Cubadebate

Los casos de corrupción en el ámbito gubernamental puertorriqueño se han incrementado a pesar de que se han profundizado los mecanismos de investigación, trascendió hoy como resultado de la Cuarta Cumbre Anticorrupción.

La jueza presidenta del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, Aida Delgado, reconoció que en 2010 los casos de delitos de cuello blanco alcanzaban el 11 por ciento, mientras que en 2012 se incrementaron a 25,5 por ciento.

Esto, a pesar de la rigurosidad de las penas que conllevan y la vergüenza pública a que se exponen funcionarios que en muchos casos llevan más de 15 años de desempeño en el gobierno, con un historial supuestamente intachable.

La jueza federal Delgado explicó que de los mil 925 casos atendidos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, 480 eran por actos de corrupción gubernamental.

Algunos de los condenados es por recibir cantidades insignificantes de dinero, tomando en cuenta las implicaciones, para agilizar el pago de deudas a contratistas.

El asunto, sin embargo, no se queda ahí, ya que además de la extorsión es común la utilización de fondos o equipos del gobierno para beneficio particular.

Muchas veces los empleados gubernamentales se llevan el papel, libretas o los lápices sin tomar en cuenta que con esto no sólo cometen un delito, sino que puede conllevar el despido de su trabajo por apropiación de bienes públicos.

La directora de la Oficina del Contralor del Estado, Yesmín Valdivieso, explicó que los crímenes de cuello blanco, como se les conoce, incluyen la extorsión y el uso de fondos públicos o equipos del gobierno para beneficio del funcionario o de terceros.

En un informe que hará público próximamente, explicó, se ha evidenciado que ciertos empleados públicos utilizan fondos públicos para pagar sus facturas personales de teléfonos celulares, agua, luz y hasta hipotecas de sus inmuebles.

Valdivieso indicó que el informe arrojó que en 162 ocasiones se encontraron personas robando dinero desde las corporaciones públicas y municipios porque, de alguna manera, tuvieron acceso a algún código.

El ministro puertorriqueño de Justicia, Luis Sánchez Betances, reconoció que a pesar de la existencia de más leyes y reglamentos, no ha sido posible frenar la corrupción en el ámbito público.

Sánchez Betances propuso implantar mecanismos para educar a los individuos de manera que se cree un convencimiento ético y moral de las implicaciones de los delitos de corrupción.

(Con información de Prensa Latina)