Cubadebate

Editorial

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, expuso ayer en La Habana, en una prolongada conferencia de prensa que mantuvo en vilo a la opinión pública de ambos países, la percepción, el sentir y las razones del gobierno cubano ante la crisis diplomática con su similar de México. Fue una exposición sólida, apasionada, contundente y, al mismo tiempo, diplomática.

Salvo por el duro discurso de Fidel Castro del primero de mayo, las acciones y posiciones de Cuba ante México quedaron plenamente esclarecidas, justificadas y razonadas. El gobierno de la isla dio así satisfacción a las inquietudes sobre su papel en la crisis de los videoescándalos, demostró un desempeño bilateral apegado a las normas legales y diplomáticas y exhibió la torpeza, la inexperiencia y la improvisación que imperan en la conducción de la diplomacia mexicana. Al mismo tiempo, Pérez Roque ha dado a las autoridades mexicanas un amplio margen para la recomposición de las relaciones bilaterales.

A menos que contaran con información y documentación espectaculares e inesperadas que contradijeran de manera rotunda lo dicho por el canciller cubano, los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Santiago Creel Miranda y Luis Ernesto Derbez, tendrían que ofrecer hoy, en su anunciada conferencia de prensa conjunta, un perfil bajo, una actitud modesta y una genuina disposición a dar marcha atrás a las medidas anunciadas por ellos que pusieron  la relación bilateral al borde de la ruptura.

Los funcionarios nacionales tendrían que valorar, además, la habilidad y la prudencia con que el canciller cubano, al tiempo que presentaba una prueba fehaciente de la implicación de funcionarios y políticos involucrados en el complot de los videos de Carlos Ahumada, eludió proporcionar a la prensa nombres y detalles al respecto. Si esa información hubiese sido dada a conocer la tarde de ayer en La Habana, hoy México habría podido amanecer sumido en una crisis política de consecuencias tal vez catastróficas, y debe reconocerse la responsabilidad y la mesura con que el gobierno cubano contribuyó a descartar semejante escenario.

Toca al gobierno del presidente Vicente Fox, en suma, dar los próximos pasos para revertir el deterioro de los vínculos con Cuba. La lección de diplomacia ofrecida ayer por el gobierno de Castro crea un ámbito favorable para ello. Es urgente el retorno de los respectivos embajadores a sus puestos.

La consecución de esa perspectiva deseable, por otra parte, no exime a las autoridades federales mexicanas de retomar, en lo interno, un rumbo de legalidad, honestidad y transparencia, y admitir y asumir, de una vez por todas, su plena responsabilidad en la conjura de los videoescándalos.

El grupo gobernante debe revelar con su propia voz su grado de participación en el complot, así como los nombres de quienes, desde evidentes posiciones de poder político, ofrecieron a Ahumada protección jurídica a cambio de sus grabaciones e indujeron la difusión televisiva de éstas. El gobierno debe dar a conocer, asimismo, los videos que obraban en poder de Ahumada Kurtz cuando éste fue devuelto a México.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que abandonar su sistemático hostigamiento contra las autoridades capitalinas y sus sospechosos e impresentables servicios de protección y asesoría al empresario corruptor. Tales servicios vulneran las leyes nacionales, evidencian el desaseo gubernamental en sus reacciones defensivas y desesperadas ante el caso, desvirtúan el sentido de las instituciones -ahora resulta que la PGR se ha vuelto una suerte de comisión de defensa los derechos humanos de Caros Ahumada- y generan obstáculos adicionales, y completamente absurdos, a la deseable recomposición de las relaciones con Cuba.