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El decreto del mandatario, el tercero de su tipo tras obstáculos judiciales de los primeros, también prohíbe la llegada a suelo norteamericano de funcionarios gubernamentales venezolanos y sus familiares, y de personas de la República Popular Democrática de Corea. Foto: Prensa Latina.

Un segundo juez federal estadounidense decidió suspender la prohibición de viajes del presidente Donald Trump que debía ponerse en vigor este miércoles para impedir indefinidamente la entrada de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad.

El decreto del mandatario, el tercero de su tipo tras obstáculos judiciales de los primeros, también prohíbe la llegada a suelo norteamericano de funcionarios gubernamentales venezolanos y sus familiares, y de personas de la República Popular Democrática de Corea.

Sin embargo, las dos últimas naciones no están incluidas en la decisión del juez Theodore Chuang, del estado de Maryland, por lo cual seguirán sujetas al veto.

En un fallo de 91 páginas, Chuang se concentró en los efectos dañinos para los seis primeros países mencionados y apuntó que la medida de Trump no logró demostrar que estaba desvinculada de cualquier discriminación religiosa.

La inclusión de Corea del Norte y Venezuela, que no son de mayoría musulmana, no mostró de forma convincente la falta de un propósito religioso por detrás del decreto, manifestó el letrado.

Ayer, el juez federal Derrick Watson, de Hawái, bloqueó el veto presidencial en respuesta a una demanda presentada por ese estado, una mezquita de la ciudad de Honolulu, un imán y dos residentes con familiares en los países afectados.

De acuerdo con Watson, la nueva proscripción, divulgada el 24 de septiembre último, 'claramente discrimina sobre la base de la nacionalidad'.

También, agregó, 'sufre los mismos problemas que su predecesora: carece de suficiente base para mantener que la entrada de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos'.

El tercer veto de Trump sustituía al proclamado en marzo y que entró en vigor parcialmente en junio con el fin de imposibilitar durante 120 y 90 días la entrada de refugiados y de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Sudán, respectivamente.

Para justificar el decreto, el jefe de la Casa Blanca apeló a motivos de seguridad, bajo el argumento de que esos países no cumplieron con demandas para cooperar con Washington en identificar y compartir información sobre posibles criminales o riesgos.

Después de conocerse la decisión adoptada en Hawái, la secretaria de prensa de la Presidencia, Sarah Sanders, tildó el fallo de 'peligrosamente defectuoso' y lo acusó de 'socavar los esfuerzos de Trump para mantener seguro al pueblo estadounidense'.

Por su parte, la titular interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que su departamento cumplirá con la sentencia, pero pronosticó que el Gobierno acabará imponiéndose en la batalla legal.

(Con información de Prensa Latina)