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El Código Chávez

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 "¿Qué mensaje tiene para mi país?". El general Rafael Oropeza no tuvo ninguna respuesta para el oficial militar de los Estados Unidos parado ante él el 11 de abril de 2002 en las barracas militares del Fuerte Tiuna en Caracas. El coronel James Rodgers, agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, repitió la pregunta. En el momento del golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, el general Oropeza estaba a cargo del registro de todos los que entraban y salían del Fuerte Tiuna, la base del Ministerio de la Defensa de Venezuela y la mayor instalación militar de la nación. Las fotografías de Rodgers mientras conducía un vehículo por los alrededores del Fuerte durante los días del golpe, fueron publicadas posteriormente en el diario venezolano Últimas Noticias.

 

El Departamento de Estado negó la existencia de un James Rodgers, a pesar de que estaba registrado como agregado militar de la Embajada en Caracas. Pero el momento más comprometedor que experimentó el Ejército de los Estados Unidos en Venezuela durante el período del golpe de abril de 2002 contra el presidente Chávez tuvo lugar el día 8 del propio mes, en ocasión de una fiesta de despedida exclusiva a un agregado militar chino, celebrada en el lujoso hotel Meliá en Caracas. Fue esa noche, precisamente, cuando el oficial de la Marina de los Estados Unidos, David Cazares, confundió al general Roberto González Cárdenas con el general Néstor González González. Fue un error comprensible. Ambos hombres eran calvos, aproximadamente de la misma estatura y vestían un uniforme de oficial del Ejército, con honores y una chapilla de identificación que decía simplemente "González".

Cazares se acercó sigilosamente al general González y, acusadoramente, le preguntó, "¿Por qué no han contactado con los barcos que tenemos en la costa y el submarino sumergido en La Guaira? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie me ha contactado? ¿Qué están esperando?".

 

El general González no tenía la más remota idea de lo que estaba diciendo este oficial de la Marina de los Estados Unidos, pero antes de que pudiera responder, un agregado militar de Brasil se le acercó en la fiesta para despedirse. Cazares aprovechó la distracción para preguntarle al capitán de la Marina, Moreno Leal, parado cerca, si ése era el general González, "el que estuvo estacionado en la frontera". Moreno respondió: "Ése es el general González, pero no sé si estuvo estacionado en la frontera". Cazares siguió interrogando al general González Cárdenas, y le preguntaba insistentemente por qué todavía nadie había establecido contacto con él o con los tres barcos y el submarino ubicados frente a la costa venezolana. Prudentemente, González Cárdenas se limitó a responder con un simple "Le averiguaré". Al abandonar la fiesta, los dos se volvieron a encontrar en el elevador. "Esto tiene un costo operativo. Espero su respuesta", dijo Cazares con firmeza.

 

El general venezolano Néstor González González fue un actor clave en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez. El 10 de abril, el general compareció en la televisión nacional y demandó allí la renuncia del presidente, "o ya verán". El 12 de abril, un programa de la televisión transmitido después del golpe reveló que González González hizo esta afirmación simplemente con el fin de evitar que el presidente Chávez viajara a Costa Rica, donde participaría en una reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ese mismo día. El complot había tenido éxito. Chávez permaneció en Venezuela y el golpe se ejecutó según lo planificado.

 

Sin embargo, el intercambio equivocado entre Cazares y González Cárdenas ese 8 de abril fue pasado por alto y desechado por los investigadores venezolanos después de la breve democión del presidente Chávez, y los Estados Unidos simplemente lo obviaron. El período de mandato de Cazares en Venezuela se redujo posteriormente y fue enviado a Chile cuando el artículo publicado en Últimas Noticias comenzó a asombrar a algunos.

 

"Otra pieza en su lugar"

El 5 de marzo de 2002 sucedió algo que agradó al gobierno estadounidense. Un cable enviado por la Embajada de los Estados Unidos en Caracas a Washington, la CIA, la DIA, el NSC y a otros, llevaba el encabezamiento siguiente: LOS SINDICATOS, EL SECTOR EMPRESARIAL Y LA IGLESIA ANUNCIAN PACTO DE TRANSICIÓN. El resumen del cable decía: "con bombos y platillos, lo que más vale y brilla de Venezuela se congregó el 5 de marzo para escuchar a los representantes de la Confederación de Trabajadores Venezolanos, la Federación de Cámaras de Comercio y la Iglesia Católica en la presentación de sus Bases para un acuerdo democrático, diez principios por los que se guiaría un gobierno de transición. Este acuerdo constituye un importante paso para la oposición que nunca ha vacilado en condenar a Chávez, pero hasta el momento no había ofrecido una visión abarcadora de sí misma."

 

Con la lectura de este cable se puede suponer que la Embajada de los Estados Unidos consideraba a todo el mundo la "crema y nata de Venezuela" menos a los "chavistas", en tanto los reunidos allí para escuchar a los líderes de la oposición presentar su pacto para un "gobierno de transición" eran todos del bando "antichavista". Pero dejando a un lado los prejuicios, el 5 de marzo, mientras la CIA enviaba informes a los más altos funcionarios del gobierno y de los servicios de Inteligencia sobre las dificultades para desarrollar un golpe y la división entre la oposición, los líderes de la Central de Trabajadores Venezolanos (CTV), Fedecámaras y la Iglesia Católica hacían todo lo posible para unirse y conciliar lo que había que hacer después de que lograran sacar a Chávez de la presidencia. De acuerdo con el cable, Carlos Ortega, presidente de la CTV, declaró que "este acuerdo es un pacto para nosotros... para guiarnos durante la transición y para establecer un Gobierno de Unidad Democrática."

 

El gobierno estadounidense parecía complacido con el acuerdo alcanzado por la oposición el 5 de marzo, y tenía en cuenta que llevaba invertido casi dos millones de dólares tratando de fortalecer y unir a los partidos de la oposición. Un comentario en el cable de la Embajada revelaba tal satisfacción: Otra pieza en su lugar, escribía Cook, oficial de la Embajada, "este acuerdo bien puede constituir el marco de referencia y el código de conducta para un gobierno de transición..."

 

El comentario "otra pieza en su lugar" debería llamar la atención de algunos, más bien de muchos. Si el acuerdo de la oposición para un gobierno de transición post-Chávez es otra "pieza" del plan, entonces el derrocamiento de Chávez debe ser lo que completa la conspiración. Los Estados Unidos se quejaban todo el tiempo de la falta de unidad en la oposición, razón por la cual habían inyectado unos dos millones de dólares a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) para fortalecer a los partidos políticos y ayudarlos a unirse y encontrar una estrategia. El acuerdo del 5 de marzo confirmaba que la inversión había dado resultado: "otra pieza" había sido colocada correctamente y se acercaba el día de lograr el objetivo final.

 

El 11 de marzo de 2002 el gobierno de los Estados Unidos estaba convencido de que se estaba organizando el golpe.

Los de la CIA en Venezuela enviaron otro informe SEIB a las cinco agencias de Inteligencia en Washington, esta vez en forma de alerta. El alerta fue preparado por el Comité de Alerta Estratégica del DCI, un grupo estrictamente confidencial y de alto nivel presidido por el Oficial Nacional de Inteligencia para Alerta e integrado por representantes de los directores de la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia para la Defensa y la Agencia Nacional de Imagenología y Cartografía, así como por el subsecretario de Estado para la Inteligencia y la Investigación y el vicedirector de Inteligencia de la CIA. El alerta estrictamente confidencial era más específica: "Hay señales cada vez mayores de que líderes del empresariado venezolano y oficiales militares se están sintiendo descontentos con el presidente Chávez... los militares pudieran tratar de derrocarlo."

 

¡De ninguna manera!

El embajador norteamericano en Caracas, Charles Shapiro, visitó a Carmona varias veces durante el golpe. Alegaba que sus visitas a éste el 12 de abril tenían la intención de convencerlo para que reactivara el Congreso y las demás instituciones que había disuelto; pero las respuestas de Shapiro a las preguntas sobre sus relaciones con los líderes de la oposición y los participantes en el golpe resultaban muy elaboradas y bien planeadas. Claro está que no por él.

El 16 de abril de 2002, Shapiro recibió un cable del Departamento de Estado en Washington con la Guía de Prensa de Asuntos del Hemisferio Occidental, elaborada por un tal L. S. Hamilton en el Departamento de Estado y aprobada por Richard Boucher, vocero del propio Departamento.

 

Cuando se le preguntara, "¿Los funcionarios estadounidenses se reunieron con funcionarios de la oposición venezolana antes de la destitución del Presidente Chávez el 11 de abril?", se debía memorizar la respuesta siguiente: "Los funcionarios estadounidenses se han reunido con un amplio espectro de venezolanos en los últimos meses, tanto en Caracas como en Washington. Los funcionarios estadounidenses se han reunido con representantes de la comunidad empresarial, funcionarios sindicales, líderes de la Iglesia Católica, líderes de los partidos políticos de la oposición y con un gran número de funcionarios del gobierno venezolano."

 

En referencia a preguntas sobre las reuniones con Carmona, en la Guía de Prensa se decía: "Si se le pregunta" -lo que quería decir; no dé información si no se le pregunta-, la respuesta ampliada era: "En el transcurso de nuestros contactos diplomáticos normales, los funcionarios estadounidenses se reunieron con Pedro Carmona, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio (Fedecámaras). Nuestro mensaje a todos los venezolanos con los que nos reunimos ha sido consecuente. La situación política en Venezuela es algo que compete a los venezolanos resolver por medios pacíficos, democráticos y constitucionales. Hemos afirmado categóricamente a todos nuestros interlocutores venezolanos en varias ocasiones y en muchos niveles, que bajo ningún concepto los Estados Unidos apoyarían una acción antidemocrática y anticonstitucional, como es un golpe, para sacar al Presidente Chávez del poder."

 

Un mensaje de "cero golpes" era transmitido categóricamente, mientras que el gobierno de los Estados Unidos llenaba los bolsillos de los conspiradores golpistas con un par de millones de dólares y se reunía con ellos periódicamente para discutir sus planes.

 

No sorprende, entonces, que la respuesta a la pregunta: "¿Participaron los Estados Unidos en las acciones para sacar al presidente venezolano Chávez del poder?" fuese "¡DE NINGUNA MANERA!"

 

 

 

Eva Golinger es una abogada venezolano-norteamericana que se especializa en leyes internacionales sobre derechos humanos e inmigración. Obtuvo su Doctorado en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de la ciudad de Nueva York. En 2003 comenzó a investigar la injerencia de los Estados Unidos en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez y ha sacado a la luz los más de 20 millones de dólares invertidos por el gobierno norteamericano en el financiamiento a grupos "antichavistas".

En octubre de 2004 obtuvo documentos ultrasecretos, desclasificados en virtud de la Ley de Libertad de Información, que demostraban el conocimiento previo y la complicidad en el golpe. El Código Chávez es su primer libro.

 

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