Cubadebate

Foto: Pastor Batista Valdés

Bajo la conducción del Partido, se realizó recientemente un proceso de comprobación a las relaciones contractuales entre las entidades estatales y las formas de gestión no estatal.

De acuerdo con el informe conclusivo, se trabajó en 2 688 centros, de los cuales 1 496 pertenecen al sistema empresarial y 872 al presupuestado. Se visitaron, además, Proyectos de Desarrollo Local (PDL) y mipymes.

Estructura de trabajo realizado

Se crearon 1 071 equipos y participaron 3 897 cuadros y funcionarios del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Organizaciones de Masas, del Gobierno, los consejos de administración municipales y de las asambleas municipales del Poder Popular, miembros de los comités provinciales y municipales del Partido y de sus comisiones económicas, juristas, economistas, contralores y auditores, junto a estudiantes universitarios y profesores, entre otros.

¿Qué fue evaluado o revisado?

Los grupos de trabajo comprobaron el funcionamiento de los órganos colegiados por parte de la máxima dirección de cada  entidad, evaluaron la conformación del expediente legal, que contiene toda la documentación jurídica básica, analizaron los procedimientos implementados para la actividad de la contratación económica, revisaron las actas, pliegos de concurrencia, registros y protocolos de contratos, dictámenes legales y los contratos con formas de gestión no estatal vigentes, los pagos efectuados y servicios recibidos, entre otros aspectos.

Durante las visitas se realizaron entrevistas y encuentros con trabajadores y personal directo e indirecto con la actividad de la contratación económica.

 Resultados obtenidos…

Derivado del proceso de comprobación, se reportaron 3 172 incidencias relacionadas con deficiencias y violaciones en la contratación, los sistemas de pagos, en la adquisición y entrega de mercancías, así como en el proceso de arrendamiento.

La mayor cantidad fue detectada en las unidades de aseguramiento y apoyo de los cam, en las entidades de Salud, Educación, Inder y Cultura del sector presupuestado.

En el caso del sector empresarial, las mayores deficiencias estuvieron en entidades de Comercio, la Agricultura y el Transporte.

Han sido aplicadas 1 145 medidas disciplinarias, de las cuales 487 son de carácter administrativo y 658 políticas.

Por la gravedad de los asuntos detectados, se realizaron denuncias por delitos de malversación, abuso en el ejercicio del cargo y desvio de recursos. De igual manera, se decidió profundizar con otras acciones de control por órganos especializados de la Fiscalía, Contraloría o de inspección administrativa superior en un grupo de entidades, correspondientes a las provincias de Mayabeque, La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.

 ¿Cuáles son las incidencias que más se repiten?

De acuerdo con el resumen, en el proceso de contratación existen entidades en las cuales no está constituido el comité de contratación; en otros casos existe el comité, pero no funciona. De igual forma en las actas de los comités de contratación y financiero se muestran que los análisis que se realizan por sus miembros carecen de objetividad y profundidad.

Se detectaron contratos con dictámenes jurídicos elaborados meses después de ser firmados, otros aprobados sin análisis previo en el comité de contratación, y algunos en los que se esconde o enmascara la naturaleza del concepto de la prestación del servicio.

Asimismo, se profundizó en las relaciones de familiaridad entre prestadores de servicios no estatales con cuadros que deciden en la aprobación de las entidades estatales de contratos y servicios.

En cuanto a los sistemas de pago, no se exige al prestador del servicio la presentación de la ficha de costo, ni se realiza el análisis que permita comprobar la base del cálculo de los precios y que estos no excedan el límite de utilidad ni sean abusivos.

Se incluyen gastos excesivos en las fichas de costo por parte de los prestadores y pagos exagerados a formas no estatales, evidenciándose debilidades en el proceso de negociación.

Se efectúan pagos sin contrato previo y en algunos casos por trabajos que no se ejecutaron, otros tuvieron problemas de calidad, o están pendientes de terminación, que impiden el funcionamiento de las entidades y, en muchos casos, no hay reclamación o demandas.

En relación con la compra y entrega de mercancías, las principales incidencias estuvieron dadas porque en determinados centros no se pudo comprobar el destino de los recursos adquiridos y, en otros, se compran y distribuyen recursos sin que medien procesos de recepción y entrada a almacén.

Sobre el proceso de arrendamiento, no constan los documentos y contratos para ello en determinadas entidades estatales, no se cumple con el proceso de licitación para la entrega de los locales y espacios, y no se incluye en el contrato de arrendamiento el pago de servicios de agua y electricidad de los espacios y los locales, asumiendo las entidades estatales el pago de esos servicios.

De los sistemas de dirección y control administrativo y análisis político, se concluyó que falta profundidad en los análisis que realizan los consejos de dirección sobre la contratación, su ejecución y control.

No se incorpora en los planes de reducción de riesgo la revisión de los procedimientos de la contratación con las formas de gestión no estatal, y existe un insuficiente papel del asesoramiento jurídico.

De igual forma, las administraciones no promueven el uso de métodos colegiados de análisis y decisiones de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, y se constató el poco uso de la rendición de cuentas de la administración ante la masa de trabajadores.

Al término de la comprobación, se realizaron análisis en las diferentes estructuras del Partido, el Gobierno y las administraciones, en interés de erradicar las causas y condiciones que provocan estas deficiencias y violaciones graves, fortalecer los mecanismos de control interno y popular  hacia  los recursos materiales y financieros, así como exigir mayor responsabilidad  de cuadros y funcionarios públicos en su actuar diario y en el cumplimiento de las regulaciones establecidas en las relaciones con los diferentes actores económicos.

Este proceso es consecuente con lo acordado en el 8vo. Congreso del Partido, referido a fortalecer su papel, participación, apoyo y control en las acciones de prevención y enfrentamiento a todos los fenómenos y manifestaciones que constituyan una  amenaza para la seguridad nacional, incluyendo la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, con la utilización más efectiva y sistemática de las vías y mecanismos partidistas, exigiendo la responsabilidad del gobierno, las administraciones las organizaciones de base y sus militantes.

(Tomado de Granma)