Cubadebate

Lo que ha ocurrido en México a raíz de las órdenes dadas desde Washington a un hotel radicado en Ciudad México provoca distintos sentimientos, que van desde la indignación a la lástima.

Los hechos son bien conocidos:  un grupo de funcionarios cubanos vinculados al sector energético se reunían en México con sus colegas de Estados Unidos, analizando con profesionalidad y seriedad, entre otros temas, las posibilidades de colaboración en la esfera de la exploración petrolera, algo que ha venido realizándose desde hace años con diversos sectores productivos de Estados Unidos interesados en futuros intercambios con nuestro país.

Esta reunión se había acordado en virtud del expreso interés de la parte norteamericana en conocer el potencial de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, y de la disposición del Gobierno de Cuba de no impedir la participación de las empresas norteamericanas en futuras negociaciones sobre el tema. La reunión en sí, es una prueba más del clima de mutuo respeto que prevalece entre nuestro país y los sectores económicos de Estados Unidos, evidenciado en importantes compras de alimentos ascendentes ya a más de 500 millones de dólares anuales, que Cuba ha saldado al contado y sin un minuto de retraso, lo que la actual administración de Estados Unidos quiere hoy impedir a toda costa.

Este evento, como en otras ocasiones, se desarrollaba en México, en un hotel mexicano, ya que en virtud del bloqueo, a cada uno de ellos, tanto cubanos como norteamericanos, se les prohíbe por el gobierno de Bush viajar al otro país.

Es harto conocido que la nacionalidad de una subsidiaria, como es el caso del hotel María Isabel Sheraton, es la del país donde haya sido constituida, con independencia de la nacionalidad de su Casa Matriz. En otras palabras, una entidad registrada en México, al amparo de la legislación  mexicana, es a todos los efectos jurídicos una entidad mexicana y se debe regir por las leyes de México y no por las leyes del país al que pertenezcan sus accionistas o propietarios transnacionales. Esto, además de ser legalmente inobjetable, tiene un profundo contenido práctico; sobre todo en el contexto actual de un mundo globalizado, donde incontables accionistas extranjeros pueden poseer empresas  en cualquier país.

Tomando el propio ejemplo de México, que recibe elevadas sumas de inversión extranjera directa, cabría preguntarse qué pasaría si cada país pretendiera aplicar sus propias leyes a sus subsidiarias que operan en México.  Es claro que en esas condiciones a algunas empresas se les aplicarían las leyes alemanas, a otras las francesas, a otras las japonesas, o tal vez todas. No es necesario un gran esfuerzo imaginativo para deducir que esto llevaría al país receptor de la inversión extranjera, México en este caso, al más absoluto caos, pues tendría que aplicar en su territorio  la ley de diez, veinte o más países con diferentes regímenes jurídicos y culturas corporativas.

Todo esto es algo bien establecido que puede entenderse con absoluta claridad y nadie entraría a violarlo, excepto el gobierno de Bush que, como un amo del mundo, ha demostrado no conocer límite  alguno a su arrogante poder imperial.

Los hechos así lo confirman: el pasado viernes cuando habían terminado el primer día de las sesiones de trabajo de ambas delegaciones, la de Cuba fue informada por la administración del hotel mexicano que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le había ordenado desalojarla de la instalación.

Es de suponer que el gerente del hotel encontró muy lógico y razonable lo sucedido. Ni siquiera pestañeó, e hizo cumplir de inmediato la orden recibida.  No se detuvo a pensar por un segundo que un gobierno extranjero no tenía capacidad jurídica para dar esa orden, y que cualquier problema que surgiese al respecto debería resolverse bajo los preceptos de la Ley Mexicana.

Al gerente del hotel no se le puede culpar. Él simplemente actuó con la lógica de quien se siente que no está haciendo nada anormal. Que tal orden era impúdica y abusiva ante los ojos del pueblo mexicano y del mundo,  seguramente ni siquiera le pasó por la mente.

Tal vez incluso pensó que expulsando del hotel a los funcionarios cubanos complacía también al gobierno que con la mayor tranquilidad condena vehementemente en Ginebra a Cuba año por año, y calla de forma extraña ante las horrendas torturas que a diario comete Estados Unidos contra prisioneros indefensos bajo su custodia, en territorio cubano ocupado ilegalmente y a la fuerza por el gobierno que la acusa de violar los derechos humanos.

Para hacer más humillante el acto, el imperio ni siquiera se molestó en informar a las autoridades mexicanas, y la orden la trasmitió un burócrata de turno del Departamento del Tesoro. En definitiva, la soberanía de un país es algo intrascendente, que no ameritaba molestar a un funcionario de más categoría.

La vocera del Departamento del Tesoro Brookly Mclaughlin no pudo ser más explícita al respecto. En  un reporte publicado en el New York Times el día 7 de febrero se le cita declarando que:  "El hotel en Ciudad México es una subsidiaria norteamericana y por tanto le está prohibido ofrecer servicios a Cuba o nacionales cubanos.  En este caso simplemente estamos siguiendo nuestros procedimientos usuales, aplicando la ley".  Le faltó aclarar, seguramente no lo creyó necesario, que se refería a la ley de Estados Unidos.

Otro vocero, el del Departamento de Estado, Sean Mc Cormack, según un cable publicado  en "Estrella Digital" el 9 de febrero, declaraba lo siguiente:  "Básicamente, la ley estadounidense se aplica a las Empresas de Estados Unidos o filiales de grupos estadounidenses, sin que importe donde estén". Es imposible citar un ejemplo más claro de desprecio a la soberanía de otros países.

La indignación en el pueblo mexicano y en muchas de sus instituciones no se hizo esperar. Se organizaron manifestaciones populares de repudio a la grotesca ofensa. Los senadores de los principales partidos políticos reaccionaron con honor y decoro. El periódico La Jornada en su edición del martes 7 de febrero publicaba un artículo brindando información sobre el tema bajo el título "La aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos es inadmisible:  Senadores".

El artículo comenzaba diciendo: "Senadores panistas, priístas  y perredistas exigieron ayer al Gobierno del Presidente Vicente Fox una reacción diplomática enérgica a la expulsión de funcionarios cubanos del hotel María Isabel Sheraton, por constituir una violación de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución, además de que calificaron de "vergonzoso" permitir la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses en México. Eso es inadmisible y requiere una aclaración inmediata, subrayaron".  Pero en medio de todo este clima de unánime repulsa al vejamen recibido desde el Norte por la patria de Juárez, ¿qué decía y qué hacía el gobierno de México?

Si se analizan las declaraciones del canciller Derbez, que es a quien la prensa internacional se ha dirigido para conocer la postura del gobierno mexicano sobre tan sonado escándalo, no puede menos que experimentarse una extraña mezcla de perplejidad y casi un sentimiento de lástima.

En sus primeras declaraciones desde Europa, donde se encontraba realizando una gira por varios países, reconocía, según un cable de la AFP el día 7 de febrero, que la ley no puede tener de ninguna manera aplicación extraterritorial, pero se apresuraba en agregar:  "lo que haríamos nosotros, no con el gobierno de Estados Unidos porque ellos tienen su legislación, sino con quien la aplica de manera errónea, sería aplicar la sanción que corresponda".

Traducido a un idioma directo y claro lo que se está admitiendo con la más pasmosa indolencia es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede darles órdenes a empresas constituidas y operando en México; y dado el caso que el tema salga a la luz pública y no quede más remedio que tomar alguna acción para calmar los ánimos, entonces se castiga a la empresa que acató tal orden contra el honor y la dignidad de México.

En Nueva York, Ellen Gallo, portavoz de la cadena dueña del hotel, según  el mismo cable, contradecía el punto de vista del Sr. Derbez al afirmar, con toda razón, que se trataba "de un tema entre dos Gobiernos".

Otro titular del periódico mexicano La Jornada del día 8  de febrero publicaba otra insólita frase del Secretario de Relaciones Exteriores de México: "Se sancionará al Sheraton sin enviar queja alguna a Washington", y agregaba dicho órgano de prensa:  "Luis Ernesto Derbez Bautista, quien está en Londres en el último punto de su gira de dos semanas por Europa, rechazó que la decisión del hotel María Isabel Sheraton de desalojar a una delegación de funcionarios cubanos de sus instalaciones represente una violación a la soberanía nacional".

En la medida que la indignación interna crecía, se veía al gobierno mexicano presionado para adoptar una postura más enérgica ante tal afrenta a la nación educada en el ejemplo de los niños héroes de Chapultepec y la de todos los que han luchado por preservar los más altos valores del glorioso pueblo mexicano.

Al canciller Derbez se le apreciaba inseguro e indeciso. El periódico mexicano El Universal dejaba constancia de sus tribulaciones en un artículo de fecha 8 de febrero titulado "Secretaría de Relaciones Exteriores ajusta postura ante Estados Unidos por la expulsión de cubanos". El mencionado periódico informaba:  "El gobierno de México analiza el envío de una nota diplomática de protesta a Estados Unidos por la expulsión de una delegación de cubanos del hotel María Isabel Sheraton, informó el canciller Luis Ernesto Derbez, quien advirtió que el Gobierno Federal no permitirá que ninguna ley del extranjero tenga vigencia sobre las nacionales.

"En una entrevista radiofónica, el canciller dijo que el gobierno mexicano, a través del subsecretario para América del Norte, Jerónimo Gutiérrez, ha contactado al gobierno estadounidense para averiguar de manera precisa y concreta el incidente. "Él (subsecretario) traerá la información para que decidamos si corresponde o no presentar una queja al Gobierno de Estados Unidos.

"Sin embargo, en menos de cuatro horas, Derbez varió su postura, pues en una conferencia de prensa en Londres  previa a la entrevista en radio había asegurado que el incidente no ameritaba el envío de una nota diplomática a Washington, pues el hotel María Isabel Sheraton fue el que procedió indebidamente, en tanto que, justificó, el Departamento del Tesoro solo dio indicaciones.

"Aseguró además que Estados Unidos no violó la soberanía mexicana al solicitar a la Empresa la aplicación de una ley estadounidense."

Un titular más reciente, esta vez del periódico La Jornada del día 9 de febrero, daba nuevas y aún más raras declaraciones:  "Petición verbal a Estados Unidos para que revise la aplicación extraterritorial de leyes:  Derbez."

Es curioso constatar cómo incluso una tímida "petición verbal" para que Estados Unidos "revise" la aplicación de la Ley de Estados Unidos en México venía acompañada de una explicación en la que se dejaba claro que el único culpable era el hotel por todo lo acaecido, y se mostraba especial complacencia con el Gobierno de Bush al dejar constancia de que "las relaciones con Estados Unidos son en términos generales muy positivas".  Más adelante, el canciller Derbez culpaba a la prensa de "armar escándalos sobre este tema". Y añadía, como para que no quedara ninguna duda de la extrema delicadeza con que hacía su "petición verbal" a Washington:  "le hemos hecho saber de manera verbal al Departamento de Estado que nos parece  que ellos deberían revisar esta territorialidad (de sus leyes)".

Realmente si algo faltó en estas declaraciones, fue pedir humildemente disculpas por la terrible molestia que significa para el Departamento de Estado tener que dedicar unos minutos de su ocupadísimo tiempo para escuchar a alguien a quien "le parece" que se "debería" revisar la no aplicación de las leyes de los Estados Unidos en su propio país.

Posteriormente se ha hablado de clausurar el hotel, pero debe aclararse que las causas que se aducen para amenazar con tomar esta medida son de carácter meramente administrativo, como por ejemplo que el hotel ocupó tres mil metros cuadrados de terreno sin autorización, que opera dos bares sin licencia y no cuenta con salida de emergencia.

Como se podrá apreciar ninguno de estos motivos tiene ni el más remoto vínculo con el problema esencial:  el hecho de que los voceros del Estado expansionista que ayer arrebató a México más de la  mitad de su territorio, declararan que las empresas mexicanas con participación de entidades estadounidenses tienen que cumplir en México las leyes de Estados Unidos y ha actuado draconianamente de acuerdo con esa autoasignada prerrogativa.

Las valoraciones sobre este suceso pueden ser muy variadas, pero como dijo Martí: "hay un cúmulo de verdades  esenciales que caben en el ala de un colibrí y son, sin embargo, la clave de la paz pública, la elevación espiritual y la grandeza patria".

Desde nuestra óptica martiana, sentimos una enorme pena por todo lo sucedido que expresa hasta qué punto los  Estados Unidos se arrogan el derecho de ignorar al gobierno y al pueblo mexicanos y de actuar impunemente con absoluto irrespeto a la grandeza de esa hermana y entrañable nación.