Cubadebate

Ataúd del soldado César García, asesinado en una incursión de EE.UU. para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, en velorio el 7 de enero de 2026. Foto: Matías Delacroix/AP.

En inteligente artículo publicado en Rusia Today, el 7 de enero de 2026, Ociel Alí López interpreta que “el cambio de paradigma es evidente: el Pentágono ha sustituido la ocupación territorial de largo aliento por intervenciones quirúrgicas de alta tecnología. Tras dos décadas de desgaste financiero y pérdida de legitimidad en guerras interminables, Washington apuesta ahora por la ‘extracción’ directa de líderes, por acciones concretas rápidas y efectivas que tuercen la gobernanza, según sus propios dictámenes.”

Esta nítida exposición señala por sí misma el camino a seguir ante tal tipo de atentado terrorista. Estados Unidos opta por el secuestro porque no puede permitirse el prolongado “desgaste financiero y pérdida de legitimidad en guerras interminables”, por lo cual formula implícitamente la doctrina según la cual secuestrar o aniquilar al jefe del Estado equivale a aniquilar, confiscar o secuestrar la soberanía.

Si tal doctrina se generaliza, ello significaría el fin del “orden internacional basado en reglas”. O para decirlo en términos más sencillos, del orden internacional. Las relaciones entre entes políticos se reducirían a una sucesión de golpes de mano, emboscadas  y escaramuzas para asesinar, secuestrar o inhabilitar físicamente jefes de Estado. La Historia recopila una lista de mandatarios prisioneros, casi siempre después de la derrota d eus ejércitos: Francisco I de Francia, Napoleón. Pero lo que la nueva doctrina estadounidense propone es atribuirle a la inhabilitación personal e individual de un estadista efectos de pérdida total de la soberanía de todo un cuerpo político.

Es imprescindible, por tanto, formular una nueva Doctrina de Seguridad Estratégica, con los lineamientos siguientes:

1) El secuestro por fuerzas militares de un Estado contra un Jefe del Ejecutivo de otro país, o de cualquier persona relevante por el cargo público que ocupa, es un acto de terrorismo. No hay un  concepto universalmente válido de lo que este concepto significa, pero la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial Híbrido de la ONU para el Líbano definió como Terrorismo: “i) la perpetración de un acto delictivo (como asesinato, secuestro, toma de rehenes, incendio provocado, etc.), o la amenaza de cometer tal acto; ii) la intención de sembrar el miedo entre la población (lo que generalmente implicaría la creación de un peligro público) o coaccionar directa o indirectamente a una autoridad nacional o internacional para que tome alguna medida, o para que se abstenga de tomarla; iii) cuando el acto involucre un elemento transnacional”.

Toda  Doctrina Estratégica de Seguridad debe acoger la mencionada tipificación. Pueden ser calificados como terroristas actos de tal índole perpetrados en tiempos de paz, pero los actos terroristas realizados por un Estado contra otro –entre ellos  el secuestro-  son en sí y por sí actos de guerra. De hecho, el atentado de las Torres Gemelas fue considerado por el gobierno de Estados Unidos como una Declaratoria de Guerra y contestado en tales términos. El entonces Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López calificó como acto de guerra la agresión del 3 de enero.

2) Se supone que Estados en Guerra deben poner fin a sus hostilidades mediante un Tratado de Paz. En ausencia de éste, no son aceptables ni válidos acuerdos secretos o implícitos, cuyo contenido y alcances dependan de la voluntad del agresor. Menos aceptable todavía es la pretensión  de que la simple amenaza y la coacción creeen una nueva situación jurídica indefinida, en la cual los agredidos deben fingir independencia mientras   se ven obligados a adivinar las intenciones y propósitos  del agresor ante la posibilidad de sanciones tampco definidas ni delimitadas legalmente. Toda  nueva situación ha de ser pública, explícita y claramente delimitada, sin lo cual carece enteramente de efectos.

3) Propósito medular de cualquier Doctrina de Seguridad Estratégica sobre Secuestros de Jefes de Estado es invalidar de una vez los posibles efectos de la coacción generada por el rapto.  Se ha de reconocer que la soberanía no es un instrumento del  mandatario, sino que éste es un instrumento de la soberanía. El secuestro, muerte o inhabilitación del mandatario no puede ni debe en ninguna forma significar la del cuerpo político; este último debe habilitar mecanismos de sustitución idónea del funcionario que en ninguna forma impliquen la pérdida o destrucción de la soberanía. La defunción de Lenin no disolvió la Unión Soviética, la de Mao no desintegró China comunista, la de Fidel no desmanteló Cuba,  ni la de Alí Jamenei rindió a Irán. Los mandatarios son instrumentos de la perduración del cuerpo político, y no al revés.

4) A fin de evitar que la fuerza bruta ilegítima pretenda convertirse en derecho,  son aplicables los artículos 51 y 52 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados Internacionales, en vigencia desde el 27 de enero de 1980: que incluyen como causas de nulidad de dichos acuerdos:

51. Coacción'sobre el representante de un Estado. La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto juridico.

52. Coaccion sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

Toda Doctrina de Seguridad debe indefectible y explícitammente adherir a ambos principios, para evitar que se pretenda atribuir a  actos de terrorismo y guerra, como lo son el secuestro y la coacción, supuestos efectos legales válidos. Apoderarse de una persona no es, ni puede ser, ni puede tener los mismos efectos que apropiarse de un cuerpo político.

5) El poder efectivo de darse las propias leyes, ejecutarlas con medios propios y decidir autónomamente las controversias sobre su aplicación no es un mero debate jurídico. La soberanía se decide constantemente en el terreno de los hechos, mediante la resistencia activa a los actos que la lesionen. Para individuos y sociedades, no hay derecho más incuestionable que la legítima defensa.

Es en virtud de esta lógica que desde 1945, unos ochenta países antes colonizados  se han independizado de sus metrópolis a pesar de que éstas no han dejado de secuestrar, encarcelar,  eliminar o amenazar a las dirigencias libertadoras. El asesinato o el secuestro individual de un mandatario no implican el de todos. Las decisiones obtenidas mediante violencia, coacción  o amenaza  contra  la persona del primero no vinculan a la ciudadanía.

6) Por consiguiente, toda doctrina de Seguridad debe prever, aparte de la eficaz e intensificada  colaboración de la totalidad del pueblo con las fuerzas armadas desde el inicio mismo del conflicto, la movilización popular integral en caso de derrota, daño grave, insuficiencia o inoperatividad del ejército convencional.

La adopción y aplicación estricta de esta Doctrina de Seguridad servirá en adelante de protección para los mismos mandatarios, ya que convierte su secuestro o eliminación en inútil para los propósitos del agresor. Toca a la totalidad de los ciudadanos reivindicar por todos los medios a su alcance el poder inalienable e intransferible de la soberanía.

En todo caso, haya o no ocurrido la circunstancia del secuestro de altos funcionarios, cabría formular las siguientes recomendaciones estratégicas con vistas a una Doctrina adaptada a las modernas confrontaciones para la recuperación de la soberanía, o cualquier otro conflicto emergente:

1. Información pormenorizada sobre el escenario del conflicto y las fuerzas que intervienen en él, aportada por drones, radares, sensores e incluso la información satelital facilitada por satélites de comunicaciones propios o de  potencias aliadas.
2. Aplicación de la Inteligencia Artificial, capaz de detectar amenazas, seleccionar objetivos, articular defensas y tomar decisiones en lapsos tan  breves que puedan decidir el conflicto.
3. Uso intensivo del dron, como arma de costo relativamente moderado que no presenta riesgo para quien la emplea, y sin embargo puede abatir misiles, aviones, tanques y naves de altísimo costo, a veces tripulados.
4. Énfasis en la guerra cognitiva; mantener un flujo de información constante que informe positivamente al bando propio en tiempo real sobre la naturaleza, desarrollo y perspectivas del conflicto, así como los objetivos, recursos y propósitos del adversario, y transmita oportunamente a la población aquellos aspectos de la confrontación que no deban ser mantenidos en secreto.
5. Estrategías de rápida y automática  incorporación de la población civil al conflicto, con entrenamiento real, eficaz y práctico en las tácticas bélicas y, de ser necesario, entrega efectiva de armamentos y municiones para ampliar  la defensa contra el invasor y sus colaboradores.
6. División de las fuerzas en unidades con potencial autonomía de decisión y de operación, para precaver que la eventual pérdida de operación de una unidad de comando implique la parálisis de todas las subordinadas, las del mismo nivel o las superiores.
7. Plan de defensa escalonada, a fin de mantener la capacidad ofensiva a lo largo de diversas etapas,  incluso a pesar de la eventual pérdida del uso de los armamentos más complejos, para aplicar sucesiva o simultáneamente  la guerra de guerrillas, la resistencia civil y popular, con sus variantes de huelgas, sabotajes, atentados, suministro de información o desinformación y negativa a colaborar con el enemigo.

La práctica brutal del imperio enseña que sólo se puede contar con aquello que se defiende.