Cubadebate

La implementación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178/2025) ha establecido en Cuba un sistema institucional orientado a salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la creación del Sistema de Protección Integral, según informa el periódico Granma.

Este nuevo marco normativo se alinea con el mandato de la Constitución de 2019 y el Código de las Familias de 2022, reconociendo a las nuevas generaciones como titulares plenos de derechos y estableciendo mecanismos para garantizar su ejercicio efectivo.

Uno de los principios fundamentales de este sistema es el reconocimiento de los infantes como personas en desarrollo que requieren una protección especial. Así, se establece una responsabilidad compartida entre familias, instituciones educativas y entidades estatales para garantizar entornos inclusivos y seguros, libres de violencia.

La estructura del sistema se organiza en siete subsistemas especializados: Educación, Salud, Protección contra la violencia, Cuidado alternativo, Protección social, Prevención e intervención temprana, y Justicia penal adolescente. Cada subsistema cuenta con funciones específicas para abordar las múltiples dimensiones de la vida infantil y juvenil.

En lo que respecta a la violencia, el sistema ofrece servicios de apoyo, asistencia jurídica y atención psicológica, además de protocolos obligatorios en instituciones para la detección, denuncia y seguimiento de casos de abuso.

El cuidado alternativo asegura el derecho de los menores a crecer en un entorno familiar, ofreciendo opciones como el acogimiento familiar o institucional, siendo este último un recurso excepcional y temporal, decidido por vía judicial.

La justicia penal dirigida a adolescentes se enfoca en aplicar medidas restaurativas y socioeducativas, evitando sanciones severas como la pena de muerte o la privación perpetua de libertad, y garantizando que los adolescentes no sean recluidos en centros destinados a adultos.

Las medidas de protección pueden ser de índole administrativa o judicial, abarcando desde el acompañamiento familiar hasta la separación del entorno, siempre como último recurso. Los menores tienen el derecho de ser escuchados, y se garantiza la participación de defensores y equipos técnicos en los procesos correspondientes.

La dirección nacional del sistema recae en la Comisión de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, liderada por un vice primer ministro e integrada por titulares de once ministerios. Esta comisión se reúne cada dos meses para aprobar directrices, evaluar proyectos legislativos y asegurar la participación activa de los menores en decisiones que les afectan.

A nivel provincial, las comisiones son encabezadas por los gobernadores, mientras que en el ámbito municipal se prioriza la identificación de riesgos y la recepción de quejas y denuncias, promoviendo un funcionamiento coordinado en todas las instancias.

Este sistema institucional representa un avance significativo en la protección integral de la infancia en Cuba, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación periódica para asegurar su efectividad.

(Tomado de ACN)