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Presenta Venezuela solicitud de extradición de Posada Carriles ante el Departamento de Estado

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El embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Alvarez, presentó ante el Departamento de Estado de EE.UU. la solicitud formal de extradición del terrorista Luis Posada Carriles sustentada en tres tratados: el de 1922 entre Venezuela y Estados Unidos; “Convenio para la Represion de Actos Ilicitos contra la Seguridad de la Aviación Civil“, suscrito en Montreal el 23 de septiembre 1971, por ambas partes, y el “Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas“, adoptado por la ONU el 15 de diciembre de 1997 .

Según verificó Cubadebate con fuentes de la embajada de Venezuela en Washington, el documento fue presentado a las 11:30 am. (hora local), y en él se fundamentan las pruebas legales de que Luis Posada Carriles planeó la voladura de un avión de la línea cubana en 1976, provocando la muerte de 73 personas; se fugó de una cárcel venezolana en 1985, antes de que se dictara sentencia sobre su causa, y no ha sido ni absuelto ni prescrito por los tribunales de ese país.

Ante una pregunta de la prensa sobre si el proceso de inmigración seguido contra Posada Carriles en El Paso interfiere la extradición, el embajador Álvarez ratificó que entre un caso de inmigración y uno de extradición el que toma precedencia debe ser el de extradición.

“El caso principal que establece que los procesos de inmigración y de extradición son paralelos es, irónicamente, el caso del ex-presidente venezolano Pérez Jimenez en 1963”, dijo a Cubadebate el abogado José Pertierra.  “Ahí el Tribunal de Apelaciones sentó el precedente con esta decisión y dijo que ‘cuando hay casos paralelos de deportación y de extradición pendiente, la orden de deportación se retira y los procedimientos de deportación se suspenden durante el proceso de extración . . .’   Eso es, dice la corte, porque ‘los procedimientos de deportación no sirven algún fin útil . . . y pudiera hasta complicar innecesariamente los procedimientos de extradición.”

El expediente entregado al Departamento de Estado será enviado por esta instancia a los ministerios de Justicia y Seguridad Interior, en Washington, aseguró en una rueda de prensa el martes el vocero del  Departamento de Estado norteamericano, Sean McCormack, quien añadió que los trámites para mantener la detención preventiva del terrorista están siendo manejados “por los canales adecuados.”

“En estos casos es importante que se sigan las leyes y los   procedimientos legales”, dijo el portavoz, el cual señaló que   estos asuntos están siendo llevados adelante por los canales   apropiados, que son el Departamento de Justicia y el de   Seguridad Interior”.

También se encuentran en Washington un grupo de  legisladores venezolanos, con la intención de entregar  documentación sobre el caso Posada Carriles a sus pares  estadounidenses.

La delegación está encabezada por el primer vicepresidente de  la Asamblea venezolana, Ricardo Gutiérrez y el presidente de la  Comisión de Política Exterior, Saúl Ortega. Los legisladores  buscarán además impulsar la aplicación en este caso del tratado  de extradición bilateral, firmado en 1922, y de los tratados  internacionales contra el terrorismo.

Según el reglamento legal vigente en Estados Unidos, la decisión de aplicar el Convenio de la Tortura es responsabilidad del Secretario de Estado.  No requiere que la decisión la tome el juez de inmigración.  “Al contrario, dice que la toma Condoleezza Rice, lo cual es consistente con la interpretación de que no es necesario esperar la conclusión del proceso de inmigración para iniciar el proceso de extradición”, explicó el abogado Pertierra.

“Es más, en casos estrictamente inmigratorios le corresponde al Juez de Inmigración tomar una decisión sobre una solicitud de amparo de acuerdo con Convenio de la Tortura, pero en caso de extradición la decisión sobre dicho amparo la toma el Secretario de Estado”.

Este reglamento también establece que la consideración de protección de acuerdo con Convenio de la Tortura no es algo que le corresponde al juez federal que dictamina sobre la extradición.

Hoy la prensa salvadareña anunció también que tiene casi listo su solicitud de extradición para juzgar al terrorista por los delitos de “falsedad ideológica, uso de documentos falsos y uso falso de documento de identidad”. Sin embargo, el canciller venezolano, Alí Rodríguez, afirmó que el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación “jurídica, moral y política” de extraditar al anticastrista Luis Posada Carriles a Venezuela, donde es solicitado por terrorismo.

Según los convenios de extradición firmados de modo independiente por Venezuela y El Salvador con los Estados Unidos, “si el criminal fugitivo reclamado por una de las Partes contratantes fuera reclamado a su vez por uno o más Gobiernos, en virtud de estipulaciones de tratados, por crímenes cometidos dentro de sus respectivas jurisdicciones, dicho delincuente será entregado con preferencia al primero que haya presentado la demanda”. Si se cumple lo establecido en los convenios, Estados Unidos debe entregar el fugitivo a Venezuela.

“La obligación jurídica, la obligación moral, la obligación política, de las autoridades norteamericanas es poner a ese señor en Venezuela para que culmine el juicio que fue interrumpido como consecuencia de la fuga y no colocarse en evidencia como lo está haciendo ante su propio pueblo”, dijo el canciller en entrevista telefónica a la televisora estatal VTV desde Qatar.

Rodríguez, que participa en la cumbre del Grupo de los 77 (G-77), dijo que Washington no podía “proteger, y mucho menos ocultar, como lo hizo en el pasado, a un connotado terrorista internacional como es el señor Posada Carriles” si quiere ser consecuente con su discurso antiterrorista.

Posada Carriles fue detenido en Miami el pasado 17 de mayo, acusado  de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Actualmente se   encuentra en una prisión federal de El Paso, en Texas, donde el   lunes tuvo una primera audicencia. Las siguientes se celebrarán  el 24 de junio (para fianza)  y el 29 de agosto próximo, a la una de la tarde, para establecer situación migratoria.

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