Cubadebate

Foto: Lluis Robayo / AFP.

La Corte Federal del Distrito de Massachusetts, EEUU, estableció plazos para la primera etapa del proceso judicial que enfrentará el Gobierno de México contra empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego de Estados Unidos.

Las autoridades aprobaron el calendario propuesto por los involucrados para el desarrollo de esta etapa, después de que México demandara a dichas compañías por su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas de fuego dentro de su país.

Los fabricantes tendrán hasta el 22 de noviembre para presentar su respuesta a la demanda mexicana; el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022; y posteriormente las empresas demandadas estarán obligadas a presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México donde asegura que por conducto de la Consultoría Jurídica, seguirá coordinando a las dependencias y entidades federales competentes para dar seguimiento a este importante litigio, y actuar oportuna y contundentemente en defensa de los intereses del Estado mexicano.

Acusadas de avivar la violencia

El pasado 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México decidió demandar a 10 empresas de armas. Las acusa de facilitar activamente el flujo de estos artefactos hacia poderosos cárteles de la droga y de alimentar su tráfico, pues el 70% de las armas rastreadas en dicho país, entre 2014 y 2018, provienen de EEUU.

Citaron como ejemplo tres armas fabricadas por la empresa Colt, una de ellas, una edición especial de una pistola calibre .38 grabada con el rostro de Emiliano Zapata acompañada de la frase: "Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado".

Las autoridades aseguran que este tipo de pistola fue utilizada por el integrante de un grupo vinculado al Cártel de Sinaloa para matar a la periodista mexicana Miroslava Breach, en 2017.

Esta es la primera vez en la historia que el gobierno de un país decide demandar a los fabricantes de armas en EEUU.

(Con información de Sputnik)

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