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Ascienden a 288 los fallecidos y superan 145 000 los damnificados por terremoto en el occidente colombiano

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Foto: The New York Times.

La emergencia desatada por el movimiento telúrico que estremeció a Colombia el pasado lunes se ha convertido en una herida abierta que los equipos de emergencia intentan cerrar con cada palada entre los escombros. A medida que las brigadas humanitarias perforan el aislamiento geográfico de las serranías y los valles apartados de la región cafetera y del Pacífico, la verdadera escala del desastre se impone con crudeza.

El parte más actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado al cierre de esta jornada, sitúa en 288 el número de víctimas mortales, lo que supone un ligero pero doloroso ascenso respecto al informe previo. Paralelamente, la lista de personas cuya paradero se desconoce ha experimentado una notable merma hasta los 202 casos, muy por debajo de los 379 que se manejaban en las primeras horas de la jornada.

La entidad encargada de la respuesta ante catástrofes evitó pronunciarse sobre las causas exactas de esta variación en los desaparecidos, sin precisar si responde al hallazgo de nuevos cuerpos sin vida en las estructuras colapsadas o a la reaparición de ciudadanos que lograron sobrevivir varios días aislados por el corte de carreteras y líneas de comunicación. Lo que sí dejó claro es que el panorama sigue siendo incierto y cualquier consolidado es provisional hasta que se complete el peinado de las zonas más críticas.

El fenómeno sísmico, registrado con una magnitud de 7.4 grados y cuyo hipocentro se ubicó en San José del Palmar, municipio del Chocó, ha dejado hasta el cierre de esta edición un saldo de 4 018 heridos que requirieron atención médica y 354 personas rescatadas con vida tras permanecer atrapadas bajo los escombros, en operativos que han exigido el uso de maquinaria pesada y perros rastreadores.

A cinco días de la sacudida, y conforme los rescatistas —apoyados por una red de voluntarios y organizaciones civiles— penetran en los territorios más escarpados y de acceso restringido, las cifras de afectación se multiplican, revelando una tragedia que no da tregua.

Hasta el viernes en la mañana, el registro oficial señalaba 102 262 damnificados, pero el boletín vespertino disparó esa estadística hasta las 145 601 personas, integradas en 57 516 núcleos familiares, esparcidos por 448 municipios que pertenecen a 15 de los 32 departamentos colombianos. Este salto en las cifras evidencia que muchas comunidades permanecían aún sin ser censadas en los días posteriores al sismo.

El inventario de pérdidas materiales que maneja la UNGRD resulta escalofriante: 80 744 viviendas con daños estructurales que las vuelven inhabitables en su totalidad o en parte, 12 504 casas completamente derruidas y 66 edificaciones de uso público o privado que se vinieron abajo. Las ciudades de Cali y Pereira concentran la mayor parte de estos colapsos, lo que ha obligado a desalojar barrios enteros y reubicar a miles de familias en albergues provisionales.

Pero el impacto no se limita al hábitat familiar. La infraestructura comunitaria ha recibido un golpe demoledor: 2 595 planteles educativos sufrieron afectaciones, 260 centros asistenciales vieron comprometida su operatividad, 267 tramos de la red vial nacional permanecen intransitables o con paso restringido, 87 sistemas de acueducto están fuera de servicio, 55 puentes presentan fallas estructurales y cinco aeropuertos operan con limitaciones. El caso más crítico es el del aeropuerto Matecaña, en Pereira, que desde el lunes solo admite vuelos de fuerzas militares y de socorro, un indicador elocuente de las trabas logísticas que enfrenta la distribución de agua potable, alimentos y medicinas.

“Seguimos articulando las acciones de respuesta con las gobernaciones y alcaldías, y mantenemos equipos desplegados en los territorios para evaluar daños y priorizar la ayuda”, afirmó la UNGRD en su comunicado oficial, donde además reiteró que el monitoreo se mantendrá activo las 24 horas mientras persista la situación de emergencia.

Este terremoto ya es considerado el más violento de los últimos 25 años en Colombia. Su energía telúrica no solo devastó el Chocó, sino que castigó con especial saña a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, donde la cotidianidad se ha transformado en una lucha permanente por recuperar la normalidad.

En ese contexto, el presidente Abelardo de la Espriella se trasladó este viernes a Pereira, urbe de aproximadamente 490 000 habitantes, y al constatar los daños en centros históricos, barrios periféricos y zonas comerciales, describió el escenario con una palabra que ha dado la vuelta al mundo: “apocalíptico”. Sus declaraciones reflejan no solo la gravedad del momento, sino la dimensión política y social de una reconstrucción que se anticipa larga y costosa.

El camino hacia la recuperación apenas comienza. Demandará recursos financieros ingentes, coordinación interinstitucional sin precedentes y el esfuerzo sostenido de una sociedad que, pese al dolor, ha respondido con oleadas de solidaridad. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan su labor en medio del polvo y las réplicas, conscientes de que cada hora puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes aún permanecen atrapados.

(Con información de agencias)

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