales deben tener un papel más activo en la articulación de los diferentes actores que confluyen en el territorio, sean cooperativas, privados o estatales, independientemente de los niveles de subordinación que estos tengan.

“Uno de los reclamos que como economistas hemos hecho es que tanto cooperativas como TCP han nacido con la espontaneidad de quienes los han creado, pero no ha habido la intencionalidad de crear esas formas productivas en un territorio a favor de determinadas actividades que puedan resolver los problemas locales, desde servicios hasta oferta de empleo.

“El fomento intencionado de ese tipo de producción para apoyar al municipio según sus necesidades, no lo ha habido. Generar y conducir las formas no estatales de gestión a favor de los intereses del territorio, ese papel activo de los gobiernos locales, de conducir esos procesos, hace falta en Cuba. No se ha hecho, bueno, entonces hay que intentar articular al menos lo que surgió espontáneamente; articularlo y favorecer que esas formas productivas, cooperativas y privadas tributen al desarrollo de la localidad, no solo con el 1 %, y de ahora en adelante incentivarlas”.

Infografía: Cubadebate