Cubadebate

Foto: Hayne Palmour IV / The San Diego Union-Tribune.

Cuatro estados norteamericanos y el Distrito de Columbia se sumaron hoy al enfrentamiento a una nueva regla del Gobierno del presidente Donald Trump que busca disminuir la inmigración legal de personas pobres.

Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y Washington presentaron una demanda en un tribunal federal en la ciudad de San Francisco, del primer territorio mencionado.

De similar manera actuó hace dos días en un tribunal de distrito de Washington, una coalición de dichos profesionales de ese estado, Virginia, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Rhode Island.

Todos se oponen a la medida anunciada el pasado 12 de agosto que pretende ampliar la capacidad del Ejecutivo de negar visas o tarjetas verdes (de residencia permanente) a personas que sean consideradas una “carga pública”.

Ese término se ha referido históricamente a alguien que recibe cierto tipo de apoyo gubernamental en efectivo, pero ahora se amplía la designación para incluir la dependencia a ayudas como los cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda y la cobertura bajo el programa sanitario Medicaid.

Con la nueva regla, prevista para entrar en vigencia a mediados de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional entenderá como carga pública a quien probablemente necesite beneficios oficiales más de un año en 36 meses, además de medir otros factores.

Resulta obvio lo que esta administración está haciendo, es artero más allá de las palabras, y California no será parte de eso, manifestó hoy su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, en una conferencia de prensa.

Según la última demanda, la regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra personas provenientes de lo que Trump ha denominado “países de mierda”.

Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo, consideró el fiscal general de California, Xavier Becerra.

Lucharemos contra esta regla ilegal, es simplemente inaceptable, agregó Becerra, quien adelantó que otros estados, organizaciones e individuos también presentarán demandas.

(Con información de Prensa Latina)