Cubadebate

Estados Unidos ha expulsado a un número récord de inmigrantes en el último año fiscal que concluyó en septiembre pasado: 393.000 personas, la mitad de ellos con antecedentes criminales. A falta de conseguir la aprobación de una reforma migratoria, el Gobierno de Barack Obama muestra que, por ahora, su política con los indocumentados es aplicar las leyes con firmeza.

La diferencia no reside tanto en las cifras globales (en el periodo anterior EEUU expulsó a 387.000 ilegales) sino en el hecho de que las expulsiones se han centrado mucho más en las actividades delictivas. Las autoridades detuvieron a un 70% más de sin papeles por este motivo. La mayor parte, 45.000, era traficante de drogas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas, John Morton, hicieron el anuncio durante una rueda de prensa, en la que destacaron los logros de la Administración de Obama en los últimos 20 meses.

Según Napolitano, el enfoque actual ha dado "resultados históricos" porque el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la aplicación "inteligente" y "eficaz" de las medidas policiales para combatir la inmigración clandestina, en particular la deportación de criminales que "suponen una amenaza para la seguridad pública".

Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional también ha ampliado el controvertido programa de Comunidades Seguras, que utiliza información biométrica y otras medidas para expulsar a extranjeros en cárceles estatales y locales. El programa, criticado por grupos humanitarios y defensores de los inmigrantes, ahora se aplica en más de 600 jurisdicciones, incluyendo todas las del suroeste de EEUU, en comparación con las apenas 14 con las que comenzó en 2008. La meta del DHS es ampliar Comunidades Seguras a todas las jurisdicciones policiales para 2013. Se calcula que en EEUU viven entre 11 y 12 millones de inmigrantes sin papeles, más o menos la misma cifra que en toda la Unión Europea.

Una reforma aparcada

Durante su campaña electoral, Obama prometió una amplia reforma migratoria, tema que su predecesor, George Bush, no consiguió cerrar pese a intentarlo en dos ocasiones, en 2006 y 2007. Pero el presidente estadounidense ha aparcado este asunto de momento. Tratar la inmigración antes de las elecciones legislativas en noviembre es muy arriesgado. La iniciativa no ha podido avanzar en el Congreso, donde la oposición republicana reclama una mayor seguridad fronteriza. Napolitano afirmó que el Gobierno ha hecho "todos los esfuerzos para hacer segura la frontera" del suroeste.

Los demócratas tampoco han conseguido aprobar el Dream Act, propuesto por el senador de Nevada y líder de la mayoría, Harry Reid, hace unas semanas y que finalmente no consiguió la aprobación del Congreso. La ley permitía facilitar el proceso de legalización a los indocumentados que hubieran realizado estudios secundarios o se hubieran alistado en el ejército.

La preocupación por la inmigración ilegal, especialmente en tiempos de crisis cuando escasea el empleo, ha endurecido las políticas de los estados hacia los sin papeles. El caso más notorio ha sido el de Arizona, que intentó imponer una ley que diera a las autoridades locales el poder de arrestar a los clandestinos. Los artículos más polémicos de la ley fueron suspendidos en el último momento.

(Con información de Público, España)