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Tirando a Blackwater por el water

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Jeremy Scahill
The Nation
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Blackwater, la compañía de mercenarios privados propiedad de Erik Prince, ha vuelto a constituirse en centro de la atención pública ante una serie de revelaciones asombrosas sobre su papel en los programas secretos de EEUU. Desde al menos el año 2002, Blackwater está trabajando en Afganistán y Pakistán para la CIA con contratos “negros”. El 19 de agosto, el New York Times revelaba que la compañía era, de hecho, la pieza central de un programa de asesinatos de la CIA que supuestamente Dick Cheney ordenó perpetrar ocultándoselo al Congreso. El documento informaba que Blackwater continúa ocupando un papel esencial en la ampliada guerra aérea en Pakistán y Afganistán, donde se encarga de equipar y armar los aviones teledirigidos. Estas revelaciones son continuación de las acusaciones –efectuadas bajo juramento por ex empleados de Blackwater- de que Prince asesinó o facilitó el asesinato de potenciales informantes del gobierno y que “se consideraba a sí mismo como una especie de cruzado cristiano que tenía encomendada la tarea de eliminar la fe islámica y los musulmanes del planeta”.
Además, Blackwater está siendo investigada por el Departamento de Justicia por una serie de posibles delitos, que van desde contrabando de armas a homicidios, y también por el del Tesoro por posible evasión de impuestos. Asimismo, está teniendo que hacer frente a demandas en los tribunales federales por acusaciones de crímenes de guerra y asesinatos extrajudiciales. Dos de sus hombres han sido declarados culpables de la acusación de contrabando de armas; otro, culpable del homicidio de un civil iraquí sin que mediara provocación, y otros cinco han sido acusados de crímenes similares. El ejército estadounidense está investigando la matanza de civiles perpetrada por Blackwater en Afganistán el pasado mes de mayo, y están apareciendo informes de que la compañía puede estar también implicada en el programa de entregas extraordinarias.

Pero, a pesar de todos esos estigmas, la administración Obama continúa manteniendo a Blackwater en la nómina del gobierno. En Afganistán y Pakistán, Blackwater sigue trabajando para la CIA, para el Departamento de Estado y para el de Defensa por la friolera de cientos de millones de dólares, y su continuada presencia es un indicador de lo muy atrincheradas que están las corporaciones privadas en la maquinaria bélica estadounidense. EEUU está desplegando actualmente en Afganistán más fuerzas privadas (74.000) que soldados de uniforme (57.000). Aunque la mayoría de esos contratistas no van armados, un número considerable de ellos sí lleva armas y sus filas siguen creciendo. Un censo reciente del Departamento de Defensa informaba que el 30 de junio, los contratistas armados en Afganistán del Departamento de Defensa habían aumentado en un 20% respecto al primer trimestre de 2009.

Con la excepción de unos pocos congresistas, especialmente los representantes Henry Waxman y Jan Schakowsky, el Congreso ha permitido que la utilización de contratistas militares privados quede en gran medida sin control. Pero las recientes revelaciones acerca de las actividades secretas de Blackwater puede que finalmente fuercen al Congreso a tomar cartas en el asunto. Al menos, debería exigir a la administración Obama que revele todos los contratos federales firmados en el pasado y en la actualidad con todas las compañías y filiales de Prince, incluidas las que están registradas en el exterior.

El Congreso puede asumir la iniciativa de Schakowsky y preguntarle a la administración Obama por qué sigue trabajando con Blackwater. Schakowsky le ha pedido a la Secretaria de Estado Hillary Clinton y al Secretario de Defensa Robert Gates que revisen todos los contratos existentes con la compañía y que no concedan ninguno más a sus muchas filiales. Los comités de inteligencia del Congreso deberían también llevar a cabo una amplia investigación sobre las implicaciones de Blackwater en el programa de asesinatos de la CIA. ¿Están implicados los operativos de Blackwater en los últimos asesinatos? ¿Quién aprobó que la compañía se implicara en ellos? ¿Se notificó al Congreso? ¿Hasta qué nivel de la cadena de mando llegó la relación secreta con la compañía? ¿Actuaba también Blackwater en suelo estadounidense? ¿Qué papel, si es que tuvo alguno, jugó Blackwater en el transporte secreto de prisioneros?

La investigación debe incluir también el testimonio bajo juramento de antiguo altos oficiales de la CIA que fueron después contratados o pagados por Blackwater. Entre estos están Alvin “Buzzy” Krongard, el ex número tres de la agencia, que fue quien le dio a Blackwater el primer contrato de la CIA, incorporándose más tarde a la junta de la compañía, y J. Cofer Black, el ex director de la unidad de contraterrorismo de la CIA, que dirigió el programa de asesinatos. Black se convirtió después en el vicepresidente de Blackwater y dirigió las denominadas Total Intelligence Solutions, la CIA privada de Prince. Las Total Intelligence han sido simultáneamente utilizadas por el gobierno de EEUU, gobiernos extranjeros y compañías privadas, un acuerdo que puede haber creado diversos conflictos de intereses que los comités de inteligencia del Senado y del Congreso están obligados a investigar. El Congreso debería también averiguar si la seguridad nacional está comprometida en el momento en que los conocimientos, los contactos y el acceso de antiguos altos funcionarios de la CIA como Black y Krongard se ofertan en el mercado abierto.

John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha cuestionado que Blackwater utilizara la autorización del Departamento de Estado como tapadera para reunir información para los asesinatos selectivos. Kerry debería celebrar vistas en las que Hillary Clinton y Condoleeza Rice deberían ser obligadas a testificar sobre la materia. Los comités de supervisión deberían probar las acusaciones de que Blackwater estuvo implicada en el contrabando de armas y en los asesinatos extrajudiciales en Iraq, mientras los comités que se ocupan de los asuntos militares deberían investigar el impacto que las acciones de Blackwater han tenido en Iraq en la seguridad de las tropas estadounidenses. Un activo inestimable para esas investigaciones podría ser la comisión para los contratos en tiempo de guerra, establecida por los Senadores Jim Webb y Claire McCaskill. Finalmente, el Departamento de Justicia debería probar las acusaciones de asesinato, contrabando y otros delitos contra Prince y sus ejecutivos.

Con todas estas historias, Blackwater se ha probado a sí misma que es como una especie de juego del whack-a-mole [*]: que reaparece una y otra vez. A pesar de que el gobierno iraquí proscribió a la compañía, sus operativos siguen allí dos años después de que se produjera la masacre de la Plaza Nisour de septiembre de 2007, en la que mataron a tiros a diecisiete civiles iraquíes. Esta resistencia significa que la investigación de la compañía debe ser global y debe estar coordinada.

Por último, es un error pensar que Blackwater es el único problema. En Iraq, por ejemplo, la administración Obama está sustituyendo a Blackwater con la contratista privada Triple Canopy, que, además de contratar a algunos de los hombres de Blackwater, tiene su propio y cuestionable historial, que incluye acusaciones de disparar a civiles y alquilar soldados de países con una historial de abusos de los derechos humanos. Blackwater no es más que una de las frutas del árbol podrido de las subcontratas militares. Es fundamental que el Congreso se enfrente a los profundos vínculos entre los beneficios de las corporaciones en las guerras estadounidenses y las letales operaciones secretas.

N. de la T.:

[*] Whack-a-mole, su traducción literal sería la de “atízale al topo”, se designa así a uno de los juegos típicos para niños que hay en las ferias y en el que tienes que golpear con una maza a los topos que salen de los agujeros para volverlos a meter dentro.

Enlace con texto original: www.thenation.com/doc/20090914/scahill

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