Cubadebate

La administración republicana busca ampliar las condenas capitales incluso en estados que abolieron las ejecuciones y prioriza casos vinculados con pandillas, narcotráfico y asesinatos de policías. Foto Ap

En poco más de un año y medio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha impulsado una ofensiva sin precedentes en el sistema de justicia federal: el Departamento de Justicia (DOJ) autorizó nuevos juicios con pena de muerte contra al menos 42 acusados en 34 casos, superando los 38 procesos presentados durante sus cuatro años de primer periodo, según reveló The Intercept.

Bajo el liderazgo de la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto interino Todd Blanche, la administración ha presionado para imponer la pena capital incluso en estados que abolieron las ejecuciones, como Nuevo México, Colorado y Maryland, así como en jurisdicciones sin tradición de pena de muerte, como las Islas Vírgenes.

Los datos revelan una marcada desigualdad racial: el 73 % de los acusados son personas de color, en su mayoría negras, según registros legales y cifras del DOJ y del Proyecto Federal de Juicios por Pena Capital. El sistema federal arrastra décadas de disparidades raciales ampliamente documentadas, y esta nueva oleada no hace más que profundizarlas.

Los condenados a muerte bajo el gobierno de Trump "han sido acusados de crímenes atroces, desde tiroteos masivos hasta asesinatos relacionados con pandillas", señala el reportaje.

El contraste con la administración anterior es brutal. En 2021, Trump ejecutó a 13 personas en seis meses durante la pandemia, en la cámara federal de Terre Haute, Indiana.

Su sucesor, Joe Biden, suspendió casi por completo los juicios por pena capital y conmutó 37 sentencias al dejar el cargo. Según la investigación, la ira contra las medidas de Biden fue el motor que impulsó a Trump a reactivar con furia la búsqueda de nuevas condenas a muerte.

Bondi ordenó que los fiscales federales soliciten la pena de muerte en casos de asesinato de agentes del orden y delitos capitales cometidos por extranjeros en situación irregular, y los instruyó a priorizar casos relacionados con pandillas y narcotráfico internacional.

También asignó al DOJ revisar cada caso en que la administración Biden se negó a solicitar la pena de muerte. Tras examinar cientos de expedientes, los fiscales solo presentaron una notificación de intención contra 15 acusados: 13 fueron rechazadas y tres siguen pendientes.

En abril, cuando Blanche asumió la fiscalía, Trump reiteró su compromiso con la pena capital y publicó el informe "Restaurar y fortalecer la pena de muerte federal", elaborado por la Oficina de Política Jurídica, donde detalla sus planes para aumentar las condenas a muerte y acelerar las ejecuciones.

(Con información de La Jornada)