Cubadebate

Javier Milei junto a Isabel Díaz Ayuso. Foto: Gobierno de Argentina.

La secuencia de los últimos días —con derrotas parlamentarias, una cadena nacional con anuncios de mano dura y un nuevo informe sobre el mercado laboral— traza la imagen de un Ejecutivo con problemas crecientes para sostener su relato y su proyecto. Los datos oficiales y los actos políticos recientes muestran simultáneamente deterioro social y desgaste político, una combinación que complica la carrera electoral del oficialismo.

En el terreno económico y social, las cifras disponibles ponen de relieve un empeoramiento del mercado de trabajo desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sitúa en el primer trimestre de 2025 al 16,1 % de la población económicamente activa en la categoría de “ocupado demandante” —personas empleadas que, pese a ello, buscan otro trabajo—, mientras informes agrupados por analistas vinculados a sindicatos y centros de estudio contabilizan la pérdida de más de 183.000 puestos de trabajo en el mismo periodo. Al mismo tiempo se observa un retroceso del empleo formal y un aumento de ocupaciones informales y por cuenta propia, que dejaron a amplios segmentos en una situación de “estrés económico”.

El golpe sobre sectores sensibles es múltiple: las pensiones mínimas han perdido un tercio de su valor desde fines de 2023 según análisis publicados, y el recorte presupuestario afecta de manera severa a la comunidad científica, con viajeros del sistema de investigación público que ven reducidos sus ingresos en torno a un 40 % desde el inicio de la gestión. Ese deterioro obliga a personal cualificado a complementar ingresos fuera del sistema formal, lo que confirma la extensión de la precariedad más allá de los empleos tradicionales.

Apenas unos días antes, la Cámara de Diputados propinó al oficialismo una serie de derrotas que expusieron la fragilidad de sus mayorías. La Cámara aprobó iniciativas que refuerzan partidas para universidades públicas y declaró la emergencia en la asistencia pediátrica, además de rechazar varios decretos de necesidad y urgencia firmados por el Ejecutivo que proponían reformas en organismos clave. En esas votaciones amplias mayorías opositoras, incluyendo bloques con los que el Gobierno había negociado anteriormente, se alinearon en contra del plan oficialista, dejando al descubierto puentes legislativos que ya no funcionan con la misma solidez.

La reacción del Ejecutivo se encuadra en la lógica de confrontación: en un mensaje televisado, el presidente anunció el envío de un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal y anticipó medidas administrativas para impedir que el Tesoro financie gasto con emisión monetaria. La Casa Rosada ha vuelto a colocar el equilibrio fiscal como eje definitorio de sus decisiones y responde a las derrotas legislativas con vetos y medidas administrativas, una estrategia que, en el corto plazo, intenta contener el daño pero en el medio plazo profundiza el enfrentamiento con actores sociales y políticos.

En lo electoral y organizativo, la derrota parlamentaria tuvo efectos visibles: el Ejecutivo pospuso el relanzamiento de la campaña en la provincia de Buenos Aires y buscó recomponer su imagen con actos de campaña reconfigurados sobre la marcha. La necesidad de “nacionalizar” la contienda y de rehacer imágenes públicas refleja, según fuentes gubernamentales, la dificultad de traducir el discurso de rigor fiscal en adhesiones sociales estables.

El cruce entre deterioro socioeconómico y aislamiento político compone el principal desafío para la continuidad del proyecto presidencial. Con indicadores laborales que muestran mayor informalidad y pérdida de poder adquisitivo en pensiones y salarios públicos, y con un Congreso que ha demostrado capacidad de bloqueo y recomposición, la gestión enfrenta una doble urgencia: contener el malestar social y reconstruir canales de negociación política que hoy parecen erosionados. Si bien el Gobierno se sostiene en medidas de ajuste y en la narrativa del equilibrio fiscal, la acumulación de reveses parlamentarios y la evidencia tangible de pérdida de ingresos en amplios sectores apuntan a una ecuación política más compleja: los costos sociales y la pérdida de apoyos legislativos potencian riesgos electorales y limitan la capacidad del Ejecutivo para imponer su agenda sin mayor negociación. En ese vacío se abre un escenario incierto de cara a las elecciones legislativas, con la gobernabilidad y la cohesión social como las grandes interrogantes inmediatas.

(Tomado de Mundo Obrero)