Cubadebate

José Couso, camarógrafo y reportero español asesinado en Bagdad por el ejército de los Estados Unidos. Foto de archivo

Javier Couso, hermano de un camarógrafo español que murió en Bagdad en 2003 por los disparos de un tanque del Ejército estadounidense, cree que los documentos divulgados por Wikileaks confirman la existencia de indicios de delitos graves, incluso de encubrimiento.

No obstante, Couso, que acusa al Gobierno de España de conspirar y de mentir a su familia, dijo hoy a Efe que sus abogados analizan el contenido de las filtraciones, publicadas en España por el diario "El País", para decidir si emprenden acciones legales.

José Couso, camarógrafo del canal privado de televisión Tele 5, murió el 8 de abril de 2003 en Bagdad, víctima del disparo de un tanque de Estados Unidos contra el hotel donde se alojaban los periodistas extranjeros que cubrían el conflicto de Irak.

Según algunos documentos conocidos en las últimas horas, varios ministros españoles "trabajaron" para que no prosperasen las órdenes de detención internacional contra los tres soldados involucrados en el caso abierto por la muerte de Couso, y así se asegura en un telegrama remitido en 2005 por el ex embajador de EEUU Eduardo Aguirre a su Gobierno.

El hermano del camarógrafo otorga veracidad a estos documentos, ya que asegura que las fechas coinciden con las decisiones que después adoptó la Fiscalía, que se opuso a las órdenes de detención de los militares de Estados Unidos y recurrió su procesamiento.

En su opinión, la actuación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha sido impresentable y deberían "dimitir inmediatamente".

"Nosotros teníamos constancia de que había presiones por parte de EEUU pero no pensábamos que la colaboración del Gobierno y de la Fiscalía fuera tan brutal", dijo Javier Couso, quien cree que en la colaboración del Ejecutivo y la Fiscalía de España con EEUU podemos estar ante indicios de delitos graves.

Javier Couso no puede entender como el Gobierno español "es capaz de conspirar para que no se investigue lo que le está pasando a un ciudadano y, además, mintiendo a la familia".

El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz había ordenado en su momento la busca, captura e ingreso en prisión de los militares estadounidenses Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson, presuntamente implicados en la muerte de José Couso.

(Con información de EFE)