Cubadebate

Los implicados están acusados por crímenes contra 120 personas. Foto: Diario Ar.

El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín acoge desde este martes la primera jornada de un juicio contra cinco integrantes de la Fuerza Aérea Argentina, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención del Gran Buenos Aires.

La audiencia, prevista para iniciar a media mañana de este martes, es el primer paso en los tribunales para los acusados Juan Carlos Vázquez, Ernesto Rafael Lync, Juan José Zyska, Juan Carlos Herrera y Julio César Leston, imputados por crímenes contra 120 personas.

Los delitos fueron perpetrados en el circuito represivo de Zona Oeste, donde funcionaban los centros conocidos como Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), Mansión Seré, aquellos que operaron en las Comisarías de Moreno, y las Brigadas Aéreas I de Palomar y VII de Morón, entre otros.

En el proceso, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo actúa como querellante junto al nieto restituido Guillermo Pérez y la presidenta honoraria de la institución Rosa Tarlovsky, quienes denuncian los hechos contra su familia durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).

José Manuel Pérez, Patricia Roisinblit (embarazada de ocho meses) y la hija de ambos, Mariana, fueron secuestrados en 1978 y llevados a la RIBA, dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

Un mes después, Roisinblit fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada para dar a luz y, tras nacer en cautiverio, Guillermo fue sustraído y apropiado por el matrimonio compuesto por Francisco Gómez (agente civil de la RIBA) y Teodora Jofré.

El 13 de abril de 2000, Abuelas recibió una denuncia anónima que afirmaba que Gómez y Jofré tenían un niño inscrito con una partida de nacimiento falsa.

Después de ser visitado por su hermana Mariana, el joven aceptó realizarse los análisis correspondientes y en el año 2004 fue confirmada su verdadera identidad. Sus padres permanecen desaparecidos.

Abuelas y la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma pidieron el acompañamiento de organizaciones y ciudadanos durante el proceso judicial.