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Un tribunal federal de apelaciones revocó una orden que exigía a Texas remover una barrera flotante en el río Bravo que provocó denuncias de México, en el capítulo más reciente de una batalla legal entre el presidente Joe Biden y el gobernador texano, el republicano Greg Abbott. Foto Afp / Archivo

Este miércoles un tribunal federal de apelaciones revocó una orden que exigía a Texas remover una barrera flotante en el río Bravo que provocó denuncias de México, en el capítulo más reciente de una batalla legal entre el presidente Joe Biden y el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, por el control de la frontera.

En diciembre, un panel dividido de la corte federal de apelaciones del quinto circuito dio la razón a un juez federal, quien había dicho que las boyas tenían que ser removidas. Ayer, otro tribunal anuló el fallo de dos contra uno.

Texas instaló las boyas a lo largo de la frontera con México, entre Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila.

La barrera flotante es uno de los puntos en la disputa entre el presidente Biden y Abbott. El gobierno federal también está abogando por el derecho de cortar el alambre de púas en la frontera.

En tanto, el procurador general del estado, Ken Paxton, indicó que Texas ignorará la exigencia del gobierno federal de dar acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza al río Bravo a través de un parque controlado por el estado en Eagle Pass, informó el diario The Dallas Morning News.

Paxton defendió en una carta la toma estatal de Shelby Park en Eagle Pass, al decir que los hechos y las leyes están del lado de Texas, y criticó las políticas migratorias de Biden.

Reprochó además al Departamento de Seguridad Nacional por culpar al estado de la muerte por ahogamiento de tres migrantes el fin de semana pasado, y escribió que a los agentes federales no se les negó el acceso al río Bravo durante el incidente. El estado seguirá utilizando su autoridad constitucional para defender su territorio, y yo seguiré defendiendo esos esfuerzos legales ante los tribunales, escribió Paxton a Jonathan E. Meyer, abogado general de Seguridad Nacional.

(Con información de La Jornada)

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