Cubadebate

29 de mayo de1934- Queda derogada la Enmienda Platt, apéndice impuesto por los Estados Unidos a la Constitución de Cuba en 1901, y que establecía su derecho a mantener la tutela sobre la república que nacería maniatada el 20 de mayo de 1902. Se mantiene vigente el artículo séptimo, referente a las posesiones norteamericanas en suelo cubano, dejándose la base naval de Guantánamo en posesión de los EEUU.

¿Cómo y por qué se derogó la Enmienda Platt sobre Cuba?

Tomado de Cubanow en español

El sistema de relaciones con Cuba creado por los Estados Unidos a partir de su intervención en 1898, se hallaba tres décadas después al borde de la quiebra. Entre 1929 y 1933 el valor del intercambio comercial entre ambos países se había reducido en un 75%, abatido por el proteccionismo con que Washington obstruía la importación del azúcar cubano y la caída de precios ocasionada por la crisis mundial.

En el plano político, el derecho de intervención instaurado por la Enmienda Platt ya no parecía sostenible de cara al futuro de las relaciones interamericanas, mientras que la república constituida bajo su égida desembocaba en la brutal dictadura de Gerardo Machado, enérgicamente combatida por la mayoría de la población. La sociedad cubana estaba urgida de cambios y estos afectarían necesariamente sus estrechos y variados nexos con los Estados Unidos.

La caótica situación de Cuba fue uno de los principales problemas que debió enfrentar Franklin D. Roosevelt al asumir la presidencia norteamericana en marzo de 1933. La política de la nueva administración, respondería a una evaluación de la crisis cubana que estuvo condicionada por diversos factores. En primer término, en ella dejaba sentir su peso la propia situación interna de los Estados Unidos, aquejados por una grave depresión bajo cuyo prisma serían apreciados los problemas económicos de Cuba y arbitradas sus soluciones. A esto debe añadirse que Roosevelt concedía un significativo papel al continente en su programa de recuperación y en la proyección internacional de los EE. UU y que, dada la naturaleza histórica de los vínculos cubano norteamericanos, la evolución de los acontecimientos en la isla tendría gran repercusión en América Latina.

Otra fuente tradicional de influencia en las determinaciones de Washington eran los grupos económicos norteamericanos relacionados con Cuba, entre los cuales se encontraban tanto los grandes consorcios que controlaban la industria azucarera y otros sectores de la economía insular, como las firmas que exportaban a la mayor de las Antillas y los propios azucareros estadounidenses competidores de Cuba. Nada desdeñable resultaba, por otra parte, el papel desempeñado por los actores del escenario político cubano, tanto los partidos oligárquicos como las nuevas organizaciones representativas del proletariado y la clase media. Por último, en este brevísimo recuento no pueden olvidarse ciertas condicionantes de carácter subjetivo representadas por los esquemas mentales, hábitos y estilo de trabajo desarrollados por la diplomacia estadounidense a lo largo de décadas de tratamiento de los asuntos cubanos.

Bajo la gravitación de tan nutrido conjunto de factores, las interpretaciones de Washington se caracterizaron, más que por la estrechez de su enfoque, por una limitada penetración en las raíces de los problemas. Así, la pavorosa situación económica y social de Cuba -el ingreso nacional había disminuido casi 50% en un quinquenio y un tercio de la fuerza de trabajo se hallaba desempleada-, se achacaba principalmente a la declinación de las ventas azucareras, de manera que las perspectivas de reanimación se confiaban principalmente al incremento de las exportaciones del dulce hacia Estados Unidos que habría de propiciar la política económica del New Deal, así como a la renovación del Tratado de Reciprocidad Comercial, esquema de intercambio preferente que el secretario de Estado Cordell Hull deseaba generalizar en Latinoamérica.

Las percepciones de la crisis política tampoco conseguían desentrañar los fundamentos de esta, ni captaban el alcance de las contradicciones sociales que la desencadenaran. La dictadura de Machado se apreciaba como un extravío del sistema político cubano y no como una evidencia de su descomposición, de ahí que la política de Washington se orientase hacia la sustitución del dictador por procedimientos institucionales, en la convicción de que una vez obtenido esto la vida política retornaría a la normalidad.

La solución revestía, sin embargo, un cariz bastante más complejo de lo que podía significar un simple recambio de equipo gubernamental. Ampliamente repudiada por el pueblo cubano, la Enmienda Platt tenía sus días contados; sobre todo si -como parecía sugerirlo- Estados Unidos aceptaba el principio de “no intervención” en la Conferencia Panamericana convocada para Montevideo, en diciembre de 1933, pues semejante compromiso le obligaría a derogar el instrumento que durante tres décadas había operado como garantía de su orden en Cuba. Por más que Washington pudiese arbitrar nuevos recursos de control, la supresión del derecho de intervención implicaría transferir a los gobernantes cubanos una mayor cuota de responsabilidad dentro del sistema de dominación vigente. Las autoridades norteamericanas no parecían haberse percatado plenamente de la trascendencia de dicho problema, quizás debido a las diversas interpretaciones de que era objeto el principio de “no intervención”, ahora tomado por Roosevelt como pilar de su política del “Buen Vecino”.

Entre los antintervencionistas podía apreciarse dos concepciones: una de ellas expresada por Benjamín Summer Welles, rechazaba la intervención militar directa, pero sostenía la necesidad de una suerte de injerencia preventiva para garantizar la estabilidad y preservar los intereses estadounidenses; otra posición –compartida por prominentes políticos demócratas como Cordell Hull y Josephus Daniels- propugnaba un antintervencionismo más radical, bajo el concepto de que al involucrarse los EE. UU. en la política de una país, podría verse compelido a intervenir militarmente.

Remodelación del sistema
La primera de estas interpretaciones fue la que prevaleció en el diseño de la política hacia Cuba. Las instrucciones entregadas a Welles al hacerse cargo de la embajada en La Habana en mayo de 1933 no dejan lugar a dudas, pues si bien advertían que las condiciones de Cuba no justificaban una intervención, consideraban que los Estados Unidos estaban obligados a encauzar los acontecimientos. El procedimiento adoptado, una mediación entre el gobierno de Machado y las organizaciones opositoras conducida por el propio Welles, constituye una buena muestra de la persistencia de los procedimientos proconsulares. El embajador no solo mangoneaba el arreglo, sino que su selección de los participantes en la negociación, operaba como una suerte de legitimación, determinando los grupos políticos compatibles con los intereses estadounidenses, a la vez que excluía a todas las fuerzas opuestas al injerencismo, como lo eran las organizaciones represent-tivas del proletariado y de ciertos sectores de las capas medias, cuya influencia fue abiertamente menospreciada.

Derrocado Machado por una huelga general el 12 de agosto de 1933, el embajador Welles consiguió que lo sustituyese un gobierno integrado por políticos “mediacionistas”, equipo débil y carente de respaldo popular, que sería derribado por una asonada militar, el 4 de septiembre de 1933.

Ese movimiento, respaldado por el Directorio Estudiantil Universitario y otras organizaciones contrarias a la mediación, representó para Welles una nueva y frustrante aberración en el curso natural de la política cubana. El gobierno provisional a que dio lugar distaba de estar compuesto “por los radicales más extremados de Cuba”, como los calificara el embajador. Presidida por un profesor universitario, Ramón Grau San Martín, la nueva administración representaba a un sector radicalizado de la clase media y, aunque en ella figuraba un revolucionario decidido como Antonio Guiteras, la tendencia predominante era el reformismo nacionalista. El nuevo bloque de poder lo completaban las clases y los alistados del Ejército Nacional protagonistas de la sublevación del 4 de septiembre -liderados por Fulgencio Batista-, quienes carecían de una definida motivación ideológica. En realidad, el grueso de las fuerzas revolucionarias, incluido el Partido Comunista, se ubicaba bastante más a la izquierda y en franca oposición al gobierno de Grau que, paradójicamente, presentaba en su ideología y objetivos numerosos puntos de contacto con la filosofía del New Deal rooseveltiano.

La agresiva oposición de la administración demócrata respecto a los nuevos gobernantes parece haber respondido a una evaluación desacertada. En ella puede haber influido la profunda contrariedad de Welles al malograrse su proyecto de transición política, aunque seguramente fue mucho mayor el peso de las presiones ejercidas por los inversionistas norteamericanos en la isla, dañados en sus intereses por algunas decisiones gubernamentales. Los lamentos de la oligarquía cubana, bruscamente desplazada del poder, también deben haber contribuido al extravío Pero había un factor decisivo, aunque difícilmente apreciable en la superficie del acontecer: las nuevas autoridades cubanas carecían de una integración orgánica en las estructuras de dependencia, lo cual introducía una intolerable incertidumbre respecto al compromiso de estas en la preservación del orden neocolonial.

Pese a la negativa de Washington a reconocer el “gobierno revolucionario”, el secretario Cordell Hull tuvo que vérselas con sus representantes –Ángel Alberto Giraudy y Herminio Portell Vilá- en la Conferencia de Montevideo. Estos evitaron la confrontación directa, pero se las ingeniaron para vincular las declaraciones antintervencionistas del canciller estadounidense con la situación cubana, y no solo dejaron sentado que la Enmienda Platt había sido impuesta en un “país que estaba intervenido por las bayonetas norteamericanas”, sino denunciaron que “la intervención comenzada en Cuba ha seguido hasta hoy.” La inclusión del principio de no intervención en la convención firmada en Montevideo fue una victoria cubana, como también lo fue que Hull se viese obligado a reiterar la voluntad de su gobierno para renegociar con Cuba el tratado que en 1903 había formalizado el tutelaje plattista.

Solo que el gobierno de Grau no sería la contraparte en esas negociaciones. Sometido a un permanente hostigamiento diplomático y económico por parte de EE. UU., este se tambaleaba en el poder, desgastado por las contradicciones internas y las insatisfacciones económicas de la población.

En el complicado curso de los acontecimientos, el embajador Welles fijó su atención en un actor cuyo papel no ponderara inicialmente: los militares encabezados por el ahora coronel Batista, quien había logrado reorganizar y controlar el ejército en medida suficiente hasta convertirlo en una fuerza decisiva para el cambio político. Pero ello requería la previa aceptación de ese mando de “baja extracción” representado por el mulato Batista por parte de los políticos de la oligarquía. El camino hacia la turbia alianza sería allanado por Welles y su sucesor, Jefferson Caffery, quienes consiguieron la concertación indispensable que condujo a la caída de Grau en enero de 1934.

Las antiguas agrupaciones “mediacionistas” retornadas al poder bajo la presidencia de Carlos Mendieta, recibieron un consistente apoyo de parte de las autoridades norteamericanas, expresa-do no solo con el inmediato reconocimiento diplomático, sino en la acelerada aplicación de las fórmulas ideadas por Washington para la reanimación económica y el replanteo de relaciones políticas.

Entre las primeras figuraba la concesión de una cuota a Cuba dentro de la ley que regulaba el abastecimiento del mercado azucarero de Estados Unidos; la proporción del consumo asignada resultaba muy inferior a la participación tradicional del dulce cubano, pero aseguraba un nivel de ventas capaz de estabilizar la economía insular. Como complemento, un nuevo tratado de Reciprocidad Comercial aseguraría un margen adicional de beneficio para la exportación azucarera mediante mecanismos arancelarios, a cambio de que el mercado cubano se abriese todavía más a los productos estadounidenses. El plato fuerte entre la “concesiones” políticas fue la derogación de la Enmienda Platt, llevada a cabo mediante la firma de un nuevo Tratado de Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos el 29 de mayo de 1934. En el acuerdo concertado desaparecían los primeros tres artículos del viejo tratado, en los cuales se materializaba el sentido intervencionista de la Enmienda Platt. Sin embargo, se mantenía y actualizaba el antiguo artículo VII –ahora con-vertido en III-, mediante el cual se convalidaba la existencia de la Base Naval de Guantánamo.

La reiterada imposición, ahora por parte de la administración Roosevelt, hacia evidente que la derogación de la Enmienda, pese a toda su trascendencia, no representaba un acto de reparación histórica, sino una modificación en las bases de la hegemonía norteamericana.

El modelo de dominación sólo se había reajustado. La renuncia al derecho de intervención, cuyo ejercicio ya ocasionaba a EE. UU. más perjuicios que ventajas, eliminaba un factor que exaspe-raba al nacionalismo cubano y contribuiría a tranquilizar el convulso panorama político. La cuota azucarera devendría condición funcional de la economía cubana y actuaría como importante res-guardo para la dependencia. Mediante la administración del régimen de cuotas el gobierno de Washington podría determinar en lo sucesivo la prosperidad o la penuria para la sociedad insular.

Con la experiencia revolucionaria de 1933 se puso de manifiesto que la estabilidad política no podía confiarse ya a una oligarquía que, no obstante su poder económico, había perdido ostensiblemente la capacidad de liderazgo. El funcionamiento armonioso del sistema exigía abrir espacios a las fuerzas populares, aunque conteniendo su potencial explosivo. Como garantía para sofrenarlas, Estados Unidos anudaría una relación directa e inusitada con el ejército cubano, institución que había desempeñado un papel secundario en las definiciones originales del modelo de dominación, pero que ahora, dadas las circunstancias, se convertía en garante de la subordinación del estado cubano.