Cubadebate

Editorial

Ayer, en conferencia conjunta, los secretarios de Gobernación, Santiago Creel, y Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, anunciaron el retiro inmediato de la embajadora de México en La Habana, Roberta Lajous: la expulsión de los dos diplomáticos de mayor jerarquía en la legación cubana en esta capital y la reducción de las relaciones diplomáticas bilaterales a un rango de encargados de negocios.

En esa conferencia Creel deslizó que dos funcionarios cubanos, José Antonio Arbesú Fraga, jefe del Departamento de América del Partido Comunista Cubano, y Pedro Miguel Lobaina Jíménez de Castro, jefe de la sección México de ese departamento, trataron, "fuera del marco institucional y de los procedimientos que se establecen en los acuerdos y tratados vigentes entre ambos estados, asuntos que, en todo caso, deben desahogarse por la vía diplomática con las instancias competentes", en lo que habría significado la realización de actividades "contrarias no sólo a la amistad que existe entre nuestros pueblos, sino al respeto que están obligados a darse los gobiernos en sus relaciones internacionales".

Por la misteriosa presencia de Arbesú y Lobaina en México, cuyos actos según Derbez constituyen "francas violaciones a la Convención de Viena" de la representación diplomática cubana; por la información dada por el gobierno cubano el día que deportó a México al empresario corruptor Carlos Ahumada Kurtz, y por el virulento discurso de anteayer, primero de mayo, en el que Fidel Castro formuló graves críticas a la política exterior del gobierno de Vicente Fox, el canciller anunció las medidas comentadas, que dejan las relaciones bilaterales a un paso de la ruptura total.

El enojo de las autoridades mexicanas por los señalamientos del mandatario cubano puede ser comprensible; es evidente, por otra parte, la severa incomodidad del actual gobierno por la deportación de Ahumada, decisión que a todas luces tomó desprevenidas a las autoridades y que podría representar un duro golpe para quienes, desde el gobierno foxista, participaron  en el complot orquestado para destruir al Gobierno del Distrito Federal y a su titular, Andrés Manuel López Obrador. Pero el brumoso  alegato del secretario de Gobernación sobre la igualmente nebulosa actividad de los funcionarios cubanos en territorio nacional suscita dudas adicionales sobre el malestar de Los Pinos hacia Cuba, y demanda explicaciones claras y puntuales a la sociedad.

¿Cuál es esa "naturaleza de los hechos registrados" que obliga a la Secretaría de Gobernación a "reservarse en términos de ley la información detallada de lo sucedido"? ¿Cuál ley? ¿Y qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Guarda alguna relación el comunicado del secretario Creel con las pretensiones de "transparencia" del gabinete del que forma parte?

En el caso de los videoescándalos y sus secuelas, el foxismo se empeña en dar muestras de firmeza que más bien ponen en evidencia su creciente desorientación y su incapacidad para pensar y actuar con claridad. Si a esa condición lamentable se agrega la claudicación regular de las tradicionales posturas mexicanas en política exterior y la creciente supeditación a los lineamientos de Washington, resulta más fácil entender esta súbita demolición de los históricos vínculos con Cuba.

Es razonable suponer que la Casa Blanca enviará calurosas felicitaciones a Los Pinos, al Palacio de Covián y a Tlatelolco por la decisión anunciada anoche, decisión que, curiosamente, es idéntica a las represalias contra el régimen de Castro adoptadas casi a la misma hora en Lima por lo que queda del gobierno de Alejandro Toledo. Cabe dudar, en cambio, que la sociedad mexicana, que siempre ha tenido al pueblo de Cuba entre sus más inequívocos afectos, apruebe una decisión tan manifiestamente visceral y de motivos tan oscuros e inconfesables.