Cubadebate

Ecuador vive una creciente deriva autoritaria bajo el gobierno del derechista Daniel Noboa. La relatora especial de la ONU consideró “muy preocupante” el retroceso democrático en el país sudamericano. Foto: EFE.

La relatora especial de la ONU sobre la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, advirtió que Ecuador se encuentra hoy en una “deriva autoritaria” y urgió a detener el deterioro del espacio cívico en el país sudamericano bajo la presidencia de Daniel Noboa.

En su cuenta de la red social X, Romero señaló que el Gobierno utiliza la Ley de Transparencia Social para “amedrentar” a organizaciones no gubernamentales críticas y alertó sobre una “preocupante persecución” a la Corte Constitucional, a la que identificó como un contrapeso institucional.

La denuncia de la relatora especial llega mientras la Contraloría General del Estado ejecuta auditorías a las cuentas de los nueve jueces constitucionales y la emisión de informes con indicios de responsabilidad penal sobre dos de ellos.

El presidente Daniel Noboa llegó a calificar el año pasado a los magistrados de la Corte Constitucional como “enemigos del Ecuador” por acoger demandas de inconstitucionalidad sobre leyes impulsadas por el su Gobierno.

“Ecuador sigue avanzando en la deriva autoritaria que hemos venido reportando y debe detenerse”, afirmó la experta de Naciones unidas, quien indicó que ha enviado comunicaciones formales al Ejecutivo junto a otros relatores. También denunció afectaciones a defensores de derechos humanos y líderes de pueblos indígenas y rurales.

“Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”, comentó Romero.

Noboa cuestionó recientemente a la ONU por sus informes sobre la situación en el país. “Creo que la ONU debería dejar de tener una inclinación ideológica y simplemente enfocarse en la vida, enfocarse en las personas”, afirmó el gobernante en una entrevista radial en la que defendió su política de seguridad en el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024 contra grupos criminales.

En marzo último, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) advirtió que Ecuador atraviesa una etapa de “deriva autoritaria” e indica que, tras dos años al frente del Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa ha dejado de centrar sus esfuerzos en desarrollar un proyecto político propio y se ha volcado en una estrategia dirigida a debilitar o neutralizar a sus adversarios.

Un informe del Celag, la coyuntura política actual del país se rige por una lógica “antiadversario”, en la que el Gobierno de Noboa procura frenar el surgimiento de nuevas opciones políticas o que no se consolide una oposición con capacidad electoral.

Según la institución, esta táctica no se basa en consolidar una identidad política fuerte, a la que el informe llama “noboísmo”, sino en enfrentamientos directos con figuras políticas, medios de comunicación e instituciones que puedan desafiar su autoridad o poner en duda la gestión del Ejecutivo.

El informe refirió que la gestión del gobernante, conocida por su sello autoritario, el uso de la fuerza y la militarización de la seguridad interior y la sociedad, también se ha estado marcada por tensiones con medios de comunicación, disputas con autoridades locales y conflictos dentro del sistema judicial.

En ese sentido, dedicó un apartado al control mediático, en el que señala que algunos grandes medios mantienen cercanía con el Gobierno gracias a la pauta publicitaria estatal, que implicaría millones de dólares en contratos de comunicación.

Bajo la presidencia de Noboa se ha reprimido manifestaciones contra las reformas laborales y económicas de su Gobierno, que permite, entre otros retrocesos, jornadas de trabajo de hasta 10 horas, y se ha acosado a líderes políticos y partidos de la oposición como Revolución Ciudadana. En el marco del estado de excepción, se ha militarizado la seguridad interior y erosionado las garantías ciudadanas.

Recientemente, sectores políticos y sociales han denunciado el adelanto de elecciones locales en el país, decidido por el Consejo Nacional Electoral, alegando que vulnera el principio de seguridad jurídica y los derechos de participación ciudadana.

(Con información de Prensa Latina y teleSUR)